El legislador chaqueño, Víctor Zimmermann, criticó la falta de diálogo y coordinación que hubo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en la gestión del presupuesto: “No tenemos un sendero hacia dónde fijar las prioridades”. A la vez, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), destacó que su bloque “siempre fue una oposición propositiva”, y explicó que, a pesar de intentos de modificar el proyecto de la reforma jubilatoria para reducir su impacto fiscal, las propuestas fueron desestimadas.
Víctor Zimmerman es senador nacional de la provincia del Chaco por la Unión Cívica Radical.
Alejandro Gomel (AG): Ayer en el Senado se le dio la sanción definitiva a la nueva ley de movilidad jubilatoria. Posteriormente, el anuncio del presidente Javier Milei diciendo que va a va a vetar la ley aprobada por el Congreso Nacional. ¿Cómo ve esta decisión?
Quisiera hacer primero una pequeña reflexión de lo que tratamos ayer. Nosotros tuvimos un debate muy rico en la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Presupuestos de Hacienda con invitados, con el equipo económico, con el director ejecutivo de la ANSES y demás funcionarios. En mi caso personal, yo le pregunté si ellos convalidaban el documento de la OPC que calcula el costo fiscal del proyecto en cuestión, de la media sanción de Diputados que sacamos ayer, y me dijeron que sí, que estaban de acuerdo.
Yo quería preguntar públicamente porque ahí hay números y en el informe dice que el trabajo se hizo en forma conjunta entre la OPC, Información del Ministerio de Economía y de la ANSES. ¿Por qué digo esto? Porque ese trabajo analiza punto por punto el costo fiscal del proyecto en la media sanción de Diputados.
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Voy a hacer una breve descripción. Artículo 1, que da la movilidad, no tiene costo fiscal. El artículo 2, que es ese agregado por productividad que quieren hacerlo a los haberes previsionales, porque obviamente perdieron ante la inflación, entonces la manera de recuperar hacia adelante es que si el salario crece por encima del IPC, se empieza a recuperar el poder adquisitivo de los jubilados.
En el ejercicio que hace ese documento en el año 2023-2024, no tiene costo fiscal y establece dos mecanismos de cálculo. Recién tendría el costo fiscal para el año 2025 que se calcula en marzo del 2026. Por otro lado, el tema del 8,1% que, con el cambio de fórmula, no se calculó bien, con la inflación del mes de enero. Bueno, el equipo económico está de acuerdo en que el mes de abril sea a partir de unos meses más adelante, no había objeción. Y el artículo 4, que establece un haber previsional mínimo de la canasta básica más el 9%, decían que tenía un costo fiscal importante. ¿Por qué cuento estas cosas? Porque cuando a mí me tocó hacer la propuesta en particular, yo quise modificar el artículo 2, en vez que sea el 50% de costo fiscal en el año 2026, sea el 25% y sacar el artículo 4, porque también nos interesa cuidar la caja, pero no nos lo aceptaron.
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¿Y por qué nos interesa cuidar la caja? Me interesa porque no queremos más emisiones monetarias ni endeudamiento. Pero el Gobierno dice permanentemente que en los últimos 5 meses tienen superávit fiscal, y si tienen superávit fiscal, para que la gente común nos entienda, quiere decir que tienen más ingresos que gastos.
Y entonces para mí hay que empezar a discutir prioridades de cómo se distribuye ese excedente del superávit fiscal. Para nosotros, y para mí en particular, una de las prioridades son los jubilados nacionales y los jubilados provinciales de mi provincia, porque en ese mismo proyecto hay un cuadro de las provincias que no mandaron su caja previsional a la Nación, con las acreencias que tienen cada una.
Y nosotros sólo en el 2024, tenemos una acreencia de más de 25 mil millones reconocidos por el equipo económico. Y ese artículo 10 del proyecto en discusión no le agrega costo fiscal al proyecto, porque esas son deudas que están devengadas, de la misma forma que los juicios con sentencia firme, eso no le agrega costo fiscal.
Entonces, en síntesis, a nosotros nos pareció que si sacábamos el artículo 4 y poníamos la mitad de la productividad, el costo fiscal no era tan significativo. Pero finalmente se votó y no se aceptaron esas modificaciones, se votó completo. Bueno, ahora tiene un costo fiscal superior. Y esto es lo que pasó ayer, en una apretadísima síntesis en el recinto, cuando finalmente se aprobó con una mayoría muy importante en general y obviamente con una mayoría diferente en particular.
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AG: Sintéticamente, ¿lo que usted cree es que el veto es más una decisión política que técnica? ¿Por qué?
Sin ninguna duda. Porque yo firmé el dictamen en minoría, el del oficialismo en disidencia, y a partir de que firmé el dictamen, inclusive en la propia reunión de comisión, planteé estas cuestiones, y este esfuerzo que había que hacer para encontrar un acompañamiento. Y desde el momento que firmé el dictamen nunca más nadie me llamó.
Elizabeth Peger (EP): Ahora, senador, ¿por qué cree que es una decisión política? ¿El Gobierno no quiere que el Congreso le marque la agenda?
No se trata de una cuestión de marcar agenda y no marcar agenda. Se trata de que no tenemos presupuesto nacional. El presupuesto que se está ejecutando fue aprobado en el 2022, para el 2023 de la gestión anterior, se prorrogó en el 2024, y se readecuó en abril en base a un decreto. No tenemos un sendero hacia dónde fijar las prioridades.
Yo tengo otros reclamos en mi provincia, el FONID, el fondo del transporte, el fondo algodonero, el fondo vino, la caja previsional y las obras paralizadas. Bueno, tienen superávit, pero nadie sabe cómo finalmente se va a ejecutar eso.
EP: ¿Pero por qué? ¿Por qué usted dice que es una decisión política el veto?
Por lo menos a lo que yo estoy habituado. Cuando era ministro de la Provincia y teníamos algún proyecto que trabajaba en la Cámara, íbamos, hablábamos con los legisladores y tratábamos de hacerles entender qué es lo que nos servía y qué no. Y a mí por lo menos, no me llamó nadie, y soy el representante de la UCR en la Comisión de Presupuestos de Hacienda.
Entonces, creo que, por encima de esto, hubo una decisión política de dejar que pasen los acontecimientos y ahora vetar. Pero la verdad es que si van a vetar el artículo 2 y el artículo 4, hubiesen aceptado la propuesta nuestra.
EP: Acaba de decir el Presidente que va a vetar todo completamente... ¿Usted qué va a hacer?
Por eso digo, es una facultad constitucional y, bueno, es él quien toma la decisión política. Por mi parte, voy a ratificar lo que planteé en el voto, en el recinto, eso voy a hacer.
AG: ¿Imagina al Senado insistiendo con los dos tercios? Porque ahí va a haber un conflicto importante, entonces...
Y bueno, voy a ver qué es lo que vete, y ahí voy a volver a plantear lo que ya planteé: modificación del artículo 2, que en vez que sea el 50%, sea el 25% y sacar el artículo 4. Muy bien.
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Claudio Mardones (CM): La tensión está planteada, lo ha confirmado el presidente Javier Milei: "el veto va a ser total". Así que se abre ese mecanismo. El Presidente firma el veto total y vuelve el expediente a la Cámara de origen, a Diputados. Obviamente, está el desafío de los dos tercios. En su cámara ya vienen de una demostración de fuerza muy importante, con 67 votos a favor. Ahora bien, usted vio que el oficialismo avanzó en otro dictamen, para ver si había alguna alternativa, para poder introducir algún cambio y devolverlo a la Cámara de Diputados. Pero ahora viene otro proceso, porque cuando el expediente vuelva a la Cámara Baja, algunos creen que algunos de esos argumentos podrían servir para poder reabrir la discusión y romper esa mayoría. ¿Por qué se lo digo?, porque en Diputados también están planteados los dos tercios. ¿Usted cree que se puede abrir otra negociación ahí o que va a haber una ratificación total de las dos Cámaras?
Yo firmé ese dictamen en disidencia. Siempre tenemos que abrir una posibilidad de negociación y de diálogo permanente. Y tenemos que mejorarla. En nuestro bloque dimos señales, siendo un bloque de la oposición, que somos propositivos. ¿Usted se acuerda cuando pasó lo de la Ley Bases e incentivos fiscales que decían que iba a ser una escribanía y qué sé yo? Los funcionarios tuvieron días que se quedaron hasta las 11 de la noche.
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A mí me tocaba escribir en representación del bloque y mandar las propuestas. Hicimos 28 propuestas en la Ley Bases, e incentivos fiscales, y se incorporaron como 17. Y cuando dijeron que no, dijimos, bueno, está bien, porque tenían otro criterio, tenían otra visión, y ellos son los elegidos para gobernar. Pero nosotros siempre fuimos una oposición propositiva.
Entonces, si hubiésemos tenido esa posibilidad de construcción, como tuvimos en ese momento, yo creo que el destino hubiese sido otro. Porque yo se lo dije a las autoridades de la Comisión de Trabajo y de Presupuestos y Hacienda: firmo en disidencia porque tengo estas diferencias. Yo estoy de acuerdo que vayan a la auditoría a revisar la acreencia de las cajas provinciales. Ahora, el lunes van las auditorías a mi provincia, pero van a revisar 2017-2018. Y según el informe de la OPC dice que la última auditoría de Chaco se hizo en 2020.
Pero pasaron ocho meses y nosotros tenemos acreencia de 25 mil millones reconocidos por ello. Y tenemos 79,5% de pobreza, según la UCA, en Resistencia. Necesitamos los recursos. Yo se lo planteé, así como te lo estoy diciendo, a todos los funcionarios de la comisión, ¿cuándo va a ser la estimación que tienen? Porque como no tenemos presupuesto, no sabemos qué es lo que se va a presentar ahora antes del 15 de septiembre para el año que viene.
El financiamiento universitario y la lucha salarial docente
CM: En el recinto ayer también se votó la preferencia para tratar la ley de financiamiento universitario y parece que también están los números. ¿Usted cree que el Ejecutivo va a reaccionar igual si finalmente ese proyecto es transformado en ley?
No lo sé, pero sí sé lo que dice la ley de financiamiento que aprobó Diputados, que es una ley que lo único que hace es actualizar por IPC el gasto de funcionamiento de las universidades y actualizar la finalidad y función de Ciencia y Técnica de las universidades que tienen funciones de medicina y las que tienen fundamentalmente las cuestiones de infraestructura.
No están pidiendo cuestiones que no puedan ser atendibles, simplemente actualizar por IPC, o sea que sería con inflación, que no sería un aumento si vos lo tomás con valores nominales, sino actualizar por IPC el tema del gasto de funcionamiento y le sugiere al Poder Ejecutivo que llame a paritaria, porque el personal docente y no docente perdió más del 20% de poder adquisitivo ante la inflación. Eso dice el dictamen que aprobó Diputados en términos generales.
Entonces, me parece que tendríamos que profundizar el diálogo, el consenso para ver cómo hacemos para que no sea necesaria una ley, que no se vea como una disputa, como de alguna manera alguien lo puede interpretar, y que empecemos a resolver y a distribuir este superávit fiscal que dicen que tienen.
AO FM
