La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado radical Atilio Benedetti (UCR), finalmente dio dictamen favorable al proyecto en tratamiento que busca fomentar el desarrollo de la agroindustria con la implementación de un esquema de incentivo a las inversiones y generación de empleo en el sector. Se trata del Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), proyecto que fue trabajado e impulsado en su presentación inicial, no solo por de Benedetti, sino también conjuntamente con el diputado por el bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto y un equipo de colaboradores.
No obstante, se obtuvo el acuerdo general de los legisladores con un despacho a favor del RIDA, los representantes del oficialismo votaron en disidencia la propuesta. En concreto, diputados de La Libertad Avanza y del PRO, expresaron sus reparos por el impacto fiscal que podría generar el régimen.
La iniciativa tuvo el voto a favor de 28 de los 33 diputados presentes en el recinto, legisladores de los bloques de la UCR, del PRO, de UxP y de Hacemos Coalición Federal. Sin embargo, los representantes de LLA y del bloque PRO votaron el proyecto con planteo de disidencias para que sea evaluado un eventual efecto que tenga en el objetivo oficial de déficit cero.
Un RIGI diferenciado para el agro
El proyecto contempla un régimen exclusivo de aplicación al sector agroindustrial que quedó por fuera del amparo del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado con impulso del poder ejecutivo, con el objetivo de atraer inversiones de gran escala en el país mediante el acceso a beneficios económicos y fiscales.
De modo que, la exclusión del sector agroindustrial del RIGI generó controversia, por haberse dejado a un lado un sector de fundamental importancia, por su rol histórico clave como dinamizador de la economía del país. Por ser generador de empleo, con gran impacto por su participación en el mercado exportador de Argentina y como el mayor generador de ingreso de divisas. En ese contexto, y por la ausencia de incentivos específicos para un sector estratégico al quedar fuera del amparo del RIGI, se promovió el Régimen de Incentivo Diferenciado para el Agro (RIDA), apunta a lograr un régimen normativo protectorio, que ponga foco en el potencial de la agroindustria nacional.
El proyecto RIDA busca cubrir la necesidad de crear un régimen normativo diferenciado, que ampare y de beneficios comparables a los proyectos agroindustriales de gran envergadura, que permitan al sector seguir creciendo como motor del desarrollo económico argentino.
RIGI: cómo ingresar y qué sectores están incluidos
Por ende, el proyecto RIDA para el agro apunta a llenar el vacío o laguna normativa dejada por el régimen RIGI, que no contempla fomentar las inversiones y el desarrollo atendiendo las particularidades del sector agroindustrial. Este régimen diferenciado, en caso de aprobarse totalmente, tendría una vigencia de tres años con un rol crucial de impulsar la competitividad del sector. La relevancia y necesidad de mejorar la actividad agro radica en que se da en un contexto de mayor y creciente demanda de productos agropecuarios a nivel global.
La iniciativa promueve las inversiones que apunten a lograr la modernización tecnológica y la sustentabilidad, como ejes en el proceso productivo agroindustrial. Así, el régimen diferenciado RIDA busca mejorar la competitividad en los mercados externos. Fomenta además, que los incentivos y beneficios no sean para una actividad económica crucial, no solo de amparo a los grandes productores, sino además y fundamentalmente, a todas las pequeñas y medianas empresas agroindustriales.
Impacto fiscal en evaluación
En el debate y tratamiento de la iniciativa, el presidente de la Comisión, Atilio Benedetti (UCR), señaló la importancia de lograr un avance en la aprobación del proyecto para su fomento e impulsar el desarrollo de las economías del interior del país. “Hacen falta estímulos para este sector de la economía argentina, que representa el 70% de nuestras exportaciones, y, principalmente, para el interior del país”,remarcó Benedetti.
En la sesión de tratamiento de la Cámara Baja, el diputado Luis Basterra (UP) propuso que sea incorporado un párrafo tendiente a “orientar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional al momento de instrumentar esta herramienta”, puntualizando, además: “Con estas consideraciones, vamos a acompañar el proyecto”. Destacó en su alocución la importancia de lograr una reglamentación precisa que garantice una implementación eficaz.
Por su parte, Nicolás Mayoraz, legislador del bloque de La Libertad Avanza (LLA) dio su mirada por el oficialismo destacando que “el campo es el motor del desarrollo económico y en una situación de crisis como la que está viviendo el sector necesita de herramientas para poder reactivarse. Sobre todo en la coyuntura con la sequía que están atravesando muchas regiones y realmente necesitan algún tipo de ayuda o de régimen especial. Desde el bloque de LLA también nos gusta darles buenas noticias y decirle al campo que apoyamos y valoramos esto”.
Sin embargo, dejó aclarado que desde el bloque que integra prepararon “un dictamen con diferencias de enfoque”, por considerar que “es fundamental evaluar el impacto fiscal con la Oficina de Presupuesto del Congreso”.
RIGI: cuestiones controversiales que generan incertidumbre e inseguridad jurídica
En el mismo sentido, pero por parte del bloque PRO, la diputada Germana Figueroa Casas subrayó: “Sabemos que esto tiene un costo fiscal por lo cual queremos acompañar, pero con disidencia por este tema”.
A su turno, el diputado Francisco Morchio por el espacio Encuentro Federal (EF) destacó entre sus fundamentos que “es necesario destrabar la parte financiera que sufre este sector”, poniendo también de resalto que debe darse “una solución a muchos productores y pymes” del sector que son impactados negativamente limitando el desarrollo agroindustrial argentino.
Por tanto, tras la aprobación en Diputados, el proyecto pasó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para su evaluación previo al dictamen, poniendo énfasis en el potencial impacto económico y fiscal de la iniciativa legislativa.
MVB VFT
