En la primera semana de agosto se espera comience el debate en el Senado del proyecto de ley previsional sometido a debate por la oposición dialoguista, que contó con el apoyo de más de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y busca implementar un nuevo método de cálculo para la actualización de jubilaciones y pensiones. En ese marco, el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea en su último informe reveló que dicho proyecto opositor se presenta como jurídicamente más “sólido” al compararlo con el contenido en el DNU 70 oficialista.
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El estudio de los economistas del IERAL señala que “la fórmula de movilidad vigente hasta marzo del 2024 era compleja, poco transparente”. A la vez, señaló que su diseño generó “una profunda licuación de los haberes previsionales en el marco de una fuerte aceleración inflacionaria”. De modo que, “la reacción del gobierno de Javier Milei fue establecer, a través de un DNU, una nueva regla de movilidad a aplicarse a partir de abril del 2024”. Y agrega: “La principal innovación es que las jubilaciones pasan a actualizarse mensualmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.
No obstante, los analistas que realizaron el informe destacan que “más allá de la pertinencia del cambio, el DNU adolece de debilidades que lo hacen vulnerable a posibles juicios contra la ANSES”. Entre los puntos débiles que “generan un terreno fértil a la litigiosidad” se encuentra el hecho de que la movilidad previsional sea discrecional y no una creación del Congreso. Asimismo, que los haberes previsionales se ajusten mensualmente “con la tasa de inflación de 2 meses atrás” es otro punto controversial. A eso se suma, que el decreto presidencial no incluyó la aplicación de la fórmula de movilidad para calcular el haber inicial al actualizar las remuneraciones de los últimos 10 años.
El proyecto opositor
En ese sentido, el informe IERAL señala que “el proyecto con media sanción en Diputados mantiene la actualización de haberes frente a la inflación, con dos meses de rezago”. Además, destaca que entre sus principales impactos, se establece que “la actualización mensual por inflación se aplicará un ‘incremento compensatorio’, o un bono, equivalente al 50 % de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del año calendario anterior en marzo de cada año”.
Es entonces que esta suma compensatoria que paga el Gobierno como un bono mensual de $70.000 para jubilados que perciben la mínima, puede ser la moneda de cambio para limar diferencias entre los proyectos oficialista y opositor.
La escuela de negocios y economía de la Fundación Mediterránea remarca que “desde el punto de vista de la solidez jurídica, el proyecto tiene sustanciales ventajas respecto al DNU 70/23” de Milei. Profundizó en detalle, explicando: “Ello, no solo porque una ley es el instrumento que exige la Constitución, sino porque corrige las principales debilidades que contiene el diseño del decreto”.
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Impacto positivo en la sostenibilidad fiscal
El IERAL destaca que el proyecto opositor “mejora el empalme con la vieja fórmula de movilidad” al incorporar la inflación de enero “de manera plena”, no parcialmente como el DNU. Además, el proyecto “reduce las probabilidades de juicios y, por esta vía, tiene un impacto positivo sobre la sostenibilidad fiscal”.
El estudio argumenta que si bien la iniciativa busca aplicar aumentos en los haberes, en paralelo, “reduce gastos futuros porque baja las oportunidades de juicios contra la ANSES”. Pero también aclara que “la evaluación cuantitativa es compleja porque en la contabilidad pública las erogaciones asociadas a los juicios se registran en la instancia que se pagan y no en el momento que se producen los hechos que dan motivo al gasto”.
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También explicar los analistas en su informe que para explorar alternativas que permitan “evitar que los factores de expansión del gasto previsional colisionen contra el objetivo de equilibrio fiscal”, hay que reparar en que la masa previsional se integra por dos componentes: los haberes previsionales (rígido sujeto a la ley de movilidad) y el “bono o complemento previsional que opera como un adicional de hasta $70.000 para quienes cobran los haberes más bajos”.
Este bono se paga de manera generalizada, sin ninguna evaluación socioeconómica del beneficiario, y es “administrado discrecionalmente por el Poder Ejecutivo”.
Focalizar mejor el bono
“El bono equivale a aproximadamente al 14% de la masa previsional total”, dice el estudio. Añade que “existe la posibilidad de compensar total o parcialmente la expansión del gasto de corto plazo”, que implica implementar el proyecto, si vía decreto “se focaliza mejor el bono”. Es decir, se puede compensar el incremento en las erogaciones que implicaría aplicar los ajustes previstos en el proyecto si simultáneamente, se regula más rigurosamente la determinación de los beneficiarios del bono”.
Por tanto, si se aplicara una focalización más precisa del beneficio, podría contribuir en la generación de recursos para dar cobertura al incremento del gasto previsional que establece la ley de movilidad previsional, sin que tenga un impacto significativo que desvirtúe el superávit fiscal logrado.
Respecto de la sostenibilidad del gasto previsional, luego de incorporadas las reglas previstas en el proyecto y desde una “una perspectiva histórica el total de erogaciones se ubicaría por debajo del promedio de los últimos años, en el nivel que tenía antes de la masiva incorporación de beneficiarios con moratorias”.
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El estudio afirma que “el proyecto permite corregir, en parte, el desvío que se produjo en las erogaciones del sistema previsional en los últimos años”. Adicionalmente “hay que tener en cuenta que en la medida que el PBI crezca, esta proporción tenderá a bajar de manera que se fortalecerá la sostenibilidad financiera”.
“El proyecto mejora la sostenibilidad financiera del sistema previsional porque corrige las principales debilidades del DNU”. El IERAL destaca que el principal aporte “es ganar en seguridad jurídica y de esa manera evitar juicios que aumenten los pasivos de la ANSES”. También destaca como un punto en ventaja del proyecto: “la conveniencia de focalizar el incremento compensatorio, es decir, el ajuste anual en función del salario real del año anterior, sólo en los jubilados que accedieron al beneficio sin utilizar moratorias y cobran un solo beneficio.
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Que a este grupo de jubilados se les reconozca el 100% del incremento del salario real, y no el 50% que prevé el proyecto, es una manera de reponer, al menos en parte, la inequidad que subyacen en las moratorias que incorporaron de manera indiscriminada al régimen contributivo personas que deberían ser cubiertas con un régimen no contributivo, señala el IERAL.
TV FM
