Rector de Universidad de Río Negro: Podría haber otra marcha si el Gobierno desoye los reclamos

El ex vicerrector de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, puso énfasis en el valor de la marcha universitaria del pasado 23 de abril. "El apoyo social, político y la unidad del sistema universitario fueron cruciales para que el Gobierno se sentara a negociar". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), explicó los motivos por los que se han incrementando la cantidad de alumnos en las universidades del interior. "A partir de los costos, los estudiantes prefieran quedarse en sus provincias y optar por las universidades locales". 

Anselmo Torres es rector de la Universidad Nacional de Río Negro desde 2021 con mandato hasta 2025. Fue vicerrector de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro.

A pesar de que el Consejo Interuniversitario Nacional acordó con el Gobierno un aumento del 270% de las partidas que van a recibir las universidades, la eliminación de subsidios y la liberación de tarifas, provocaron grandes aumentos en la boleta de suministro de las universidades. ¿Qué tan complicadas están las universidades públicas?

La situación para las universidades públicas es complicada. Aunque hemos logrado avances en algunos puntos de negociación con el Gobierno, aún quedan muchos temas por resolver. Recientemente, conseguimos un acuerdo preliminar sobre uno de los cinco puntos principales de nuestra marcha del 23 de abril: el gasto de funcionamiento. Este es crucial para mantener las universidades abiertas, ya que nos permite pagar servicios y mantener los edificios en condiciones adecuadas.

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Sin embargo, otros puntos clave siguen sin resolverse. Uno de ellos es el de las becas estudiantiles, que afectan a una proporción significativa de estudiantes que dependen de las becas nacionales, como el Progresar y Belgrano. Estos montos no se han actualizado y muchos estudiantes aún no han recibido sus becas debido a retrasos en los procesos de renovación e inscripción.

La problemática salarial también sigue sin resolverse. Ayer hubo una reunión entre los sindicatos y la ministra Sandra Pettovello, pero no se alcanzó el resultado esperado, lo que llevó a los sindicatos a declarar un paro para el 4 y 5 de junio. O sea, podría haber otra marcha si el Gobierno desoye los reclamos.

Otro punto crítico es la paralización de las obras públicas universitarias. En nuestra universidad, teníamos tres obras en marcha, incluida una en Bariloche que estaba casi terminada. La falta de recursos y un presupuesto prorrogado desde 2022 nos impiden continuar con estas obras, lo que nos obliga a alquilar espacios en lugares costosos, como sucede en Bariloche, justamente.

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Además, hay problemas con el presupuesto destinado a Ciencia y Técnica y otros aspectos "debajo de la línea", que incluyen la apertura de nuevas carreras y la ampliación de programas. Aunque se ha creado una comisión para abordar estos temas, aún no se han resuelto. En resumen, aunque hemos logrado avances en uno de los cinco puntos principales, la situación para las universidades públicas sigue siendo complicada.

Y con la inscripción de alumnos, ¿qué cambió este año respecto del anterior?

En el caso de la Universidad Nacional de Río Negro, hemos visto un incremento importante en las inscripciones. Esto se debe, en gran medida, a la situación global del país. No estamos enfrentando sólo una crisis presupuestaria en las universidades, sino también un contexto social complicado que ha cambiado en los últimos tiempos, lo cual no es completamente atribuible al gobierno actual, sino que se viene gestando desde antes debido al proceso inflacionario.

En particular, las universidades del interior están viendo un aumento en la matrícula porque muchos estudiantes ya no pueden desplazarse a los grandes centros urbanos para estudiar. Los altos costos de alquiler, alimentación y transporte hacen que los estudiantes prefieran quedarse en sus provincias y optar por las universidades locales.

¿Y al mismo tiempo hay muchos alumnos de universidades privadas que pasan a públicas? 

Sí, también estamos viendo que alumnos de universidades privadas están pasando a las públicas. Nosotros hemos tenido un incremento notable en las inscripciones. El año pasado teníamos un promedio de 3.500 inscritos, y este año hemos superado los 4.500 estudiantes en nuestra universidad. 

Es decir, esto representa un aumento sustancial en la cantidad de inscritos, y es una respuesta a la situación general que estamos viviendo. Además, tenemos que enfrentar un contexto presupuestario difícil para atender a una mayor cantidad de estudiantes.

Acuerdos y desafíos en la reunión sobre presupuesto universitario

Claudio Mardones (CM): Ayer hubo una reunión en donde los gremios anunciaron un nuevo paro. Pero la atención estaba puesta en la reunión del lunes de los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y con el “reaparecido”, así le dicen algunos, secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. ¿Qué balance hace usted de esa reunión? Porque se acordó avanzar en la redacción del presupuesto 2025, hubo una propuesta del 270% de aumento, pero luego de un momento que ha sido complejo, primero hubo una diferenciación con la UBA, después una concesión con el resto de las universidades, pero hasta ahora lo que dicen es que no hay nada firmado. ¿Cómo sigue?

El lunes se realizó una reunión entre Víctor Moriñigo y Oscar Alpa, presidente y el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con el secretario de Educación y el subsecretario de Política Universitaria. De los cinco puntos que presentamos en nuestro petitorio, logramos avanzar en uno: el gasto de funcionamiento. A partir de junio, se nos otorgará el mismo incremento que recibió la UBA, lo cual fue inicialmente rechazado por el sistema universitario.

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El Gobierno había propuesto negociar individualmente con cada universidad, pero nosotros, desde el CIN, nos mantuvimos firmes en que las negociaciones debían ser colectivas. Creemos que este cambio de actitud del Gobierno no fue espontáneo, sino resultado de tres factores clave.

El primero fue la marcha del 23 de abril, ya que esta movilización, que tuvo una gran participación tanto en Capital Federal como en el interior, demostró un fuerte apoyo social al sistema universitario argentino. También estuvo la unidad del sistema universitario porque todos los rectores se mantuvieron firmes en negociar colectivamente, lo que fortaleció nuestra posición.

Por último, hubo un gran apoyo político. Es que a partir de una reunión especial del Congreso para discutir el financiamiento universitario, se logró 152 votos a favor y 81 en contra, mostrando un sólido respaldo político.

Estos factores de apoyo social, político y la unidad del sistema fueron cruciales para que el Gobierno se sentara a negociar y nos otorgara el mismo aumento en el gasto de funcionamiento que recibió la UBA.

CM: Entonces, finalmente el emplazamiento que se votó en Diputados y haber llegado a un quorum para haber forzado esa negociación, aparentemente tuvo un impacto en el diálogo con los rectores. ¿Qué expectativa tiene? ¿Se puede llegar a algún acuerdo o directamente la ampliación del presupuesto universitario va a chocar con el planteo de Milei de vetar cualquier proyecto que, transformado en ley, ponga en riesgo el déficit fiscal?

Creemos que, si se mantiene la unidad de los que votaron el emplazamiento a las comisiones para que dictaminen, va a haber un tratamiento el 4 de junio, fecha inicialmente prevista en la Cámara de Diputados. 

En ese contexto, esperamos que se apruebe un proyecto que luego sea derivado al Senado, con el objetivo de establecer una ley de financiamiento universitario. Contar con una ley que garantice el financiamiento sería muy positivo, ya que nos evitaría depender de cambios repentinos, negociaciones o acuerdos informales. Luego, será responsabilidad del Presidente, dentro de sus atribuciones, decidir si veta o no la normativa que salga del Congreso.

AO VFT