La sanción de la ley que despenalizó y legalizó el aborto representó un avance histórico en el reconocimiento de los derechos de mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina. A cuatro años de su aprobación, los datos demuestran su impacto positivo: entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, lo que contribuyó a una reducción del 53% en las muertes por aborto entre 2020 y 2022. A pesar de ello, desde la asunción de Milei se han venido desmantelando las políticas de salud sexual y reproductiva.
Desde su llegada, se ha paralizado la compra de misoprostol y mifepristona –medicamentos esenciales para garantizar el acceso al aborto seguro– y las provincias ya reportan faltante de stock, incluso de métodos anticonceptivos. La falta de estos insumos no solo pone en riesgo la salud de las mujeres, sino que profundiza las desigualdades entre provincias, haciendo que el acceso al aborto y a la planificación familiar quede condicionado al lugar de residencia de cada persona, reforzando brechas sociales que eran importantes antes de su llegada al poder y hoy se intensifican.
El desmantelamiento se enmarca en un acelerado proceso de incumplimiento de las obligaciones del Estado nacional, que abandona a las mujeres, renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y de garante de un piso mínimo de acceso a derechos en todo el país.
Este retroceso no es casual ni aislado. En todo el mundo, los derechos sexuales y reproductivos están bajo ataque. Las narrativas regresivas que buscan restringirlos se imponen en el discurso público, promovidas por sectores que no dudan en recurrir a la desinformación para justificar el avasallamiento de estos derechos conquistados. En Argentina, el Presidente ha calificado el aborto como un “asesinato agravado por el vínculo”, desinformando en torno al marco normativo vigente y fomentando el estigma en torno a la práctica. El impacto de sus falsos dichos atemoriza tanto a quienes buscan acceder al aborto conforme lo establece la norma como a los médicos que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, la garantizan. En este contexto, el acceso a información clara y veraz se vuelve aún más crucial.
Desde Amnistía Internacional hemos advertido que no es posible ejercer un derecho que se desconoce. En el último año, la cantidad de consultas a través del formulario que tenemos para recibir denuncias por obstáculos en el acceso al aborto aumentó un 275% en comparación con 2023. Además, gracias a esta herramienta hemos podido tomar conocimiento de prácticas ilegales existentes como el consultorio de Maternidades Vulneradas, cuya función es obstaculizar el acceso a la práctica.
A este escenario se suma la paralización de políticas claves como el Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que logró reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 49%; la falta de métodos anticonceptivos; los ataques a la Educación Sexual Integral y los recortes presupuestarios que impactan en el Plan 1.000 Días, destinado a acompañar a mujeres que deciden avanzar con su embarazo. Este gobierno no solo trata de impedir el aborto sino que tampoco acompaña a las mujeres que quieren continuar con su embarazo.
La conmemoración del 8 de marzo (#8M) es un poderoso recordatorio de la histórica lucha de los feminismos por ejercer los derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación. Esta fecha, cargada de significado, nos convoca a reflexionar sobre los desafíos aún presentes, a correr el velo de la desinformación y a exigir a las autoridades la implementación efectiva de políticas públicas que aseguren el acceso sin trabas a servicios de salud de calidad y a la información necesaria para la toma de decisiones libres y conscientes.
*Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
