Luego de la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema mediante decreto presidencial, se presentó el primer amparo judicial en contra de la medida que firmó el presidente Javier Milei para ocupar las dos vacantes del máximo tribunal.
Se trata de una acción judicial que promovió esta mañana la asociación civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). El pedido reclama la nulidad y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 137/2025 del Poder Ejecutivo y la inscripción de la acción en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.
En paralelo, la institución solicitó una medida cautelar interina para que se suspendan los efectos de la decisión que lleva la firma del Presidente y la toma de juramento de Lijo y García-Mansilla hasta que se resuelva la medida requerida.
En su presentación, CEPIS argumenta que el dictado del decreto presidencial “demuestra la vulneración del principio de no concentración de poder, carece de la debida fundamentación y resulta desproporcionada la relación de la situación alegada con el daño institucional que genera”.
A su vez, advierte que la medida presidencial “evidencia la arbitrariedad e inconstitucionalidad del mismo, asumiendo el Poder Ejecutivo facultades que le son regladas al poder legislativo en la búsqueda de consensos y control cruzado de facultades y deberes. En definitiva, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades vedadas por la Constitución Nacional”.
La demanda judicial señala la jurisprudencia aplicable y argumenta que el decreto del Poder Ejecutivo vulnera la garantía de independencia prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para finalizar, la presentación de la asociación civil indica que su disposición es establecer “los contenidos mínimos para que el sistema de administración de justicia sea independiente de los demás poderes del Estado y para que los jueces, fiscales y defensores puedan desempeñar con libertad la delicada misión que les ha sido asignada, sin interferencias políticas, y protegidos de cualquier presión, ataque o persecución”.
El expediente fue designado por sorteo al juzgado federal con competencia civil y comercial N°4 de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo.
En diciembre de 2015, la Corte Suprema en Comisión cuando la ONG Abogados por la Justicia Social (AJUS) hizo una presentación similar para suspender el decreto 83/2015 que nombró en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la corte.
En ese caso, el juez Alejo Ramos Padilla de la justicia federal de La Plata pausó los nombramientos de los magistrados Finalmente, el caso se declaró abstracto luego de que ambos jueces fueran aprobados por la Cámara de Senadores en su procedimiento habitual.
Qué es el CEPIS
El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad es una organización que tiene como objetivo “la construcción de conocimientos y el desarrollo de acciones que colaboren en la defensa irrestricta de la igualdad, la justicia y la solidaridad”.
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La organización busca “ejercer la representación administrativa y/o judicial de los asociados o cualquier otra persona que lo requiera en defensa de sus legítimos derechos e intereses” y suele intervenir en reclamos por tarifas de servicios.
Durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, el CEPIS presentó un amparo contra el Ministerio de Energía y Minería y el ministro Juan José Aranguren por aumentos de la tarifa de gas. A partir de la acción judicial, la Corte anuló por unanimidad la suba del servicio.
TV / Gi
