El sector ruralista se encuentra con una sería preocupación en el horizonte cercano, respecto a la normativa anti-deforestación establecida por la Unión Europea (UE) y que comenzará a implementarse desde enero de 2025. Con opiniones divididas sobre un tema sensible para el sector productivo rural, los confederados por CRA dan el puntapié inicial para plantar posición firme sobre el punto de conflicto.
“CRA anuncia su decisión de desvincularse de la plataforma VISEC. Seguiremos impulsando soluciones que fomenten el desarrollo productivo, sin restricciones que comprometan nuestra soberanía y competitividad, como la normativa 1115 de la UE”, anunciaron desde Confederaciones Rurales Argentinas, en un escueto pero contundente posteo en sus redes sociales.
Los ruralistas piden al gobierno que defiendan a los productores de las medidas de la Unión Europea
Este mensaje directo y tajante se contrapone en cierta medida a la postura tomada por parte de los agroexportadores nucleados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC). En ese sentido, su presidente, Gustavo Idígoras, participó recientemente en una reunión con autoridades de Países Bajos y la Comisión Europea (CE), y si bien destacó las dificultades que entraña la normativa y manifestó su mirada crítica, dejó en claro que siguen respaldando el sistema.
Por consiguiente, la actividad ruralista queda dividida entre los que se quedan dentro de la plataforma sustentable VISEC, aunque manifestando sus reparos, y los que deciden directamente retirarse y desvincularse de la adhesión.
La normativa de la discordia
Cabe mencionar, que la Resolución 1115 de la UE, que espera entre en vigor y efectiva implementación desde enero de 2025, establece como requisito obligatorio que ciertos productos importados, como es el caso la soja, la carne vacuna, y algunos otros alimentos especificados por la resolución, deben ser provenientes de lugares de producción calificados y certificados como libres de deforestación.
Con el objetivo de dar acabado cumplimiento a lo establecido, las Bolsas de Cereales y de Comercio vinculadas a al sector agroindustrial, en forma conjunta con la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), crearon la denominada plataforma Visión Sectorial para el Gran Chaco Argentino (ViSeC).
Se trata de una plataforma de sustentabilidad socio ambiental que apunta a certificar los requisitos establecidos por la normativa europea, con el objetivo primordial de que las cadenas de valor de la soja y la carne nacional y los productos agroindustriales argentinos cumplan las nuevas tendencias nacionales e internacionales en materia de exportación y comercialización. Esto impulsaría la competitividad en los mercados globales, a la par de promover la trazabilidad y sostenibilidad en la producción agropecuaria del país.
De manera que, la UE aplicará su nueva normativa que dispone la certificación que garantice que la soja y la carne, entre otros productos agroalimentarios, tengan origen en lugares que no hayan sido deforestados después del año 2020. De allí en más, tanto productores, acopiadores como exportadores argentinos, realizaron sus críticas, por considerar estas exigencias desproporcionadas y perjudiciales para las economías de muchas regiones.
CRA: el comunicado de la despedida
Queda entonces planteado un panorama o escenario complicado que anticipa que las diferentes entidades irán tomando ubicación en un tablero dividido. Será la situación entre los que decidan seguir voluntariamente adheridos o alejarse del sistema VISEC, por el cual Argentina garantizaría el cumplimiento de las normas de la UE referentes a exportaciones de productos con origen certificado, y proveniente de lugares libres de deforestación. Tras el posteo en sus redes sociales de X, CRA difundió en su sitio un comunicado con mayores detalles.
"CRA ha decidido por unanimidad en su Consejo Superior Directivo, desvincularse de la plataforma Visec. Esta decisión surge tras un profundo análisis del impacto que dicha Resolución 1115 podría tener en la comercialización agropecuaria del país, destacando las crecientes preocupaciones sobre las restricciones que impondría a productos primarios de origen agropecuario", precisa el comunicado publicado por la entidad agropecuaria.
"La posición de CRA es clara: cualquier política que comprometa la soberanía y la competitividad de los productores no será aceptada, y se buscarán alternativas que fomenten el desarrollo sin someterse a reglas que vayan en contra de los intereses del campo. Siempre en el marco de la sustentabilidad ambiental", destacaron.
"Desde CRA hemos manifestado el rechazo a la normativa 1115 de la Unión Europea, que impone restricciones adicionales a las exportaciones argentinas. Esta normativa impuesta es vista como una barrera al comercio y al desarrollo productivo. Insistimos en que el Gobierno Nacional debe plantear con firmeza esta situación ante las autoridades europeas, ya que el avance de estas medidas generarán un impacto negativo en la economía del país", concluyó el documento oficial con las motivaciones de la decisión tomada.
Un anticipo del final
Un desenlace que había sido anticipado de alguna manera, en el discurso del presidente de CRA, Carlos Castagnani, en el marco de la Expo Rural del Chaco: "Nos quieren imponer directrices desde el exterior cuando los mismos países que la promueven han sido responsables de la degradación ambiental y los desastres ecológicos".
Muy punzante y concreto fue respecto a la Agenda 2030, calificada por el dirigente ruralista como “un paquete de imposiciones que, bajo la máscara de la sostenibilidad, busca controlar nuestra producción y poner en riesgo nuestra libertad para decidir cómo y cuándo producir”.
Los agroexportadores critican pero adhieren al VISEC
Hace apenas horas, en paralelo se desarrolló otro escenario, cuando Gustavo Idígoras, presidente de la CIARA-CEC, participó de una exposición con representantes de Países Bajos y de la Comisión Europea. En ese marco, expuso algunas características positivas de la plataforma VISEC, sin dejar de señalar sus reparos y discordancias.
En ese orden, el titular de la cámara aceitera manifestó la preocupación del sector producto de la segregación física que imponen los requisitos de la regulación ambientalista de la UE, a las que tachó de “absolutamente exagerados”.
En el marco del Congreso Internacional de Aceites y Grasas celebrado en Rotterdam, y dentro del panel que abordó la temática referida a la implementación del Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (Reglamento UE 2023/1115), Idígoras destacó que, la medida es “desmesurada e innecesaria”, y puso de resalto que “se pueden alcanzar los mismos objetivos con otros medios”. A la vez que agregó, la segregación física que implica se traduce en “un esfuerzo económico y logístico que pone en riesgo las cadenas de comercialización y suministro”.
Sin embargo, pese dejar manifiestas las críticas, Idígoras señalo que la plataforma Visec es “la solución en Argentina, voluntaria, pero de muy fácil adopción”, tras lo cual añadió: “Seguiremos trabajando junto a la federación de acopiadores, cooperativas y el Gobierno argentino para buscar una mesa de negociación con la Unión Europea”.
El Gobierno facilita la adhesión voluntaria
Por su parte el Gobierno Nacional expuso su postura ante las discrepancias con la normativa de la UE. En ese contexto, Juan Pazo, secretario de Coordinación de la Producción, al expresarse sobre el tema señaló como positivo que “la Argentina tiene una gran oportunidad, porque gracias a su condición natural está en condiciones de cumplir con ese requisito en el 95% del territorio nacional”.
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En el 7mo Congreso Internacional de Coninagro, Pazo remarcó que “este certificado no es obligatorio, es solo una herramienta”, por lo que destacó que será libre y voluntaria para los productores la adhesión a la plataforma sustentable que certificará el origen libre de deforestación de los productos. No obstante, el Gobierno agilizará los trámites y brindará ayuda en el proceso de sustanciación de los registros necesarios para la implementación efectiva de la normativa europea.
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