Agustín Salvia: "La emergencia alimentaria es más que la indigencia y llegó al 10% de la población"

El sociólogo Agustín Salvia señaló que si bien los comedores comunitarios cumplen una labor importante de asistencia alimentaria, el principal aporte contra la lucha del hambre lo dan las transferencias de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, que cubren a casi la mitad de la sociedad. A su vez, sostuvo que "hay un desmadre en la administración de la gestión de las políticas sociales".  “La gestión de Capital Humano tiene una curva de aprendizaje a la que todavía le falta para llegar a un nivel de eficiencia”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Salvia es investigador principal del CONICET, director del Observatorio de la Deuda Social y sociólogo especialista en temas de estructura social, mercado de trabajo, condiciones de vida, pobreza y desigualdad económica. 

En medio de una fuerte crisis económica, que acrecienta los índices de pobreza y vulnerabilidad, el Gobierno Nacional está envuelto en un escándalo por acopio y falta de distribución de alimentos para los comedores. Me gustaría tu evaluación acerca de toda la controversia sobre la palabra ‘hambre’, el ‘morirse de hambre’ y la idea de que ‘si hubiera hambre la gente ya se hubiese muerto’ y por eso no la hay, y sobre toda la controversia además en el contexto de la discusión sobre la cantidad de alimentos que estaban stockeados. 

El término hambre se refiere a una experiencia sensorial y el hambre por razones económicas se acopla a esa situación, es una experiencia sensorial de necesidad acerca de alimentos, no remite a la calidad nutricional ni a la capacidad nutritiva de lo que uno pueda obtener a través de sus ingresos. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),  así como también la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, han desarrollado un índice de seguridad alimentaria, con el fin de obtener información sobre la precisión directa de situaciones en donde hay inseguridad alimentaria por razones económicas. Las razones económicas establecen varias medidas, una de ellas es moderada y otra severa, hay varias escalas. La expresión severa refiere a haber experimentado o registrado experiencias del hambre de manera frecuente dentro de ese índice. Ese mismo índice acumula distintas categorías, una es justamente “morirse de hambre”, vale más o pesa más cuando son niños. 

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El haber experimentado hambre no significa no poder acceder a bienes que sacien esa hambre, es un indicador de pobreza que afecta a la capacidad de acceder a alimentos. En muchos sentidos es un indicador directo mucho mejor que el indicador que usamos en buena parte de América Latina, que es el de Pobreza Extrema Medida por Ingresos, que toma en cuenta la comparación entre el precio de una canasta básica alimentaria con los ingresos corrientes de un hogar, cuando ese mismo hogar puede tener gastos de otro tipo, como gastos de energía, problemas de salud o invertir en cuestiones laborales, por lo tanto enfrenta una situación de inseguridad alimentaria severa sin que esto implique que sea indigente en términos del indicador de ingresos.

En Argentina, esto tiene una deducción muy particular, desde la Encuesta de Deuda Social Argentina, venimos midiendo el índice de inseguridad alimentaria desde el 2004/2005 hasta la fecha, usando una escala similar a la de FAO, en donde los datos y la situación del 2002/2003 había dejado altos niveles de inseguridad alimentaria, total y severa.

Para darte un ejemplo, la severa indicaba que el 9% de las personas vivían en hogares donde experimentaban inseguridad alimentaria. Saliendo de la crisis 2002/2003, esta situación se estabilizó en el 2011 y aumentó de forma importante con la crisis del 2018/2019 y la pandemia del 2020, llegando al 10% de la población. Ya mantenido en ese nivel, hasta el tercer trimestre del año 2023. No tenemos la última mediación, pero es esperable que haya subido 2 o 3 puntos y esté cercano al 13%, es decir que uno de cada diez hogares experimenta situaciones de hambre de manera frecuente. 

Si uno ve la inseguridad alimentaria total, que incluye la severa pero que al mismo tiempo es reducir una dieta, comer mal, perderse algunas de las comidas, eso ya muestra un crecimiento importante, que en la pandemia llegó a ser 1 de cada 4 hogares, que llegó en noviembre del año pasado a la misma situación. Es esperable que hoy esta situación esté afectando a 3 de cada 10 hogares en la Argentina. 

En ese contexto, obviamente los comedores comunitarios, tanto privados como públicos, vienen a hacer una labor importante de asistencia alimentaria, pero te diría que el principal aporte contra la lucha por la inseguridad alimentaria lo dan las transferencias de ingresos como la asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, que cuando uno los analiza en Argentina, reciben beneficios casi el 40% de los hogares. 

Hasta aquí, el panorama. Se ha agravado en los últimos 4 meses, se está estabilizado en el último mes e impactó fuertemente la indigencia en la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria en diciembre, que mejoró en enero y en febrero con el aumento en la Tarjeta Alimentar, pero de marzo a mayo volvió a agravarse la situación y ahora se espera que con los nuevos aumentos de transferencias que vienen en junio se alivie de alguna manera esta situación de emergencia económica alimentaria. 

Entonces, ¿la inseguridad alimentaria es mayor que la indigencia?

Sí, exactamente. Incluso hay indigentes que por distintos motivos podrían no experimentar la inseguridad alimentaria. Hay correlación, pero no es lo mismo, creo que en algún sentido esta es una medición más directa de los problemas económicos que afectan a una familia en donde el último de los eslabones, de las prioridades y de las necesidades sociales quedó afectado, que es la de sobrevivir. 

En líneas generales, uno ve que la riqueza de los países y su producto bruto crece con una población que aumenta. De hecho, el gran problema que existe hoy en el occidente del hemisferio norte es que la tasa de natalidad empezó a ser negativa poniendo en riesgo en el futuro todo sistema de seguros y la capacidad de producir. Siendo así, uno se plantea que Estados Unidos se hizo grande con la inmigración, pero hoy Trump plantea la reducción de la inmigración. ¿Qué hacen nuestros países vecinos con la misma situación de pobreza que nosotros? Por ejemplo, el caso de Paraguay, que se coloca siempre como ejemplo del crecimiento del PBI a partir del agro en los últimos 20 años. ¿Resuelven su problema de la pobreza enviando ciudadanos a Argentina?

Uno de los casos más paradigmáticos de esto es Uruguay, donde hay un tercio de la población que está fuera del país, si estuvieran en Uruguay obviamente los índices de pobreza serían mayores porque no habría capacidad de trabajo, y hoy debería generar incrementos en los programas sociales. 

Te diría que hay un componente demográfico en este sentido que está profundamente asociado a las capacidades productivas del país, de la inversión y de canalizar ingresos hacia los hogares en forma más genuina, que es a través de un intercambio entre la creación de valor y una remodelación, básicamente un empleo o un trabajo autónomo con productividad que no sea un trabajo de subsistencia.

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En Argentina, más allá de que estamos viviendo un aumento del desempleo, lo que más está creciendo es el subempleo, la gente ajusta ampliando su cantidad de trabajos y actividades de changas informales. La paradoja es que no alcanzan para cubrir los aumentos que hay en los precios de alimentos y bienes de servicios básicos, por eso la pobreza se mantiene por encima del 50% y la indigencia en el 15%. 

Que los países exporten mano de obra sobrante en Argentina, debido a que en Argentina hay un conjunto de servicios públicos muy económicos, como educación, salud o algún lugar habitable en algún espacio residencial suburbano marginal. Todo eso ocurre y eventualmente obtienen más beneficios que los que podrían obtener esas poblaciones pobres en sus propios países. 

Todos los países latinoamericanos han llevado adelante programas como la Asignación Universal por Hijo con un mecanismo de compensar la falta de ingresos que generan la caída de la productividad del sector informal de la economía, sobre todo en un contexto de cambios tecnológicos vociferados. La forma de compensar esos cambios productivos, el Banco Mundial en particular, viene generando una receta que toma de Estados Unidos y que tiene que ver con los programas focalizados atendiendo a las poblaciones más vulnerables. Actualmente, Estados Unidos atiende a 45 millones de personas a través de estos programas, un 14% de su población. En Argentina estamos hablando de un 40%, esa es una distancia. Básicamente, son programas que vienen a cubrir lo que no genera el mercado de trabajo. Creo que en la aventura de este Gobierno está prever que eso no va a modificarse, que eventualmente puede limitarse el ingreso de extranjeros, pero que hay un tercio de la sociedad argentina que va a estar en pobreza crónica y que va a ser necesario asistir por mucho tiempo. 

Eventualmente, intergeneracionalmente podría haber algún cambio, pero por lo pronto no habría que modificar la situación más que contenerla desde el punto de vista alimentario, pero hay programas sociales de transferencia de ingresos que le huyen a la transferencia de alimentos directos. Efectivamente ocurre, que esa transferencia de alimentos no es directa, sino que es mediada por un conjunto de organizaciones políticas y sociales y por una administración muy engorrosa en el sector público que es muy oscura y poco transparente. Entonces, hay motivos para la queja de la transferencia alimentaria directa. 

A diferencia de lo que ocurre en buena parte de los programas en Argentina, como la Asignación Universal por Hijo, en Estados Unidos, son fondos federales pero la administración es local, es decir que la gestión de esos fondos se focaliza en que se le brinde a aquel que lo necesita. 

La política alimentaria, sin rumbo claro en plena crisis 

En Argentina, el tema es que al cubrir al 40% de la población, se convierte en un sistema muy engorroso desde el punto de vista administrativo, desde las asociaciones de ANSES y gestionado con políticas de un Ministerio, ahora de Capital Humano, pero antes de Desarrollo Social, que no tenía capacidad de estar mirando lo que estaba ocurriendo en cada uno de los sectores del país. 

Tengamos en cuenta que los programas de asistencia económica en Argentina no son solamente la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, también son becas progresar, los programas de Potenciar Trabajo, etc. Hay una bola de masa de transferencias donde cada uno ha creado su espacio de lobby y se gestionan dentro de la administración pública, desde áreas distintas del Gobierno poco coordinadas. 

Entonces, esto es un caos y se expresó en un momento de emergencia alimentario como el que estamos viviendo, en este desmadre de asistencia a través de los comedores, que tiene que ver, en parte, con que el Gobierno puso un freno a las transferencias queriendo impedir que llegara a ciertas organizaciones, el Ministerio de Economía puso un freno a las transferencias a Ministerio de Capital Humano, y la gestión de Capital Humano tiene una curva de aprendizaje a la que todavía le falta para llegar a un nivel de eficiencia.

Crecimiento y panza vacía 

Hizo mucho ruido y tuvo mucha visibilidad la propuesta de Sturzenegger sobre que haya un seguro para casos de emergencia, ¿qué porcentaje del total de la pobreza o de las situaciones alimentarias por debajo de lo aceptable tienen las situaciones extraordinarias como inundaciones o catástrofes? ¿Lo que anunció Sturzenegger tiene relevancia en los fines de la asistencia social o se trata de algo marginal?

Creo que esto está en la búsqueda, conociendo al profesional y a la política del Gobierno, de hacer transferir todo el servicio de asistencia alimentaria a los comedores. Creo que apunta no solo a atender situaciones de emergencia, lo que permite es que una empresa privada sepa manejar los stocks y los flujos de aquello que administra el Estado Nacional. 

Los comedores comunitarios, no solo se sostienen por lo que da el Estado. Las provincias tienen casi 40% o 50% más del gasto destinado a asistir a los comedores. Hoy por hoy, si el Estado va a mantener bajo su administración este sistema, lo va a querer hacer con una descentralización al sector privado, que no quiere decir que esté coordinado con el esfuerzo que están haciendo las provincias.

Hay un desmadre en la administración de la gestión de las políticas sociales, que hace tiempo demandan una reestructuración. Esto sería una medida de respuesta política ante esta crisis, pero no es la solución del problema, la solución está en un planteamiento mucho más integral sobre qué hacer con el conjunto de los recursos destinados a las transferencias sociales. Son transferencias para pobres que no cubren las necesidades que hoy tienen los pobres, solo evitan parcialmente que se caiga la situación de inseguridad alimentaria.

Siempre recuerdo el histórico trabajo de la Masa Marginal que señalaba cómo la población sobrante al modelo capitalista, podría generarle crisis al régimen político de gobernabilidad, y que el modo que tenían los estados latinoamericanos de cubrir esa potencial crisis era con gobiernos con una asistencia social hacia los más pobres para generar un control social de esos segmentos. Creo que esto ha estado vigente en la Argentina en los últimos 25/28 años.

La capacidad del Estado de tener una agencia social no está garantizada por estas medidas, hasta ahora son paliativos que vienen incrementando las transferencias de ingresos como principal mecanismo para contener políticamente y socialmente la institución, y eso dejó habilitado que la pobreza llegue a más de 50% de la población.

Estos datos marcan que no da para más, se requiere un cambio más estructural. Así como requerimos de una política de estabilización y de emergencia económica, se necesita un plan de estabilización que de horizontes a las inversiones del mediano y largo plazo de una política económica de empleo, para que el gasto social no tenga que alcanzar ribetes irrisorios en materia de que cubre a más del 40% de la población. La política social tiene que ser una asistencia, pero cristalizar que un 30% de la población va a tener que estar asistida estructuralmente, que ese es el nivel de productividad de Argentina, no parece un modelo de equilibrio razonable o justo y equilibrado en materia social y de desarrollo humano. 

VFT