Los comercios presentaron sus condiciones al Gobierno
La Cámara Argentina de Comercio, mediante una carta presentada al secretario de Trabajo, Julio Cordero, dejó asentada la postura de los empresarios para la revisión de algunos aspectos referidos a la nueva reforma laboral.
Julio Cordero secretario de trabajo |
Cedoc Perfil
Los empresarios de comercios argentinos, nucleados por la entidad que los representa, dejaron planteados distintos puntos concretos que serían la condición para dar conformidad y que se pueda avanzar en la nueva reforma laboral impulsada por la gestión del presidente Javier Milei. Precisamente, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), mediante una carta dirigida al secretario de Trabajo, Julio Cordero, le solicitó al Gobierno Nacional la revisión de cierto articulado que fue eliminado del capítulo de modernización laboral incorporado en la Ley Bases, recientemente aprobada en el Congreso.
La entidad que agrupa a los trabajadores del sector de comercios y servicios, dirigida por su presidente Mario Grinman, tomó la delantera del reclamo y envió una carta al titular de la cartera de Trabajo de la Nación. Lo requerido al Ejecutivo gira en torno a la incorporación de nuevas medidas que sirvan para complementar el capítulo de modernización laboral y agilizar el procedimiento de reforma que impulsa el Gobierno libertario.
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De modo que, este miércoles el Gobierno se reunió con empresarios del sector privado para analizar los posibles avances y definir la reforma laboral. Con esa finalidad, los representantes de las principales cámaras empresariales del sector conocido como el Grupo de los 6 fueron recibidos por funcionarios y se estima que, en los próximos días, podría llevarse adelante una mesa de diálogo tripartito con los sindicatos. Destaca la carta presentada que la CAC se dirige en virtud de la recientemente sancionada Ley Bases y “los efectos en el marco laboral a partir de las reformas que finalmente han sido aprobadas”.
También pone de resalto que los sectores que representan (Comercio y Servicios), de conjunto, “generan el 63% del PIB y el 66% del empleo privado registrado”, pudiendo la CAC poner en conocimiento los “múltiples desafíos que registra el panorama laboral”. Así, “a problemas preexistentes, informalidad, bloqueos y tomas de empresas, falencias en la formación, escaso dinamismo del empleo privado, problemas de accesibilidad, inseguridad jurídica, litigiosidad, entre otros, en los últimos meses, se sumaron las consecuencias del necesario reordenamiento fiscal y monetario”, implementado por el actual Gobierno.
Una carta, varios pedidos
El documento presentado por la Cámara es concreto al reconocer como positiva la aprobación de la Ley Bases, considerando dicha instancia “un primer paso trascendental para terminar con el inmovilismo y la rigidez de nuestro sistema de legislación laboral”. Definió como un “paso en el camino correcto” que prestó “la debida atención a un punto importante como fue el tema de los bloqueos y tomas de establecimientos”.
No obstante, los empresarios del sector son coincidentes al concluir que queda mucho por hacer y sobre lo cual trabajar. En ese sentido, el titular de la CAC precisó: "Entendemos que quedan pendientes algunos temas que necesariamente deberán abordarse en el tiempo más inmediato posible. En esencia, para colaborar con el mantenimiento de numerosas pymes que ven afectados sus costos laborales de manera creciente". Documento que destaca la necesidad de avanzar sobre los puntos a debatirse.
Este miércoles, en la reunión del G6 de los empresarios del sector privado con Cordero, señalaron: “Siendo firmantes del Convenio Colectivo de Trabajo más numeroso de la Argentina (CCT 130/75) y conociendo en profundidad las dificultades del marco laboral argentino”, la Cámara destacó las que el ente considera “son cuestiones a tratar y reformar” que quedaron fuera después de la modificación del proyecto original de la Lay Bases.
Las 6 cuestiones prioritarias
La actualización de los créditos laborales fue el primer punto de los seis destacados por la CAC, para su reconsideración del articulado sobre el tema específico. Puntualmente, señala la carta que la ley establecía que los "créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo podrán ser objeto de actualización, repotenciación y/o aplicación de intereses, pero el resultado de estas operaciones en ningún caso podrá ser superior al que resulte de actualizar el capital histórico por IPC con más una tasa de interés pura del 3% anual".
También establecía que “los empleadores que califiquen como micro, pequeñas y medianas empresas (conforme Ley 24.467) tienen la posibilidad de pago de sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas, ajustadas del modo establecido en el párrafo anterior". Este artículo “quedó fuera de la redacción final, siendo el tema de la actualización de los créditos laborales quizá el más importante, ya que trae aparejado altísimos costos ante cada sentencia laboral condenatoria, en especial dentro del ámbito de las pymes”, señala Grinman. Y solicitan “el dictado de una nueva legislación de manera inmediata”.
La reglamentación del Fondo de Cese laboral, se señala como el segundo ítem o cuestión relevante para ser discutida. La CAC señala en su carta que “la conformación vía CCT de un sistema de fondo o cese laboral, no tiene el consenso de todo el arco empresario”, a la vez que “la propia Ley de Bases no lo impone en forma generalizada, sino que lo deriva al protocolo de la negociación colectiva, conforme las características y necesidades de cada actividad”. Grinman destaca que el fondo de cese puede servir “para ahorrar costos empresariales, se procura la rápida reglamentación”.
La entrega de certificados y recibos de haberes, contempla el tercer punto de debate. Es que en su redacción final la ley “dejó de lado cuestiones de gestión administrativa que hubiesen servido para ahorrar costos y fundamentalmente para agilizar el trabajo”. En ese orden, la CAC pide la confección y entrega para que “se lleven a cabo mediante sistemas digitalizados, teniendo la misma validez que el formato papel”. La revisión es requerida “a fin de procurar evitar costos innecesarios que afectan diariamente a las empresas, en especial a las pymes” y que no alteren “su desarrollo y existencia”.
El Régimen legal del contrato de Teletrabajo, por otra parte, es señalado como cuarta cuestión a reevaluarse, atento que “la norma padeció de determinadas rigideces que la redacción original de la Ley de Bases intentó corregir, pero no tuvo acogida en la redacción final”.
El diálogo social, es la quinta cuestión a reverse. La CAC pide puntualmente “la convocatoria de todos los actores sociales a mantener una apertura de diálogo social", con la participación de la representación en el país de la OIT. "Se debería bregar por dos cuestiones esenciales dentro del futuro del ámbito de las relaciones laborales: la productividad de nuestra economía y el concepto de capacitación y formación profesional de los trabajadores", advierte Grinman.
La declaración del transporte y la educación, en todos sus niveles, como “servicio esencial”, es destacada como la sexta cuestión a debatir, algo fundamental para el comercio y para “garantizar una prestación mínima de aquellos servicios del 75%”. Y agrega la carta: “A su vez, los servicios bancarios y actividades vinculadas a servicios de exportación, también deberían incorporarse”. La interrupción en su totalidad “afecta gravemente a los comerciantes” con la “disminución del tránsito de peatones, sumado a las dificultades que padecen los trabajadores para desplazarse a sus empleos”.
Resta ver si el ala dialoguista de la CGT se acerca a consensuar en la mesa tripartita de Cordero, cuando se reúnan en apenas días.
