Esta semana, el Senado mexicano aprobó la reforma de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que hace que muchos jueces puedan ser elegidos por el voto popular, como sucede también en Estados Unidos. Roberto Gargarella mostró preocupación ante la nueva medida y explicó que es de “gravedad extraordinaria” porque los cambios buscan “terminar con cualquier posibilidad de independencia judicial”. El académico sostuvo que algunos jueces van a “ser filtrados por el poder político de turno” y aseguró que, en el fondo, la medida tiene un “propósito antidemocrático”. “Para el ciudadano común, esa trampa lo pone en un lugar mucho peor”, sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Roberto Gargarella es jurista, sociólogo, abogado y académico especializado en derechos humanos, democracia, filosofía política y derecho constitucional. Es uno de los intelectuales de la Argentina. Fue director de la Revista Argentina de Teoría Jurídica, una de las más reconocidas en esta especialidad y es uno de los constitucionalistas argentinos más prestigiosos.
Sostuviste que la reforma judicial en México es inconstitucional y anticonvencional.
Es de una gravedad extraordinaria lo que pasó. México se enfrenta a un problema que se irradia como mancha de aceite en toda la región, y todos necesitamos hacer algo para impedir que esa reforma avance.
Señalabas cierto paralelismo con los Estado Unidos, pero no es así, es muy diferente en muchos sentidos. En Estados Unidos se elige por distritos uninominales. Cada uno de los jueves se presenta individualmente, entonces vos en tu distrito elegís entre Juan o María.
En México van a estar en listas enormes, que además son promovidas en tercios por el Congreso, por el Ejecutivo y por el poder Judicial. Entonces se elige masivamente entre una cantidad de nombres y los requisitos para presentarse son menores que en EE.UU.
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Algo que es mucho peor es que toda esta cuestión de la elección tiene contracara algo muy serio, y es que todos los que estaban en el poder, dejan su cargo. Esto empieza con una limpieza de los jueces que estaban molestando al Presidente, particularmente de la Suprema Corte.
Hay dos aditamentos que hacen que esto se convierta en un horror. Uno son los comités de selección, y el otro, los tribunales de disciplina. Ambos son mecanismos destinados a terminar con cualquier posibilidad de independencia judicial. Ambas cosas son aterradoras, pero, particularmente, la presencia de los tribunales de disciplina implica que, funcionarios que no se sabe bien cómo van a ser designados, van a poder investigar, sancionar, y aún remover a los jueces que, según su entender, actúen en contra de los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia.
Vas a tener encima tuyo como juez a un tribunal, que es plenamente politizado porque va surgir de la elección, pudiendo expulsar de cargos porque encuentra que no has decidido con la excelencia suficiente. Y es más: contra la decisión del tribunal de disciplina, no procede juicio ni recurso alguno. Eso hace que las cosas estallen en su gravedad.
Los comités de selección filtran quiénes pueden ser candidatos también a partir de una situación de incertidumbre porque no se sabe cómo van a ser designados, ni cómo van a ser filtrados. Van a haber jueces que van a llegar filtrados por el poder político de turno y sujetos a esta amenaza absoluta de personas cercanas al Gobierno, y con competencias muy bajas, que van a estar mirando a ver si los jueces actúan con profesionalismo o excelencia. Es de un dramatismo extraordinario.
Dicho esto, el panorama es completamente distinto al de EE.UU y de una gravedad extraordinaria. Por varias razones se podría decir que esta reforma es inconstitucional o anticonvencional. Para mí, la más importante es que en todo occidente entendemos que hay una distinción entre las cuestiones procedimentales y sustantivas.
Dentro de las disidencias que hay en la academia y en la jurisprudencia, hay un acuerdo creciente, en el que aún participan jueces y académicos argentinos, y es que los poderes judiciales tienen que ser lo más diferentes y respetuosos posibles frente a las decisiones sustantivas que toma la política. Por ejemplo, las medidas de la pandemia o las prohibiciones del cigarrillo. Sin embargo, tienen que ser ultraexigentes respecto de los cambios procedimentales.
Esto no implica que el poder político no puede instrumentar cambios en materia procedimental, esto es, en materia de juego. Lo que quiere decir este criterio, muy extendido en la academia y en la jurisprudencia, es que cada vez que el poder político de turno toque alguna de las reglas básicas del juego democrático, como el Código Electoral, Consejo de la Magistratura, o las medidas que se quisieron tomar en Argentina en materia de democratización de la justicia, deben examinarse siempre con el escrutinio más estricto.
En principio, la norma se asume como bajo de un manto de ilegalidad y se la mira con presunción de invalidez o de inconstitucionalidad. Esto es a diferencia de otras leyes, como las de la pandemia, en donde el principio es el de presunción de validez. Entonces, frente a las decisiones del poder político que tocan las reglas del juego, la idea es que deben ser analizadas con presunción de inconstitucionalidad y el escrutinio más estricto.
Este tipo de criterios rigen tanto en la jurisprudencia norteamericana, como en buena medida en la Argentina y en la región. Es el modo en el que mayoritariamente tendemos a interpretar las normas nacionales y convencionales.
¿Cuál es la diferencia con la Argentina entre el Consejo de la Magistratura y ese tribunal que estaría por arriba?
Es enorme porque en el Consejo de la Magistratura el modo de designación es consensuado por todos los partidos políticos, y las formas de tomar decisiones están reglamentadas con criterios muy estrictos. Es tan fácil de entender como eso.
Yo, como evaluador de un juez, puedo decir que no ha obrado con la imparcialidad suficiente, y no porque no ha cumplido un artículo, sino porque creo que la decisión ha sido muy parcial porque lo digo yo. Esta es la peor pesadilla de un juez: alguien encima tuyo tiene capacidad para expulsarte porque entiende que has estado obrando sin objetividad. Esto es lo que empeora todo, pero todo es una catástrofe.
¿Sigue habiendo tres instancias?
Sigue habiendo, pero lo que sería ese paralelo fantasma del Consejo de la Magistratura argentino es un tribunal independiente separado de los tres poderes, que actúa sobre el poder Judicial.
Esta catástrofe genera pensar que la justicia se democratiza porque se hace una elección en el momento inicial. He escrito toda la vida a favor de un vínculo más estrecho entre la justicia y la democracia. Lo que uno quiere decir es que, entre la ciudadanía, los partidos políticos, y los tribunales, tiene que haber un diálogo más permanente, que las decisiones tienen que ser posibles de ser impugnadas, y que el acceso del ciudadano a la justicia sea más fácil. Todo eso permite hablar genuinamente de democratizar la justicia.
En Colombia o en Costa Rica se quisieron llevar adelante iniciativas para democratizar la justicia y se rompieron todas las trabas que hay en Argentina, en México, en Brasil o en Estados Unidos para acelerar la justicia, como las formales, económicas o geográficas. De ese modo, lograron cambios revolucionarios, particularmente en Colombia, que permitieron que, de un día para el otro, cientos de personas tuvieran posibilidades de acceder a los tribunales.
Si uno quiere democratizar la justicia, hay un montón de cosas que se pueden hacer y han sido exitosas, como en materia de acceso a los tribunales o de vínculos entre la ciudadanía y los tribunales. Esto es una mentira absoluta porque al ciudadano se lo hace intervenir desde el día uno a partir de listas extensas que formaron otros, y después perdés por 10 o 15 años el control de lo que hace el juez.
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Ahora, ese juez, que va a hacer lo mismo que podía hacer en cualquier momento en términos de arbitrariedad y discrecionalidad, ahora se va a colgar la medalla democrática y decir que es el representante del pueblo y tiene legitimidad. Para el ciudadano común, esa trampa lo pone en un lugar mucho peor.
Lo he puesto en paralelo con lo que fueron los intentos del kirchnerismo con la ley de democratización de la justicia, esto es, utilizar términos que todos apreciamos y consideramos de máxima relevancia para fines viles. En este caso, es mucho peor que en la Argentina porque se animaron a hacer cosas que aquí no fueron políticamente posibles.
Respecto del sistema de elección de jueces uninominales por distrito en Estados Unidos, ¿te parece que es un sistema sólo aplicable en ese país?
No. Si alguien que no está respaldado por ningún partido político se presenta en su distrito, es una alternativa posible. Yo creo que, en ese tipo de casos, hablar de democracia es demasiado. La democracia no debe ser reducida a elecciones: la democracia es todo lo que pasa entre elección y elección.
Además, el mandato de esas personas no es como el de un legislador, puede ser de 10 años o más, entonces se pierde el control de lo que va a hacer en la vida cotidiana durante años. También quedás en una situación inferior porque esa persona piensa que tiene legitimidad democrática.
Lo de Estados Unidos se puede aplicar en otros países, pero no me parece interesante en términos democráticos. Lo de México es otro asunto: nadie toma en serio el paralelismo entre el sistema de EE.UU y el de México. La reforma judicial de México es una farsa, la venganza de AMLO contra la Corte. Cualquiera que piense sobre la cuestión lo ve, así como la Suprema Corte Mexicana, toda la academia, todo el poder Judicial, donde el 90% mostró un compromiso, y movilizaciones estudiantiles.
Creo que cualquiera que se tome en serio la institucionalidad en México, ve esto como una tragedia. Dejusticia, la principal ONG colombiana sobre la cuestión está enviando señales de alarma alertando sobre la cuestión. Todos pensábamos que la Presidente electa, iba a tolerar la reforma como modo de concesión antes de llegar al poder, pero que luego iba a dar señales de que está en contra, pero ha mostrado compromiso.
Todo esto está destinado a un propósito antidemocrático porque una de las cosas que está en juego es la sed de venganza de AMLO porque la Suprema Corte Mexicana le ha restringido dos tipos de medidas. La primera tiene que ver con la capacidad de control del Ejecutivo sobre reformas en materia energética y la segunda, y la más importante, la militarización del país.
Siendo el Presidente el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y ya teniendo un control extraordinario sobre la cuestión, la Corte le ha restringido la expansión de esta militarización y ha hecho que AMLO jurara venganza contra la Corte. Ganó la elección y la supermayoría y antes de irse, y cuando asumieron los nuevos legisladores a un mes de irse, pasó la reforma.
Esta venganza tiene como trasfondo esta vocación de autoridad centralizada y concentrada en el Ejecutivo. En el caso de México, con todos los problemas que están detrás e incluyen las relaciones entre el narcotráfico y la militarización, implican un drama extraordinario. Hay mucho más en juego que la validez constitucional de esta medida. Hay una decisión política motivada por circunstancias traumáticas.
Dejame traerte a la Argentina y analizar una columna publicada en Clarín que me llamó mucho la atención, y que a mi juicio es extraordinaria, en la que vos defendés la legitimidad del deseo de que al Gobierno le vaya mal.
Lo que trataba de hacer era reaccionar frente a un discurso que escucho en colegas, amigos y familiares sobre que todos, al ser argentinos, sólo podemos querer que al Gobierno le vaya bien. Yo digo que en la dinámica de los sistemas presidencialistas que tenemos en América Latina, ninguno de nosotros tiene porque comprometerse en esa posición, y mucho menos bajo el nombre de que “así le va bien al país”.
No es que sea un gran amante de los sistemas parlamentarios, sino que digo que son mucho peores los sistemas de autoridad concentrada como el nuestro. Por ejemplo, si está el partido “A”, que es superintervencionista, y el partido “B”, que es superliberal, si uno está convencido del intervencionismo porque piensa que el país necesita respaldar a los grupos más desaventajados, y lo cree porque está convencido de que eso es lo que lleva al país a un buen puerto, si el partido que ganó es el B, que quiere todo lo contrario, es sensato para el que apoya al partido A, desear que al B le vaya mal porque uno cree que lo que debe triunfar es el partido A.
En términos más entendibles, si uno es un acérrimo defensor de la libertad de expresión, y el gobierno está comprometido con posiciones que son de hostilidad hacia los críticos del poder, cuando objetas al Gobierno y decís que querés que este Gobierno salga de ahí porque su bandera principal es perseguir a los periodistas que hablan en contra de ellos y a los opositores que los critican, querés que les vaya mal porque querés que le vaya bien al país, porque estás comprometido con la Constitución.
Entonces, lo que me interesaba era desarmar la lógica de un discurso que se iba extendiendo y naturalizando, como si por ser patriota uno tenga que defender al Gobierno y desear que le vaya bien, pero si el proyecto del Gobierno es perseguir a los opositores, a los periodistas críticos, es normal que el que piensa lo contrario quiera que le vaya mal.
En un sistema presidencialista el que toma las decisiones es uno. Si esa silla la ocupa quien, por ejemplo, persigue periodistas, el que no coincide con eso, quiere que esa silla la ocupe alguien que no los persiga. La transición hacia mi visión tiene que ser constitucional y respetuosa de las reglas, sin dudas, pero es normal que alguien quiera que un proyecto con el que no está a favor, no triunfe. Entonces, es lógico que el que piensa distinto al Gobierno, por el bien del país y por el compromiso de la Constitución, quiera que ese lugar se ocupe por una persona con pensamientos opuestos a los que están en el poder.
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