Osvaldo Giordano criticó la decisión del presidente de vetar la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso y, aunque reconoció que el proyecto tenía debilidades, aseguró que un veto parcial hubiera sido lo más adecuado. Además, explicó que el costo de ajuste de la reforma previsional podría haberse compensado con el bono que paga el Gobierno actualmente. También señaló que la ley no resolvía el problema del financiamiento de las cajas previsionales provinciales, lo que perpetúa la desigualdad entre provincias que reciben ayuda de ANSES y las que no, y que podría haberse incluido un mecanismo de financiamiento para estas. “Había, en Diputados, una alternativa de financiamiento, que era usar los activos del Fondo de Garantía para pagar este pasivo que tiene el ANSES, pero eso no salió”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Osvaldo Giordano es presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Estuvo a cargo del ANSES y, durante mucho tiempo, a cargo de las finanzas de la provincia de Córdoba.
Alejandro Gomel: El tema importante de las últimas semanas está siendo la reforma previsional y la lucha entre el Legislativo, que aprueba la movilidad jubilatoria, y el Ejecutivo, que lo veta. Estamos muy interesados en su visión de lo que viene ocurriendo. ¿Fue acertado lo del Presidente?
Creo que es lamentable lo que está pasando. Planteamos en un informe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, que el proyecto tenía puntos débiles y se podía haber hecho mejor pero, sancionado el proyecto, lo mejor que podía hacer el Ejecutivo era aprobarlo con algún veto parcial para corregir alguna de las deficiencias. Pero, en general, era una oportunidad para resolver un problema que vamos a seguir teniendo si se veta, que es que la movilidad está regulada por un DNU, y eso es una debilidad enorme desde el punto de vista jurídico y una gran oportunidad para que se reactive la industria del juicio previsional.
Me parece malo lo que está pasando, porque es una oportunidad para resolver uno de los muchos problemas que tiene el sistema previsional con lo cual nos aleja de las soluciones de fondo, que es lo que necesita la Argentina.
AG: Desde el Gobierno se justifica el veto por el punto de vista fiscal. Según decía Milei, era un “descalabro fiscal para la Argentina”. Ustedes estudiaron el tema, ¿significaba un descalabro desde lo fiscal?
Mirá, si se instrumentaba bien, no, porque el principal problema era corregir el mal empalme entre la vieja fórmula y la nueva fórmula. Esto de que en enero se dio un aumento del 12% cuando la inflación fue más del 20%, y corregir eso tiene un costo de un 7,2% que según como lo explicamos nosotros en el informe, el Gobierno tiene herramientas para compensarlo.
Lo explico muy rápidamente: el Gobierno hoy está pagando un bono de manera discrecional de 70 mil pesos, que equivale al 14% del gasto, con lo cual, si ese bono lo administra y focaliza mejor y no se lo paga a todos, sino solo a los jubilados que no tengan otro ingreso y que realmente estén en estado de vulnerabilidad, podría compensar ese aumento del 7%, de manera que no tenga impacto sobre las cuentas públicas y se quede con una resolidez jurídica que hoy no tiene, que es que esté sancionado por la ley y no por DNU.
Creo que hay herramientas para instrumentar la ley sin comprometer las cuentas públicas sino todo lo contrario, fortaleciendo las cuentas públicas, porque como decía al principio, el esquema de DNU es muy vulnerable desde el punto de vista jurídico y, por lo tanto, muy vulnerable desde el punto de vista de los gastos que va a generar a futuro.
El Gobierno otorga un nuevo bono para jubilados tras vetar la ley de movilidad jubilatoria
Elizabeth Peger: Mencionaba que había algunas cuestiones de la ley con las cuales no estaba tan de acuerdo ¿Cuáles son esas cuestiones? Y quería preguntarle puntualmente por el tema de cajas provinciales, porque escuchaba en los últimos días unas declaraciones del gobernador de Córdoba en las que advertía no que hubo un recorte, sino que habían recibido cero pesos de parte del Gobierno nacional para el financiamiento de estas cajas.
Efectivamente ese es un problema serio que se está acumulando, hay una deuda. Nuevamente, eso no aparece en las cuentas que mensualmente muestra el Ministerio de Finanzas, pero hay una deuda que no está pagando ANSES y que en algún momento la va a tener que pagar.
Ahora, la verdad es que el proyecto no aportaba nada, porque lo único que decía era un enunciado genérico sobre que el ANSES pague, pero no le preveía un financiamiento, con lo cual, en la práctica, no resolvía el problema. Ese es uno de los puntos débiles de la ley.
En su momento, en la discusión en Diputados, había una alternativa de financiamiento, que era compensar esa deuda por los activos del Fondo de Garantía. Es decir, usar los activos del Fondo de Garantía para pagar este pasivo que tiene el ANSES, pero eso no salió y terminó saliendo un artículo sin implicancia.
Por lo tanto, en la práctica van a seguir teniendo este problema, Llaryora y todos los gobernadores. Se está acumulando un pasivo que está generando un enorme problema a las cuentas de las provincias y una enorme discriminación, porque ANSES cubre el déficit de las cajas transferidas, pero no cubre el déficit de las que no lo hicieron, generando un trato muy arbitrario entre unas provincias y otras.
Por qué la caída de recaudación en las provincias es peor que a nivel nacional
EP: Ayer se conocieron los datos formales oficiales de la recaudación, y a esto se suma un nivel de caída de la coparticipación importante, ¿no?
Por supuesto. A las provincias, como le pasa también a la Nación, esta caída en la recaudación les genera un enorme desafío, pero en algunas provincias, como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras provincias que tienen cajas, se agrega este problema de la arbitraria decisión de ANSES de no cubrir los déficits. Con lo cual se potencian los problemas de una manera muy injusta, porque hay provincias que el déficit se lo cubre ANSES y otras no.
EP: Ayer se celebró el Día de la Industria. Estuvo el Presidente en el acto de la Unión Industrial y hubo críticas al sector. Desde el sector están renovando su preocupación por la caída de la actividad y que el repunte no es todo lo que esperaban. Sobre todo encienden una luz de alarma respecto del impacto que puede tener esta rebaja del Impuesto País. ¿Ustedes lo evaluaron? ¿Qué nos pueden decir sobre eso?
Sí, efectivamente.
El Impuesto País es un mal impuesto, partamos de eso, y que es necesario, importante e imprescindible eliminarlo. Ahora, en las actuales circunstancias, va a tener un efecto positivo en algunos sectores que son, por ejemplo, los que importan insumos, que van a tener un alivio, porque va a ser más barato importar, pero va a generar un problema adicional al que ya tienen a quienes compiten con importación, es decir que producen un bien que puede ser sustituido por una importación que ahora va a ser más barato por la baja del Impuesto País.
Entonces, lo que en general está bien en ese impuesto, en este momento, tiene esa implicancia que para algunos es bueno para otros malos, y reaviva el tema del tipo de cambio, que es que se le está haciendo cada vez más difícil a algunos sectores competir con productos importados.
A lo cual, el Gobierno correctamente dice que la devaluación no es solución, porque lo que la devaluación genera es más inflación y puede ser una solución paliativa de corto plazo pero no una solución de fondo. Pero del otro lado, dice que hay un montón de factores que admite el Estado, como malos impuestos, falta de infraestructura, malas regulaciones y problemas con la legislación laboral, que deberían ser resueltos para así tener competencia más transparente y con productos importados, que todavía son tareas pendientes.
MVB FM
