“El Presidente debe asesorarse antes de hacer afirmaciones y debe dejar de insultar y provocar a cualquier persona que diga algo en contra de sus afirmaciones. Si esto no sucede, las instituciones de nuestra república tienen que poner un límite por el bien del sistema democrático y de la investidura presidencial. Sería una tragedia para nuestro país que la palabra del presidente sea un objeto de burla tanto para nosotros, como para el resto del mundo. Por lo tanto, decir que habría 95% de pobres y 17.000% de inflación, o que las universidades son para los ricos o la clase media alta, son disparates”, sostuvo Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 14 de octubre de 2024.
“Salir de pobre”, como suele decirse, es el sueño de millones de personas en el mundo en general y de Argentina en particular.
En los barrios populares de nuestro país históricamente hay dos perspectivas para salir de la pobreza: ser bueno con la pelota o estudiar. Por un lado, la figura de Diego Armando Maradona y otros futbolistas como Carlos Tévez o Ángel Di María que salieron de barrios carenciados y, a través de su talento, hicieron carreras millonarias, sigue ilusionando a camadas de niños en todos los barrios que se van “a probar” a los distintos clubes.
Por el otro, se sabe que si se estudia, si hay esfuerzo y dedicación se puede salir adelante estudiando una carrera en la universidad. Además, desde hace 20 o 30 años, según la zona, hay facultades en las localidades de muchos barrios populares. Según el presidente Javier Milei, esto último es un mito y las universidades son solo para los hijos de los ricos.
Luego, vamos a tratar de entender qué quiere decir con “rico”, pareciera que “rico” para el Presidente podría ser todo aquel que gana más de un millón de pesos. Sin embargo, los datos que ofrecen las matrículas de las universidades del conurbano por ejemplo, desmienten esta afirmación.
Milei, en el Palacio Libertad: "Hicimos civilización de la barbarie"
Primero, analicemos la afirmación del Presidente en el “Palacio Libertad” el 12 de octubre de 2024: “La verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a la clase media alta y a los ricos”. Además, sostuvo que “el mito de la universidad gratuita” es un “subsidio de los pobres a los ricos". "La universidad se convirtió en un obstáculo para la movilidad social", agregó el Presidente.
Según lo que dice el Presidente, pareciera ser que la sociedad argentina se divide en 50% de pobres y 50% de ricos clase media alta o clase alta, como si no hubiera ningún intermedio de clase media baja o clase baja.
Tomaron la Universidad de La Matanza, entre incidentes y firmes repudios de los estudiantes
En la Universidad de La Matanza, con una matrícula de más de 60 mil estudiantes, el 80% son de primera generación universitaria. Obviamente, esto no quiere decir que a esas personas no les alcanza para comer, porque si obviamente no les alcanzara para comer no podrían ir a la universidad, pero Javier Milei habla como si no hubiera grises en el medio entre que a uno no le alcance para comer o que sea clase alta o media alta.
En la Universidad de Hurlingham, con una matrícula de más de 30 mil estudiantes, el 90% es primera generación universitaria, y así hay otras 22 universidades en el conurbano y otras en el interior del país.
Esto no significa que en facultades tradicionales como la Universidad de Buenos Aires, de la Plata o de Córdoba no haya primeras generaciones universitarias. En la UBA hay un 38,6% de estudiantes que son primera generación universitaria, mientras que en la Universidad Nacional de Córdoba es del 46%.
A continuación, vamos a analizar algunos videos institucionales de estas universidades y de la impronta de ascenso social que tienen.
La Universidad Nacional de La Matanza, cuando cumplió 30 años, realizó un video revalorizando a la institución donde destaca a “los jóvenes, portadores de sueños e ilusiones, hijos de obreros, en su mayoría, con anhelos de un mundo mejor”. Además, cuenta cómo un grupo de amigos, cansados de viajar desde lejos de sus hogares para poder estudiar una carrera universitaria tuvieron una idea clara: La Matanza necesitaba su propia universidad. “La toma de conciencia fue necesaria para que las fuerzas comunales y vecinales pujaran en conjunto por la creación de una institución educativa de calidad. La decisión política se tomó el 29 de septiembre de 1989, cuando el Congreso fue testigo de la sanción de la Ley 23.748. La universidad estaba lista para transformar el entorno social, demográfico y académico de todo un distrito y del país”, concluye el fragmento.
Por su parte, la universidad Nacional de José C.Paz, pública y gratuita, difundió un video donde asegura que “da respuestas a las demandas de estudiantes que encuentran por primera vez una oportunidad de acceso a la educación universitaria”, con carreras como Abogacía, Enfermería, Licenciatura en Trabajo Social, en Administración y distintas tecnicaturas universitarias, entre otras.
La UBA es la mejor universidad de Iberoamérica y está en el puesto 71 del ranking mundial
El rector emérito de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Jozami, se comunicó con la producción de Modo Fontevecchia y sostuvo que la afirmación del Presidente es totalmente “infundada”: “Más del 75% de nuestros estudiantes tienen uno o dos trabajos para mantenerse mientras estudian. La universidad pública fue siempre el principal vehículo de ascenso social, especialmente en la Argentina del siglo XX”. Además, afirmó que las universidades públicas son el “eje fundamental en la formación de las clases medias de nuestro país”, y destacó la creación de las nuevas universidades a fines del siglo pasado y principios de este, “porque estas universidades favorecieron el ingreso de sectores sociales que vivían en zonas alejadas de las universidades tradicionales”. “Si se analizan las encuestas sobre imagen de la universidad pública se ve que más del 70% manifiesta que es necesario defenderla. Ayer aparecieron encuestas de empresas privadas que dan un 80,7% de acuerdo a la frase ‘la universidad pública ayuda a la movilidad social’ y un 64,7% de acuerdo con esa frase votaron por Milei. Es decir que la afirmación del Presidente es tan infundada que no encuentra apoyo, ni siquiera, en su base política”, expresó Jozami.
Por su parte, el rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni, sostuvo ante la producción de Modo Fontevecchia que “la función social de la universidad es una de los temas que la sociedad argentina ha desarrollado en este tiempo. Hay una movilidad ascendente y casi el 50% de los pibes en las universidades son pobres, esto está hecho con datos oficiales”.
Es más que obvio que la política de la descentralización universitaria ayudó muchísimo a que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la universidad pública. Podría creerse que esta política tiene su raíz en gobiernos peronistas o contrarios a la ideología de Javier Milei, pero, como muchas veces nos enseña la historia argentina, la política está llena de paradojas y contradicciones.
Por ejemplo, la política de descentralización comenzó con el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía. En 1968, un año antes del Cordobazo, la dictadura de Onganía veía con preocupación la creciente efervescencia ideológica que se vivía en las universidades de Buenos Aires y de Córdoba. Por esta razón, pensó en crear varias universidades con una impronta distinta que genere que la clase media más ideologizada e intelectual no tenga acceso a los sectores trabajadores. Finalmente, esto fue inevitable y terminó estallando en mayo de 1969, cuando en Córdoba se coreaba “obreros y estudiantes, unidos y adelante”.
Sin embargo, el plan de descentralización pensado por el doctor Alberto C. Taquini, quien fue decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, sirvió para que entre 1971 y 1973 se crearan 14 universidades. Entre ellas, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la primera del conurbano en 1972.
La fundación de universidades en el conurbano es de vital importancia para nuestro país por el peso demográfico que significa este área geográfica en nuestro país. Al considerar el Gran Buenos Aires como una unidad, se evidencia que desde 1915 a 1970 aumentó su peso sobre el resto de la población del país desde un 25,3%, a 35,6%, liderando la concentración total y a partir de allí, ha ido en disminución hasta alcanzar 33,5% en el año 2000, que de cualquier forma está por encima del tercio del total de los habitantes de la Argentina.
En los 24 partidos del Conurbano Bonaerense viven 10.894.664 personas, lo que representa el 25% de la población del país y el 64% de la población de la provincia de Buenos Aires. Esto es el equivalente a las población de Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
Los gobiernos que crearon estas universidades, al igual que Milei, planteaban que el peronismo y el intervencionismo estatal eran el origen de la decadencia de nuestro país.
En el caso de la Universidad de La Matanza, se fundó bajo el primer gobierno de Menem, quien para Milei fue el mejor presidente de la historia de la vuelta de la democracia. Allí hay que destacar la labor, en aquel momento, de Alberto Pierri. Probablemente algún día alguna calle de La Matanza llevará su nombre por haber creado y fundado la universidad con mayor cantidad de estudiantes después de las tres universidades clásicas de la Argentina.
Con todo esto queremos decir que, lejos de ser una política del progresismo, la izquierda y el peronismo para dar la batalla cultural y “mantener curros”, como le gusta decir al Presidente. La fundación de universidades en diferentes lugares del país se iniciaron como políticas de gobiernos más afines a Milei que al progresismo.
Luego, sí efectivamente en los gobiernos de Cristina Kirchner se crearon 19 universidades. Sin embargo, como dijimos, se crearon 14 en dos años de un gobierno de derecha.
La idea de que la universidad es para el “curro de los zurdos”, como dijo Milei, es bastante cuestionable.
Cómo siguen las universidades nacionales tras el veto de Milei
Hay una tendencia mundial que concentra el conocimiento cada vez más en las grandes empresas y los aleja de las universidades, lo que termina siendo bastante problemático. Incluso, podríamos decir que es como una distopía en la que hay grandes empresas que gobiernan el mundo. En este sentido, toma relevancia un fragmento de una entrevista que le hice al físico español y divulgador científico, José Ignacio Latorre, que publicamos ayer en el Diario Perfil: “Hasta la fecha la gran ciencia se hizo en universidades. Einstein, la mecánica cuántica de Schrödinger, todos eran de instituciones educativas públicas. Es decir, el saber era ostentado por los gobiernos de las naciones. Hubo un primer intento de cambiar esta estructura cuando el ADN se secuenció. Hubo una famosa empresa en aquel instante que intentó secuenciar y patentar el genoma humano. En esa gran lucha ganaron las universidades públicas, por eso el genoma humano es conocimiento público. Usted puede descargar el genoma de un humano gratuitamente. En cambio, ahora tenemos esas grandes corporaciones que han invertido muchísimo dinero y que son las que tienen el límite del conocimiento, no las universidades, sino las corporaciones. De ahí que, de nuevo, hay un componente ético al que no nos hemos enfrentado todavía los humanos. Nunca había sucedido algo así. Había sucedido muy tímidamente. Estaban los Bell Labs, había algunas instituciones, por ejemplo en Estados Unidos, donde se desarrollaron prototipos de máquinas que sí eran privadas. Pero no era el gran conocimiento, eran aplicaciones. En cambio, ahora es el gran conocimiento lo que está en juego”, afirmó Latorre sobre la idea de las distopías de las grandes empresas controlando como supragobiernos toda la humanidad en el futuro.
En Argentina, aún hay universidades repletas de estudiantes de sectores populares con laboratorios y centros de investigación que producen conocimiento y luego hacen carrera en el Conicet, por ejemplo.
En este sentido, podríamos hablar de las emotivas palabras del psicoanalista Gabriel Rolón, sobre la universidad pública en general y sobre la Universidad de La Matanza en particular. Rolón defendió la universidad pública: “Yo no podía ni soñar con ir a la universidad, y mucho menos con que esta te quedara cerca de tu casa y pensar que los pibes que hoy nacen acá tiene a 15 cuadras de sus casas esta posibilidad”. Por otro lado, destacó la educación de la Universidad de La Matanza: “Me emocionó mucho enterarme que la Universidad de La Matanza es la universidad que más recibidos tiene por cada alumno que se anota. Eso es una buena noticia en un panorama tan horrible como el que estamos atravesando. Para mí, la universidad pública y gratuita es un milagro”.
¿A quién le importa la educación?
Yo creo que el Presidente nunca fue a una de estas universidades, creo que hay un tema de mucha ignorancia. También, creo que muchos que escriben sobre el gasto de la universidad pública nunca fueron. Me tocó dar esas charlas que se dan a fin de curso en una universidad pública y en una universidad privada. Me tocó darla en La Matanza y en la Universidad de San Andrés. La emoción que tenían los que se recibían en La Matanza era algo que traspasaba los cuerpos. Las madres, los padres, los abuelos y los tíos lloraban porque sus sobrinos, hijos, hermanos y nietos se habían recibido, mientras que en San Andrés, obviamente también con orgullo, se lo tomaban como algo normal en una vida donde sus padres también eran universitarios.
Creo que la idea de que las universidades del conurbano son universidades de segundo nivel no es simplemente un problema de nuestro presidente, fijémonos cómo Cristina Kirchner, cuando era presidenta, las subestima. En uno de sus discursos hace varios años en Harvard, Cristina ironizó y subestimó a La Matanza: “Estamos en Harvard, no estamos en La Matanza”. No sé si Cristina fue alguna vez a la universidad La Matanza, pero puedo asegurar que cuando uno entra ahí siente orgullo.
Volviendo al Presidente, dijo algo que es mentira y que va contra los intereses de la mayoría de los estudiantes universitarios que no son hijos de ricos y buscan progresar, dejar de ser pobres o simplemente estar mejor y poder trabajar de lo que les gusta o saben hacer. Además de los insultos y provocaciones, nuestro presidente dice muchas veces cualquier cosa sin la más mínima consecuencia. Hemos hablado en otras columnas sobre la disparatada frase de que sin su intervención, hubiésemos tenido un 17 mil por ciento de inflación y un 95% de pobres, y no hay ningún país del mundo que tenga más de 75% de pobres.
Desde una perspectiva podríamos decir, “bueno, hay libertad de expresión y el Milei también tiene este derecho. Entonces lo que tenemos que hacer es difundir los datos correctamente y luego que la población vote por otro candidato que no mienta abiertamente sobre temas tan importantes para la sociedad”. Sin embargo, es el Presidente, no puede ser legal que mienta, insulte y provoque como cualquiera.
El abogado constitucionalista Roberto Gargarella escribió una nota brillante en La Nación en la que señala que un funcionario público de alta jerarquía como el Presidente no puede decir cualquier cosa. Es más, que los insultos, mentiras o provocaciones de Javier Milei le podrían valer un Juicio Político.
Los insultos del Presidente merecen una respuesta legal, de Roberto Gargarella:
“Los límites a la expresión de los funcionarios públicos. Es un hecho, en una mayoría de países occidentales, que los empleados públicos y funcionarios de gobierno tienen una protección limitada, en materia de libertad de expresión, y en relación con las cosas que pueden decir en su trabajo, o que pueden afectar su desempeño en el trabajo. Según la Corte Suprema de los Estados Unidos, por ejemplo, el empleo público viene de la mano de ciertas restricciones en el “ejercicio de los derechos constitucionales”: los empleados del gobierno y los oficiales públicos tienen responsabilidades públicas que hacen que no puedan ejercer plenamente sus libertades, como otros ciudadanos comunes.
La idea de la Corte norteamericana es que la mayor influencia conlleva mayores cargas y responsabilidades. Así, y según este tribunal, mientras que los empleados de menor rango cuentan con ciertas protecciones contra la posibilidad de ser echados por causa de sus puntos de vista, los funcionarios de mayor rango carecen de ellas (de hecho, y como sabemos, resulta habitual que los empleados de más alto rango sean echados de su cargo en razón de sus afirmaciones políticas). En tal sentido, cuanto más se sube en la pirámide jerárquica, mayores son las exigencias y responsabilidades por el discurso de los funcionarios”.
El presidente argentino, sus seguidores, sus aduladores, pero también sus críticos, deberían prestar atención a antecedentes tales. Ellos nos dicen que, en relación con el discurso de nuestros más altos funcionarios, no todo es aceptable ni todo está (constitucionalmente) permitido. La “dignidad” de un cargo, como el del Ejecutivo, exige ciertos cuidados, destinados a favorecer nuestra educación cívica y a fortalecer el respeto que nos debemos unos a otros. Tal vez, dentro de la cultura “ajurídica” de nuestro país (el “país al margen de la ley” del que hablaba Carlos Nino), tales exigencias parezcan innecesarias, supererogatorias o aun ridículas.
Desgraciadamente, estamos acostumbrándonos a discutir sobre el financiamiento de la educación, el mantenimiento del sistema de salud pública o –en el caso que aquí nos ocupa– el decoro y cuidado que debe guardar la palabra presidencial, como si se tratara de materias meramente opinables, cursos de acción simplemente opcionales. A quienes así piensan, sin embargo, el derecho les tiene una mala noticia: nuestra historia constitucional considera que exigencias de respeto como las señaladas son obligatorias; califica a su incumplimiento como “abuso o violación de la confianza pública” y pide sancionar a sus responsables con una herramienta en particular, el juicio político”.
Lo que escribió Gargarella es atendible y sería interesante que lo escuche el Presidente. Debe asesorarse antes de hacer afirmaciones y debe dejar de insultar y provocar a cualquier persona que diga algo en contra de sus afirmaciones. Si esto no sucede, las instituciones de nuestra república tienen que poner un límite por el bien del sistema democrático y de la investidura presidencial. Sería una tragedia para nuestro país que la palabra del presidente sea un objeto de burla tanto para nosotros, como para el resto del mundo. Por lo tanto, decir que habría 95% de pobres y 17.000% de inflación, o que las universidades son para los ricos o la clase media alta, son disparates.
Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi
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