La reforma laboral impulsada por la gestión de Javier Milei comenzó a polarizar las posturas de los representantes correntinos en el Congreso. Con la mira puesta en el reinicio de la actividad legislativa el próximo 2 de febrero, el oficialismo nacional intensificó las negociaciones con las provincias para garantizar el tratamiento en el Senado apenas diez días después.
En este contexto, al ministro del Interior, Diego Santilli, lo esperan en Corrientes la próxima semana tras su paso por Chaco y Salta. El objetivo es alinear el apoyo de los mandatarios regionales a una normativa que promete cambiar las reglas de juego del empleo en Argentina.
La postura de la UCR: modernización con cautela fiscal
El diputado nacional Diógenes González, alineado a la conducción de los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés, manifestó una opinión favorable en términos generales.
Para el legislador radical, es imperativo actualizar un régimen laboral que data de 1974 para adaptarlo a la "irrupción de la tecnología" y combatir la informalidad.
"Más del 40% de la fuerza laboral en Argentina está fuera del sistema", advirtió González a radio Continental. Sin embargo, aclaró que la prioridad para el bloque será monitorear el impacto fiscal. "Vamos a seguir con mucha atención la probable caída de la recaudación de las provincias. Es un tema central para Corrientes que la reforma no implique pérdida de recursos genuinos".
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El PJ alerta por la quita de derechos
Desde la vereda opuesta, el diputado Christian Zulli, representante del peronismo correntino, rechazó de plano la iniciativa. Según el legislador, el proyecto vulnera el principio de protección del trabajador: “El proyecto parte de una falsa igualdad entre empleador y trabajador. Por eso es necesario que el Estado y las leyes equilibren esa relación”, sostuvo en declaraciones radiales.
Zulli criticó herramientas propuestas como el Banco de Horas y el nuevo fondo de cese laboral (fondo de despido), asegurando que estas medidas favorecen a las grandes corporaciones sin distinguir la realidad de las Pymes.
Además, alertó que los cambios propuestos podrían profundizar la informalidad en lugar de generar empleo genuino, beneficiando "solo a unos pocos".