Eugenio Semino explicó que la Constitución señala que un veto debe hacerse dentro de los 10 días de sancionada una ley, pero advirtió que se puede atacar judicialmente la decisión en caso de no estar fundamentada de manera coherente. Destacó que la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, en los últimos cuatro años, es del 45%, y el haber mínimo no cubre las necesidades básicas. Además, si bien festejó la sanción de la movilidad jubilatoria, sostuvo que no contiene cambios suficientes como para mejorar la situación de los jubilados. “La ley tiene puntos interesantes y otros que no constituían la mejora sustantiva de la situación actual, pero vale la pena señalar que se completaría un pago correspondiente a recuperar parte de los 20 puntos de la inflación del mes de enero”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Eugenio Semino es gerontólogo, defensor de la Tercera Edad y fundador de la asociación Gerontovida.
Alejandro Gomel: Cordera recordaba el nombre de Norma Plá, una histórica dirigente de los jubilados que peleó en la década del '90, cuando Cavallo era el ministro de Economía. Ahora, ¿qué se está viviendo a esta hora? Se va a vetar la ley de movilidad jubilatoria. Hace un ratito hablábamos con referentes de la CELAG, que hablaban de la pérdida que tuvo la jubilación en este año, con jubilados que cobran la mínima perdiendo alrededor de 700 mil pesos en los últimos siete meses. La situación, me imagino, está en un punto crítico.
Sí, en realidad sigue el tobogán. En cuatro años, incluido este período, el haber jubilatorio perdió 45% del poder adquisitivo.
Es una situación que, desde la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología la catalogamos, desde hace dos años, de crisis humanitaria, no solo por lo económico. En lo económico hoy tenemos 5 millones de jubilados y pensionados, cobrando un haber de, con el pago en negro llamado bonos incluido, 190 mil pesos al día de hoy. Tenemos muchos más de pensiones no contributivas, y pensiones no contributivas de personas con discapacidad están percibiendo 230 mil pesos. Por lo cual están por debajo de toda línea de pobreza y muy por debajo de la posibilidad de la cobertura de su canasta de necesidades básicas.
Esto se siguió agravando porque en los siete meses que se discutió la ley, que se sancionó recientemente, el haber de los 6 millones, a los cuales hago referencia, se siguió licuando. Uno dice, ¿pero cómo puede ser si se aplicó IPC? Por lo menos no perdieron respecto a la inflación. Bueno, esto no es así, porque como está instalado como política de Estado el pago no remunerativo, llamado bono, desde hace dos años y dos meses, lo que se ha hecho es, por ejemplo, congelar ese pago. El jubilado este mes cobró los mismos 70 mil pesos de no remunerativo que cobró en marzo. Por lo cual, cuando percibió el 4.6%, sobre el total, se le convirtió en 3.2%, porque nunca hubo reajustes sobre esa suma.
Así que ante este deterioro brutal, que es de data prolongada, llegamos a un punto, que es el actual, donde se discutió la ley, se sancionó, tiene algunos puntos interesantes, otros que no constituían la mejora sustantiva de la situación actual que describí, pero vale la pena, primero, señalar que se completaría un pago correspondiente a recuperar parte de los 20 puntos de la inflación del mes de enero.
Senadora Álvarez Rivero: "Votaron la movilidad sin responsabilidad para tener un minuto de gloria"
AG: Esa es la gran discusión, todo lo que se perdió en el cambio de movilidad, en el cambio de fórmula.
Sí, ahí en realidad es casi simbólico porque el Ejecutivo dio un reajuste para recuperar parte de estos 20 puntos, el 12.5%, y la sanción actual agrega, los diputados dicen 8 puntos pero son 7.2%. En términos de plata, para los 5 millones es la mínima, son 18 mil pesos y para el millón restante y las co-contributivas, son 13 mil pesos. Ahora, en realidad esto, por lo que fue la licuación que siguió de haberes durante los siete meses, no tiene un costo fiscal extra para este año, pero tampoco mueve el amperímetro del estado de extrema miseria y necesidad que sufre el sector.
Después sí incorporan cuestiones que son las que mueven al Ejecutivo a ser tan vehemente con el tema del veto. Uno de ellos es, y es fundamental, nosotros lo tenemos judicializado hace ya dos años, la incorporación del pago en negro, del bono, como parte de la remuneración. Esto es importantísimo porque esta suma pierde la discrecionalidad.
El bono, ese pago no remunerativo, si ustedes ven el discurso del año pasado, el 2023, seguía el ritmo de las elecciones. La inflación subía y al mes siguiente caía. El ajuste era de 140% y la inflación 211%.
Claudio Mardones: Usted hablaba de que tiene algunos puntos interesantes sin perder de vista, que es la diferencia en esta situación de depreciación de los ingresos y el impacto de la inflación se achica mucho. Ahora, ¿cuáles son para usted los puntos rescatables de esta sanción del Congreso que, al menos hasta ahora, se sigue asomando al veto?
Uno es el que señalaba, el bono. Una cosa insólita.
Otro es que si bien ratifica como pauta de reajuste IPC, señala que a fin de año, si el RIPTE, es decir, la variación del salario de los trabajadores activos, aumentó más que el IPC, esto generaría una compensación de un 50% de esa diferencia para el mes de marzo, una corrección. Esto es importante.
Vayamos a la hipótesis que tiene el IPC solo, como está planteado ahora. Si se llega a cero de inflación, seguramente festejaremos todos los argentinos, menos a los jubilados, porque implicaría que quedan congelados en la actual situación. Así que es importante, y tampoco le gusta el Ejecutivo la variación salarial.
Son mentira los números que se hacen respecto al costo fiscal. Porque, si hay aumento de salarios, lo que ocurrirá también es una activación de la economía. Y por otra parte, esos aumentos de salarios conllevan al aumento de la recaudación de ANSES por aportes y contribuciones. Así que hay una fuente de compensación.
Mientras que el Ejecutivo dice que hay un impacto fiscal en 1.5% del PBI, la oficina de Presupuesto del Congreso habla de bastante menos, 0.43%. Yo consulté con ellos, de todos modos, y es una hipótesis del trabajo, por esto que estaba comentando. Hay que ver cómo se da esa ecuación si hay crecimiento de la economía y más recaudación, por lo cual no es ese costo fiscal al cual se alude.
Luego habla de una obviedad, que es el pago de sentencias. Hace casi tres años que ANSES no paga sentencias firmes. Antes de ayer estuve con el presidente de la Corte, en un acto que no tenía que ver con la Seguridad Social, y me comentaba que habiendo aplicado multas y demás, aun así, el Estado no paga. Más allá de que está en la ley que dentro de los 120 días hábiles tienen que pagar, no pagan. Me parece que ratificarlo a través de esta ley es correcto.
El otro tema es, un gran tema de hace muchos años, la deuda con los 13 institutos provinciales que tiene ANSES, y que es monumental. Hubo un intento de acuerdo con las provincias y los institutos en el '16, que luego no se concretó. Y eso sí es un volumen impresionante de dinero, de cientos de miles de dólares. Creo que ahí debe entablarse una negociación en términos de la coparticipación y demás que son los grandes temas pendientes que exceden la Seguridad Social.
CM: Ahora eso, el tema de las deudas con las cajas previsionales no transferidas, ¿usted cree que va a terminar en la justicia también? Porque ya hay casos abiertos.
Hay muchas que están en la justicia. Santa Fe inclusive está con sentencia de la Corte, y en San Luis pasa algo parecido. En realidad, si no hay acuerdos de cómo salvar esa deuda, va a ser muy difícil resolverla. Por eso se formó a través de los años, y por otra parte es acumulativa.
Esto es lo que daría un paso a, luego, pensar una reforma estructural donde hay que analizar en conjunto una cantidad de variables que no es esa pavada que se dice la edad de la mujer o los cinco años antes. Me tocó participar en varios países de reforma, y las variables que hay que analizar son siempre entre 115 y 120. Así que eso hay que verlo en conjunto.
Respecto al veto, me parece que es un resabio monárquico, pero al margen de eso es constitucional. Lo que dice la Constitución es que se tiene que hacer dentro de los 10 días, y de lo que se habla poco es que tiene que estar fundado y el fundamento tiene que tener razonabilidad. Porque si no puede ser atacado judicialmente. Así que es uno de los temas a observar.
Nosotros, en particular, lo estamos viendo con el constitucionalista, con el cual hemos hecho amparos colectivos más de una vez desde la Defensoría, Andrés Gil Domínguez, pero estamos pendientes de ese texto.
Por otra parte, el 50% de la responsabilidad restante para que siga siendo ley le corresponde al Legislativo. Si no se transfuga ningún voto de los que aprobaron, de los que sancionaron la ley, se cae el veto.
MVB VFT
