Tras la publicación del decreto presidencial que convierte al Banco Nación en una sociedad anónima y abre la puerta a su eventual privatización, el diputado y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, advirtió que la intención del Gobierno es “avanzar en un proceso de venta de las acciones” y anticipó un plan de lucha sindical en respuesta. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Palazzo aseguró que la decisión se trata de “un negocio para favorecer a amigos del Presidente”, como Larry Fink, CEO de BlackRock, el principal fondo de inversión a nivel mundial.
Sergio Palazzo es secretario general de La Bancaria desde 2009. También es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, representando a Unión por la Patria. Su carrera sindical comenzó en el Banco Mendoza, donde luchó por la reincorporación de los empleados tras su quiebra en los años noventa.
Entiendo que ustedes dijeron que esta es una medida clara de una previa privatización. ¿Por qué crees que esto abre el camino a una segura privatización?
Nosotros lo entendemos así en función de que el Presidente toma la decisión de transformarlo en sociedad anónima, y en el mismo decreto establece que el 100% de las acciones son del Estado. Es un paso previo a la privatización. Lo intentó en la Ley Bases frustrada y no tratada o retirada del Congreso en la sesión de Diputados. Lo intentó nuevamente en el proyecto de la segunda Ley Bases que, por consensos políticos, terminó excluida del proceso de privatización.
Un gobierno que lo transforma en sociedad anónima no lo hace para seguir sosteniendo el 100% de las acciones, está claro. Además, tanto el presidente del banco como funcionarios del Gobierno han dicho que la intención de ellos es avanzar en un proceso de venta de las acciones una vez transformada en sociedad anónima.
La transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima genera incertidumbre en el campo
¿Se imaginaba que un líder sindical iba a encontrar puntos de apoyo en lo que se llamaba antiguamente la oligarquía agropecuaria, que son los productores que ven con preocupación que, en una eventual privatización, el Banco Nación deje de tener como foco el desarrollo y se incline más por maximizar su beneficio?
Ya pasó en los años '90 cuando lo intentó Carlos Saúl Menem, fue la misma situación. Primero intentó privatizar e intentó que fuera sociedad anónima para abrir al capital privado, pero no lo logró. Vastos sectores de la sociedad argentina se pronunciaron en contra de esa posible privatización, como lo están haciendo hoy. Esto pasó en los '90, y contamos con el apoyo de muchísimas organizaciones empresarias, lo mismo que está pasando hoy.
Creo que esto no sólo afecta la posibilidad de pérdida de empleo a los trabajadores del sector, en este caso del Banco Nación, sino que también atenta contra la inclusión financiera de vastos sectores de la sociedad y contra la asistencia crediticia de los sectores productivos. Con cierta lógica capitalista, quien invierte plata en una entidad financiera no invierte para hacer asistencia social ni para ver el desarrollo armónico de la sociedad; lo hace para ganar más plata. Y, consecuentemente, su actitud o acción y hacia dónde estará dirigido su plan de negocio será precisamente a lograr nichos de rentabilidad alta con bajos costos.
Esto quiere decir que aquellas sucursales o lugares donde hay pérdidas seguramente no existirán, o aquellas que tengan un desarrollo logístico o geográfico con mucho costo de infraestructura. Tampoco creo que quieran asistir, como lo hace un banco del Estado, cuando hay condiciones climáticas que afectan una cosecha, cuando hay situaciones cíclicas en la economía o cuando hay que acompañar el crecimiento de algún sector económico incipiente.
Claudio Mardones: La decisión del presidente Javier Milei fue plasmar los cambios del Banco Nación a través de un DNU, y ahí vienen dos escenarios. Primero, otra batalla por la validación de un DNU, la bicameral de trámite legislativo, quizás una ofensiva para invalidar en las dos cámaras, como ya pasó por primera vez el año pasado; o sino un escenario judicial. ¿Cuáles son los frentes que está evaluando?
Nosotros hicimos una evaluación y tomamos tres frentes en los que trabajar. Uno es el aspecto jurídico, y nuestros abogados están trabajando para eso. Nosotros entendemos que es un decreto de facultades delegadas sobre la base del artículo 3 de la Ley Bases, y sobre la base del artículo 48 del decreto 70/2023, que le confería la potestad de transformaciones jurídicas de organismos del Estado, entre otras facultades delegadas que tenía. Esas facultades delegadas que se le dieron son en un exceso porque está transformando en sociedad anónima de derecho privado a una institución que es del Estado, es decir, la saca del ámbito del Estado.
En la presentación del estatuto social de la nueva sociedad anónima que presentan como anexo en el decreto, establecen la posibilidad de emisión de acciones, pero no dicen quienes van a ser los dueños de esa nueva emisión de acciones, que es hasta un quíntuple sin autorización. Hipotéticamente, no debería ser nadie que no sea el Estado, porque el Banco Nación fue excluido expresamente de las empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Pero, como esta gente suele atropellar la justicia y los derechos, lo vamos a poner como elemento.
Además, en una de las partes dice que no es necesaria la aprobación del Banco Central de la República Argentina para la transformación societaria. Eso vulnera otra ley, que es la ley de entidades financieras, que expresa con claridad que ante una transformación societaria o cambio de clave de negocio, tiene que tener la aprobación del Central. Eso lo vamos a atacar, entre otros temas, jurídicamente.
Después, respecto a ser un decreto de facultades delegadas, tiene la misma aplicación de los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, tiene que tener un tratamiento en la Comisión Bicameral de Decretos y luego la aprobación de una de las dos cámaras. Ahí vamos a tratar de tener los números suficientes y, además, políticamente, para el supuesto de que ellos obtengan esa aprobación, estamos trabajando en la construcción de mayorías para sostener lo que sostuvo el parlamento con la Ley Bases, y es que es una empresa excluida de posibles privatizaciones.
En el terreno gremial también hemos tomado una definición. A partir del lunes empezamos una asamblea fuera del horario de atención al público. Sigue con una campaña de concientización, la misma que hicimos para juntar un millón de firmas. Más adelante, empezarán asambleas en horario de trabajo con interrupciones de actividades. Si es necesario, se tomará una medida de fuerza más contundente, y para eso nos han facultado el plenario de secretarios generales de todo el país.
Transformar el Banco Nación en una sociedad anónima viola la ley
Elizabeth Peger: Uno de los argumentos del Gobierno para avanzar en el achique del Estado tiene que ver con la necesidad de reducir gastos. En este caso, es paradójico porque el Banco Nación no es un banco que genera pérdidas, al contrario, registra rentabilidad. ¿Por qué, se avanza con este primer paso hacia una privatización? ¿Tiene que ver con despejar el horizonte crítico que generó el escándalo cripto? ¿Tiene que ver con cierto interés a quién se incorpora como capital privado al banco?
Porque tanto la Ley Bases, decreto 70/2023 y decreto que transforma en sociedad anónima, casi como un copia y pega, pusieron que era a los efectos de terminar con el déficit, de eficientizar la operatoria y de lograr un mayor control. El banco genera utilidad. En 2024, generó una utilidad de 1.400 millones de dólares. Una muy buena nota de PERFIL de este fin de semana establece los balances de los últimos tres años y han generado 11.800 millones de dólares. El 50% del banco lo podrías vender en esa plata, como mucho. En tres años de rentabilidad tenés la plata en la que lo querés vender.
El principio de eficiencia no es aplicable porque el Banco Nación es el primer banco en la Argentina, con mayor rentabilidad, líder en depósitos y créditos y con mayor amplitud geográfica en el sistema. El principio de control tampoco es aplicable en esta situación porque tiene más controles que cualquier empresa pública y privada porque, aparte de su auditoría interna y externa, lo revisa la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central.
¿Cuál es el razonamiento? En principio, creo que ideológicamente puede llegar a tener esa mirada porque ya ha hecho público que es un topo que llegó para destruir el Estado desde adentro. La segunda puede ser porque lo hace un día antes de viajar a Estados Unidos a una reunión que tenían con el Fondo Monetario Internacional, y cual, si fuera una ofrenda, lleva la posible privatización del banco. El fondo lo pide siempre, el tema es que el Gobierno acepta esa imposición o no.
La tercera tiene que ver con una cosa muy a lo bruto, que sería que necesiten dólares para sostener el tipo de cambio. La cuarta opción tiene que ver con el hecho de que, tras el bochornoso escándalo de las criptomonedas el 14 de febrero, quisieron con esta medida intentar salir de un escenario de negatividad en las redes desviar la atención de la negativa respecto a lo que hizo el Presidente, quien hoy está imputado por estafa.
Todo esto puede ser una explicación, pero mi inclinación es hacia una quinta hipótesis, que tiene que ver con favorecer negocios y personas cercanas a él, como ocurrió con el caso de la criptomoneda $Libra. Si con la criptomoneda se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares, imaginate vendiendo un activo de la Nación de 30.000 millones. Yo me inclino porque sea un negocio favorecer a amigos del Presidente.
EP: ¿Qué amigos podían ser?
Durante el tratamiento de la Ley Bases, el Presidente tuvo una conferencia con el CEO de BlackRock, en donde se ofreció a comprar todo lo que Argentina vendiera. Ahí pueden encontrar uno.
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