El fiscal general de la causa Vialidad apelará ante la Corte Suprema la decisión del tribunal en segunda instancia con dos objetivos: la elevación de la pena de Cristina Kirchner a 12 años de prisión y la revocación de todas las absoluciones, que incluye al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
La presentación del recurso extraordinario estará dirigida al fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que ratificó la condena a prisión que había recibido la expresidenta y otras ocho personas en diciembre de 2022, por un caso de corrupción en la obra pública en Santa Cruz.
En su apelación, Villar buscó que el máximo tribunal revocara las absoluciones dictadas y que se ampliara la pena de la expresidenta a 12 años de prisión por el delito de haber supuestamente sido la jefa de una asociación ilícita.
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El pedido del fiscal ante la Corte Suprema por la causa Vialidad
Fuentes judiciales cercanas al proceso confirmaron a TN que el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema con el objetivo de modificar la condena, solicitando que Cristina Kirchner fuera hallada culpable de asociación ilícita, además de administración fraudulenta.
La fiscalía sostuvo que la sentencia de la Cámara de Casación "no respondió adecuadamente" a los cuestionamientos planteados por Villar en su apelación, lo que, según ellos, convirtió el fallo en arbitrario y habilitó el recurso ante la Corte.
Este recurso también se centró en las absoluciones de otros implicados en la causa, como el exministro de Planificación Julio De Vido y el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. En tanto, el Ministerio Público tuvo un plazo de 20 días hábiles para presentar el recurso extraordinario.
El fallo de la Cámara de Casación
El miércoles, la Cámara de Casación Penal ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la causa conocida como Vialidad.
La Sala IV de la Cámara también homologó un embargo de aproximadamente 84.000 millones de pesos, cifra que, según la Justicia, representó el daño económico ocasionado a la administración pública.
El caso se centró en una serie de maniobras presuntamente orquestadas desde la presidencia de la Nación para beneficiar al empresario Lázaro Báez, otro de los condenados en la causa, mediante contratos de obra pública adjudicados a sus empresas, principalmente Austral Construcciones, una de las principales beneficiarias de estas contrataciones.
La maniobra que la Justicia imputó a Cristina Kirchner
Según el tribunal, Cristina Kirchner llevó a cabo estas maniobras a través del decreto 54/2009, que modificó el fideicomiso 975/2001. Este fideicomiso, destinado a financiar proyectos de infraestructura vial, pasó a incorporar a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) como beneficiaria directa, lo que permitió que se asignaran recursos de manera discrecional para las obras públicas viales.
Desde este organismo, en tanto, se otorgaron millonarios contratos de obras a las empresas de Báez, muchos de los cuales nunca se terminaron o ni siquiera comenzaron.
En cuanto a la figura de asociación ilícita que había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal, la Cámara de Casación señaló que no se encontraba acreditada la existencia de una "pluralidad de planes delictivos", uno de los requisitos fundamentales para configurar este delito. Además, los jueces indicaron un impedimento técnico-procesal que imposibilitó aplicar dicha figura legal.
