En vísperas de un nuevo Día de la Diversidad Cultural, el abogado Martín Plaza, planteó que el Gobierno propone un escenario hostil para los pueblos originarios. “Quieren derogar derechos territoriales en pos de intereses económicos y extractivistas”, indicó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Martín Plaza es abogado, diaguita y militante por los derechos de las tierras de los pueblos originarios.
Alejandro Gomel (AG): En vísperas del 12 de octubre, Día de la Diversidad en Argentina, se presenta una coyuntura complicada debido al cierre del Registro de Comunidades Indígenas y cambios simbólicos en Casa Rosada. ¿Cómo llegan a esta fecha conmemorativa?
Bueno, como bien lo mencionaste vos, es un escenario complejo. Si bien los pueblos y las comunidades indígenas históricamente, hace muchos años, están en una situación complicada, creo que esta coyuntura particularmente ha dado un contexto mucho más agresivo a los derechos colectivos y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Este es un contexto donde hay un discurso negacionista y discriminador hacia los pueblos indígenas, reivindicador del genocidio, enmarcado en la figura de Roca; y también se ve en la política pública, con la reciente eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
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Además, se da en un contexto de un modelo productivo que fomenta estrictamente el modelo agroexportador, la industria extractiva, claramente en desmedro de la protección de los territorios comunitarios indígenas.
También en un contexto sumamente preocupante, porque ya hace pocos días ha empezado a circular un borrador de un proyecto que busca derogar la ley 26.160, que es la única ley nacional que tiende a materializar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y que prohíbe los desalojos a las comunidades indígenas.
Ya ha dado vuelta un borrador que, prontamente, por información que tenemos, sería firmada por el Presidente de la Nación para derogar herramientas que tienden justamente a garantizar la paz social y a la protección del territorio de las comunidades indígenas.
La pelea por el territorio, entre los derechos y los intereses económicos
Elizabeth Peger (EP): Más allá del discurso del Gobierno, ¿hay un planteo concreto para avanzar sobre los derechos de las comunidades indígenas y, sobre todo, cómo para avanzar con desalojos masivos?
Creo que sí, es un poco lo que han venido sosteniendo tanto en campaña como en la gestión como legisladores. Es que, tanto Javier Milei como Victoria Villarruel, como diputados de la Nación, han presentado proyectos vinculados a derogar estas herramientas, la 16.160.
Porque detrás de la protección del territorio comunitario indígena hay intereses inmobiliarios, intereses de las grandes industrias turísticas, intereses vinculados a las industrias extractivas, como decía recientemente. Entonces, también existe una disputa económica de fondo, detrás de la cual, tanto Milei como su actual vicepresidenta, han tenido una postura clara a lo largo de este último periodo.
¿Ha tenido contacto, vínculos o reuniones últimamente con sectores de la oposición política para acercarles este planteo que están haciendo respecto de lo que implica especialmente para ustedes esta derogación de la ley que plantea el Gobierno?
A través de su última prórroga, que fue en noviembre del 2021, se desarrollaron una serie de reuniones en el ámbito legislativo justamente para poder lograr esta sanción de la ley. Lamentablemente, en ese momento solamente se aprobó en la Cámara de Senadores, no se llegó a aprobar en Diputados, y en ese contexto fue que el Ejecutivo nacional hizo un decreto de necesidad y urgencia para darle continuidad a esta norma.
Y ante este nuevo contexto, desde el Consejo de Participación Indígena, que es el órgano de participación de representantes de los pueblos indígenas de todo el país, han tenido reuniones en Diputados. Son reuniones vinculadas con la eliminación de la registración de comunidades indígenas y sobre la protección de los territorios comunitarios, pero no específicamente por la prórroga de la ley, porque esto ha sido algo que ha circulado recientemente.
Distintas organizaciones ya están planificando agendas vinculadas a distintos pedidos a cada uno de los ejecutivos provinciales, pero también particularmente a legisladores del ámbito nacional, porque esta ley se viene prorrogando desde el año 2009 y es una ley importante porque garantiza la paz social.
Hay cientos de conflictos que justamente están paralizados a partir de esta prohibición de desalojo que dispone esta norma. El tema es que una vez derogada, claramente la conflictividad social y la violencia van a aumentar significativamente, generando graves daños, como ya ha sucedido antes de la vigencia de esta ley.
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Hay que recordar que esta ley se sanciona justamente por conflictos sumamente violentos que, en muchos casos, han llevado a la muerte de representantes y referentes indígenas en la defensa del territorio.
EP: ¿Cómo son las comunidades? ¿Cómo están distribuidas ?¿En qué condiciones viven?
El Estado nacional reconoce más de 1800 comunidades. Vale recordar que una comunidad está compuesta por un conjunto de familias que se autorreconocen indígenas, perteneciente a más de 40 pueblos indígenas. Un pueblo indígena es una identidad común al que adscriben un conjunto de familias por un pasado y una historia en común, además de prácticas culturales comunes que aún sostienen.
Recientemente, se publicaron los datos del último censo vinculados a este tema, hay más de un 1,3 millones de personas en Argentina que se autorreconocen como parte de un pueblo indígena, de distintas comunidades. De hecho, a partir del censo se reconocieron más pueblos de los que reconocía el Estado nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
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Además, en el marco de esta política pública, ya se relevaron 1200 comunidades. La ley 26.160, además de prohibir los desalojos, ordena que el Estado nacional haga un relevamiento técnico-jurídico respecto a los territorios que ocupan de manera tradicional las comunidades indígenas en el país.
Bueno, esta política pública se ha llevado adelante durante estos últimos años y ha dado más de 1200 comunidades relevadas, dando aproximadamente 12 millones de hectáreas relevadas de territorios que ocupan de manera tradicional las comunidades en nuestro país.
La protección territorial y el respeto cultural como banderas
AG: Para cerrar la nota, ¿qué mensaje te gustaría dejar en las vísperas de este 12 de octubre?
Hago un llamado a la reflexión. Los pueblos y las organizaciones indígenas, sobre todo en esta fecha a la cual han denominado “El primer grito de resistencia”, siempre han llamado a la reflexión sobre la importancia del respeto a la diversidad cultural y de pensar en la interculturalidad. Esto en el sentido de que la riqueza que tienen las culturas ancestrales de nuestro país son muy importantes en este contexto.
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Porque hay que pensar que la protección del territorio comunitario indígena tiene que ver con revalorizar los usos tradicionales, el cuidado del medio ambiente, el cuidado del bosque nativo y nuestros ríos. Son justamente las culturas indígenas quienes vienen a poder traer este mensaje de reflexión, que tiene que ver con la protección del territorio comunitario en miras de no solamente proteger la vida indígena, sino proteger la vida de todos y todas.
Por eso, creo que hay que poder reflexionar este 12 de octubre, no solamente por la importancia de la diversidad, sino también por la importancia de la protección del territorio, como también la protección del modelo de vida para la futura generación.
AO FM
