El nuevo foco de conflicto entre el campo y la agroindustria con las autoridades provinciales ya está instalado, cuando está próximo a vencer el contrato de la empresa Terminal Quequén, finalizando en noviembre de este año, tras 30 años de actividad como el principal operador de granos para la carga de buques en el puerto Quequén. El conflicto gira en torno a la falta de intención del Gobierno provincial de Axel Kicillof de acordar una renovación o nueva prórroga para la continuidad del comercio de granos.
En este contexto, las Sociedades Rurales del sudeste de Buenos Aires, que nuclea a las principales entidades ruralistas del área, difundieron un comunicado contundente de “rechazo a la incursión del Gobierno provincial que afecte el comercio de granos”. Por consiguiente, el paso inicial y voz de reclamo fue de parte de la entidad ruralista del sudeste bonaerense, pero ahora se suman con un firme rechazo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Mesa de Enlace provincial completa.
Qué dijo la Bolsa de Cereales
Por su parte, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y presidente de Terminal Quequén, en el marco del acto por su 170° aniversario de la entidad porteña manifestó: “Nuestra Bolsa de Cereales, junto a entidades de productores, Cámaras, entidades comerciales y compañías de primera línea del sector exportador, formamos parte de esta empresa que ha manejado los destinos del elevador, privatizado durante la gestión del presidente Menem y que durante todo el periodo de la concesión hemos operado de manera eficiente”.
Y agregó en su discurso: “siempre actuamos preservando y mejorando el patrimonio, cumpliendo las normativas fiscales, contribuyendo al desarrollo económico del sudeste de la Provincia de Buenos Aires, con un equipo de trabajo comprometido con la actividad que desarrollamos”.
Continuó explicando: “Anticipándonos al vencimiento de la concesión y tomando el ejemplo de terminales colegas en otros puertos, que han prorrogado la vigencia mediante inversiones de capital, hace más de 4 años que venimos ofreciendo a las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén un programa de inversiones por aproximadamente unos USD 25 millones para modernizar y eficientizar la operatoria, a cambio de extender nuestra concesión”.
Sin embargo, pese a las buenas intenciones, Martins enfatizó que no tuvieron buena respuesta: “Hasta el momento, solo hemos obtenido promesas incumplidas, dilaciones y tentativos llamados a licitación, que nunca se concretan. Estamos 100% dispuestos a competir en una licitación que debe ser transparente y orientada a especialistas en el mercado agroexportador hoy, nos encontramos con la concesión vencida y una prórroga puntual a punto de vencer”.
Abandonar el dogma ideológico
Además, puso el foco en las complicaciones que genera esta falta de intención del Gobierno provincial para la continuidad del contrato: “La falta de definición concreta sobre el futuro de la terminal, por parte del directorio del consorcio de gestión, nos pone frente a la lamentable obligación de no poder ofrecer servicios de elevación para la auspiciosa cosecha fina que llegará a partir de diciembre. El tiempo apremia, las decisiones deben estar por sobre cualquier dogma ideológico”.
“No podemos romper lo que funciona, está en juego la actividad laboral de nuestros trabajadores, el impacto económico negativo sobre la cadena productiva del sudeste de la Provincia de Buenos Aires y el desarrollo de la comunidad de Necochea/Quequén. El caso YPF/Petronas debe tomarse como aprendizaje, no repitamos errores”.
La Mesa de Enlace Regional
En paralelo, la Mesa de Enlace Provincial también manifestó su postura: la entidad expresó que “rechaza cualquier intención de intervención con el objetivo recaudador, sin atender las necesidades del sector productivo”.
Asimismo, destacaron en el comunicado difundido en sus redes sociales que “el proceso licitatorio para la concesión del operador debe darse respetando las condiciones en los pliegos y bases que surgen de la ley 23.696 a través del decreto 351/92, en donde se establece el marco regulatorio y la necesidad de efectuar un procedimiento de licitación pública nacional e internacional para el operador de la misma”. Y se añade que “si no se llega con los tiempos administrativos a consensuar los pliegos, se debería prorrogar la concesión hasta tanto estén disponibles los mismos”.
“La titular del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Jimena López, expresó las intenciones del Gobernador Axel Kicillof de crear una empresa provincial con fines de comercialización de granos a través de una licitación exprés. Desde la producción, entendemos esto como políticas intervencionistas y distorsivas”, señaló la entidad en la misma línea del comunicado de rechazo de origen.
“Desde la Mesa de Enlace Provincial, sugerimos al Señor Gobernador que desista de semejante idea, que tan solo lleva más incertidumbre y desconfianza a un sector con un perfil exportador”, concluyó el documento instando a Kicillof para el abandono de su intención.
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Prácticas y maniobras distorsivas
El comunicado que disparó la señal de rechazo por Sociedades Rurales del sudeste de Buenos Aires detalló: “Una vez más, como ha sido antes a nivel nacional, el sector político que gobierna la provincia de Buenos Aires pretende incursionar en habituales prácticas distorsivas, ideologizadas y flojas de fundamento técnico, perjudicando enormemente al sector productivo más dinámico y relevante del país. Allí donde aparece el hueco, surge la pretendida maniobra”, señalaron crudamente en el comunicado oficial.
Asimismo, el documento remarca que "el contexto es muy alarmante e involucra a la región en todos sus aspectos: en noviembre se vence la concesión de Terminal Quequén, cumplidos los 30 años originales, y la prórroga por tres años. Y lo peor: no hubo acuerdo, hasta el momento, de renovar esa prórroga hasta que se confeccione un pliego consensuado entre las partes actuales".
"La empresa 'Terminal Quequén', que opera el principal elevador de granos para la carga de buques, formuló la advertencia sobre los plazos cumplidos, la falta de respuesta y los inconvenientes que traerá desde septiembre no poder ofrecer servicios, con lo cual incluso peligran las fuentes de trabajo", advierten desde la entidad que agrupa a las 16 instituciones que componen la Zona 6 de Carbap, el ente que representa gremialmente a los Productores Agropecuarios de Buenos Aires y La Pampa.
La intención de Axel Kicillof: ¿Entrometerse en la cadena?
Según las entidades alertan en su comunicado, "visto el panorama, la Provincia, que tiene puesto político en la presidencia del Consorcio de Gestión, pretende llevar a cabo una 'licitación exprés'. En declaraciones periodísticas, la presidente en ejercicio Jimena López, aludió al gobernador Kicillof al decir: 'Axel pide tener una reserva del 30 por ciento de los granos en acopio (...) y la provincia mediaría en la compra de esos granos', a lo que agregó la intención de 'crear una empresa provincial', con fines de comercialización".
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Agrega el documento una clara advertencia: "No queda claro el objetivo, pero sí la intención de entrometerse en la cadena. Dicho de otro modo, el Gobernador quiere comercializar granos, bajo una figura que se parece a una 'Junta Provincial de Granos': un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad".
Reclaman otras prioridades
“La provincia debería tener otras prioridades: educación, salud y seguridad; infraestructura, caminos y rutas destruídas; e inversiones que se pierden por mera acción de la ideología que no mira el interés general, como el caso YPF-Petronas”, precisan con agudo detalle los sectores que las entidades ruralistas consideran abandonados por la gestión provincial de Kicillof.
TV FM
