Argentina de pie: ahora sí

Hay medidas. Hay decisión política en el Gobierno. Hay reacciones en la oposición. Hay grieta. Argentina se pone de pie en el capítulo II de la pandemia que nunca acaba.

A un mes del anuncio del paquete de sesenta medidas con el que oficialismo apuesta a reactivar la economía doméstica, son pocos los detalles conocidos. En dos etapas, ya se presentaron planes de saneamiento, rutas y más obra pública por más de 40 mil millones de pesos para Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa, Salta, Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz y San Juan.

Esas provincias aparentan haber controlado la situación epidemiológica, a excepción de Buenos Aires y San Juan, que volvió a fase 1 hasta los primeros días de septiembre. Con cierto enojo y críticas al “no apego a las normas”, el gobernador Uñac decretó el regreso a la mínima circulación de personas en todo el territorio provincial.

En redes sociales comenzaron a circular las imágenes del exceso y el autoritarismo en la aplicación de las restricciones: el Sindicato Médico provincial -en pie de guerra contra el Gobierno- compartió en su cuenta de Facebook una de las fajas de papel con las que cierran las puertas de las personas en aislamiento. En Caucete, los vecinos filman cómo reciben el pack de higiene en la puerta de sus casas. Un día en Wuhan pero filmado por el INCAA.

También hay promesas de turismo interno para el verano 2021. Mientras algunas provincias intentan reabrir los circuitos locales, la Costa Atlántica defiende sus protocolos sanitarios para la temporada-COVID. Los primeros, Pinamar y Mar del Plata. Detrás de ellos, y con reservas, Villa Gesell. El municipio costero apuesta a las consignas de distancia e higiene conocidas ya por todos pero también al rol de las autoridades para hacerlas cumplir.

Es posible que esté allí el gran problema: en el lugar donde hace sólo siete meses mataron a golpes a un adolescente en cuestión de minutos, sin policías que atinaran a reaccionar a tiempo, resulta imposible pensar en un control estricto para estar a salvo de las manadas y del virus.

Fuerzas descontroladas

Los mismos órganos que participan de la concientización de la población en plena pandemia, y que tienen responsabilidad directa sobre el plano punitivo de cualquier infracción al aislamiento, se han convertido en bestias sin freno. Al menos 18 personas fueron asesinadas por la Policía durante la cuarentena innombrable: baleados por la espalda, ahorcados, asfixiados, torturados.

Hace unos pocos años, los presidentes y ministros de Defensa y Seguridad destacaban la formación de las fuerzas dentro de los valores democráticos. A 37 años del fin de la última dictadura, y con un palmo extra de poder, afloran los oficiales que, entre asegurar los derechos esenciales de una persona y gozar con la tortura previa a la muerte, eligen la segunda opción con ejecuciones sumarias que se van acumulando en los registros oficiales.

Y los que no llegan hasta ahí, se aferran al poder simbólico de la burocracia. Cumpliendo el protocolo, refrenan un último gesto de humanidad posible e impiden que un hombre abrace por fin a su hija, que lo espera en los últimos minutos de vida que le quedan. Cumplen las normas del papel, mientras la realidad se les escapa por sus cuatro costados.

Sus jefes dan explicaciones contrapuestas sobre tales “excesos”. El más complicado de todos -por la cantidad de casos registrados en el área a su cargo- juega a ser el Rambo del Estado. Le dura el fastidio del baño de humildad ordenado en las internas de 2015 y se prepara para las elecciones de 2023. El ala progre lo perdona: al fin y al cabo, es soldado de Ella y cubre el cupo disonante en la amplia coalición del Frente de Todos. De momento, no les parece urgente llamarlo a la razón. O no logran hacerlo.

Prioridades.

La pandemia cambió los planes del gobierno hasta en el modo en que se dispone a ejercer poder: perdido el miedo, la capacidad de influencia en la opinión pública y en el diálogo con la oposición marca una limitación demasiado temprana si pensamos en todo lo que falta por discutir. La urgencia de intervenir Vicentin se frenó con dos banderazos y la cachetada al gasto público que representaría la absorción de una deuda monumental.

El plan de YPF Agro y la soberanía alimentaria quedaron en un segundo plano. En silencio, el poco activo secretario de Energía Sergio Lanziani renuncia y es reemplazado por el diputado Darío Martínez, que llega con la bendición de Cristina y el ministro de Economía, Martín Guzmán, su nuevo jefe. Casi nadie analiza cuánto pierde el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al resignar el área de Energía, que se incorpora al organigrama de Guzmán. Mientras tanto, “la decisión de cuidarnos (en la cuarentena innombrable) ya no depende de un Presidente o Gobernador” pero vuelven los retenes en la calle.

El feminismo partidario celebra la transversalización de las políticas de género pero asiente manso al escuchar que la promesa de “Alberto Presidenta” de legalizar el aborto fue pospuesta para no generar más divisiones en este caos sin virtud. El poco consenso se diluye ante la reforma judicial, que se discute con el facón entre los dientes, alternando entre la opinión de notables no vinculantes y la enmienda K que abroquela a la oposición contra todo aquello que las encuestas denostaban en 2019.

Un proyecto ideológicamente adecuado para sanear el Poder Judicial pero con grises que alimentan la impunidad al gobierno de turno, fantasma que hoy recorre la pantalla de “la corpo”, que hasta hace poco diferenciaba amistosamente a Alberto de Cristina. La misma que tomó con sorpresa el decreto presidencial de declarar como servicios básicos la telefonía celular, fija, los servicios de internet y TV paga, y regular sus tarifas, algo que ni siquiera vieron venir las empresas de internet (a las que les prometieron que esto no iba a pasar).

Unos tan en lo urgente, pocos tan en lo importante. Buen momento para pretender ponerse de pie.