Pablo Domenichini: Por qué la marcha universitaria fue un estallido virtuoso y puso límites a Milei

El diputado Pablo Domenichini sostuvo que ni el Pacto de Mayo ni la Ley Bases contemplan artículos que garanticen el financiamiento universitario, pero destacó la labor de los legisladores que plantean "la necesidad de que la educación sea un punto a tener en cuenta". "No recordamos una marcha tan masiva y con características tan transversales y espontáneas por parte de la ciudadanía, que salió a defender lo que entiende que es un valor ganado", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) en referencia a la marcha universitaria del pasado 23 de abril. 

Pablo Domenichini es diputado por la Provincia de Buenos Aires y rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown de Almirante Brown. Fue secretario general de la Unión Cívica Radical bonaerense, director de Desarrollo Universitario en el Ministerio de Educación de la Nación en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, y secretario de Políticas Universitarias de la misma cartera en 2018. Además, fue presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en 2008.

Este lunes, el Gobierno se reunirá con el Consejo Universitario Nacional para acordar un nuevo presupuesto. ¿Cuál es la expectativa que tiene de lo que va a resultar de este encuentro con las autoridades de la Secretaría de Educación?

Lo cierto es que tenemos, todos los rectores, la expectativa de poder avanzar hoy en la reunión que se va a dar con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, en lo que ya ha sido una resolución firmada para la Universidad de Buenos Aires, que cuenta una actualización del 270% en gastos de funcionamiento.

La expectativa es poder formalizar hoy el acuerdo de esa misma actualización para el resto de las universidades nacionales, lo cual entendemos como un avance y un reconocimiento del Gobierno a lo que las universidades veníamos planteando, y que fue uno de los puntos que dio origen a la marcha masiva el día 23 de abril, que tiene que ver con el ahogo presupuestario que veníamos sufriendo en este ítem, que es el que permite abrir y cerrar las puertas de nuestras universidades.

Lo explico resumido, pero el gasto de funcionamiento es la parte presupuestaria con la cual las universidades pagamos tarifas, hacemos mantenimiento, etc. No está ahí el pago de salarios. Así que la expectativa es poder avanzar con el Gobierno en este reconocimiento que ya ha sido dado para la UBA, para que sea para todo el resto de las universidades.

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¿A qué atribuye que el Gobierno haya decidido hacerlo primero con la UBA y después con las demás universidades públicas?

Quizás el desconocimiento que parece haber por parte del gobierno, a veces de cómo funciona el sistema y también en el marco de lo que fue una sucesión de posturas que buscaban deslegitimar a la universidad pública y a las razones del conflicto.

Iniciamos, lamentablemente, esta discusión con el Gobierno en el no reconocimiento del ahogo presupuestario, con el propio vocero presidencial diciendo que no existía tal ahogo y que las universidades contaban con la plata para funcionar, cuando veníamos de más de 400% de inflación acumulada desde enero del 2023 y sin ninguna actualización en la partida presupuestaria, pasando por “en las universidades se adoctrina” o “el problema es la auditoría”. Bienvenido sea que ahora haya un reconocimiento explícito de la necesidad de actualizar el presupuesto universitario y de la resolución para con la Universidad de Buenos Aires. Esperemos que hoy se dé con el resto.

Yo entiendo que primero se dio con la UBA porque, vuelvo a decir, en el desconocimiento del Gobierno quizás habrán entendido que, resolviendo en parte la situación planteada para con la UBA, el conflicto y la visibilidad pública de la discusión iba a bajar. Lo cierto es que el sistema universitario argentino es amplio y federal.

Bienvenido sea que la UBA haya marcado el rumbo, y que el Gobierno haya tenido que reconocer esto para con la UBA, porque era lógico que después iba a tener que reconocerlo para con el resto de las universidades.

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Absolutamente. Hemos pasado por distintos estamentos de la vida universitaria, yo tuve el honor de presidir la Federación Universitaria Argentina que nuclea a los estudiantes universitarios, y no recordamos una marcha tan masiva y con características tan transversales y espontáneas por parte de la ciudadanía, que salió a defender lo que entiende que es un valor ganado, o un estallido virtuoso por parte de la universidad, que brinda igualdad de oportunidades y genera conocimiento.

La marcha fue un punto de inflexión que hizo que el Gobierno cambie su narrativa en cuanto al conflicto y busque soluciones, que es lo que debería haber hecho desde un principio, porque además todo el sistema universitario en realidad quiere tener las condiciones para cumplir sus funciones esenciales para que la universidad pueda seguir generando todo lo que genera.

Creo, además, que la marcha fue tan contundente y tenía varias razones y puntos que la fundamentaban. Hoy estamos abordando uno de ellos con el Gobierno, quizás el más urgente, que era la actualización de gasto de funcionamiento, pero quedan todavía abordar otros puntos muy importantes, como el poder adquisitivo del salario de los trabajadores universitarios que ha perdido en relación a la inflación en estos últimos cinco meses cerca de un 40%. Así que hoy también los rectores, más allá de entender como un avance la actualización del 270% de gasto de funcionamiento, le vamos a pedir al Gobierno que convoque paritarias, que pueda ponerse de acuerdo con los gremios y que haya recuperación del salario de nuestros trabajadores, tanto docentes como no docentes. 

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¿Es correcto decir que hay cierta forma de anclar esta decisión del Gobierno a la necesidad de aprobar la Ley Bases en el Congreso?

No creo que una cosa tenga directamente que ver con la otra. Sí creo que hay varios legisladores que vienen planteando de manera correcta, según nuestra mirada, la necesidad de que la educación sea un punto a tener en cuenta, digamos, a priorizar en el marco de las políticas públicas. Lamentablemente veíamos el, hoy postergado, Pacto de Mayo, donde en ninguno de los 10 puntos aparecía la cuestión educativa, o la Ley Bases, donde no hay con claridad un articulado o alguna parte de ella, que garantice el financiamiento universitario. Entonces creo que hay varios legisladores que vienen planteando de manera correcta que es necesario discutir y legislar para dar previsibilidad al sistema.

No creo que una cosa esté directamente relacionada con la otra, me parece que la Ley Bases es muy amplia y hay tantos puntos a mejorar, o por lo menos a debatir, que la aprobación o no va a pasar por otros temas importantes.

MVB VFT