La Justicia prorrogó por diez días más el secreto de sumario en la causa que investiga el esquema de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucraría a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y a la droguería Suizo Argentina.
Este miércoles, además, el juez federal a cargo de la causa, Sebastián Casanello, aceptó como querellante a la ONG Poder Ciudadano, especializada en temas de corrupción y transparencia.
Tras ser aceptada, la organización presidida por Pablo Secchi expresó en un comunicado: “Nuestra participación como querellantes en causas de corrupción busca contribuir en los procesos judiciales desde una mirada imparcial, independiente y técnica, asegurando que los hechos denunciados sean investigados a fondo y que se respete el debido proceso”.
“Entendemos que los casos de corrupción no solo deben terminar en sanciones individuales, sino también en aprendizajes colectivos”, agregó la ONG y continuó: “Uno de los objetivos centrales de Poder Ciudadano es lograr que estos casos sirvan para impulsar cambios en las políticas públicas y en las conductas de quienes ocupan responsabilidades, fortaleciendo así los mecanismos de prevención y control en beneficio de toda la sociedad”.
Los avances de la causa
La investigación es impulsada por el fiscal Franco Picardi, quien solicitó la extensión del secreto de sumario. Hasta el momento no se informaron imputaciones formales y sólo habría sido procesado el jefe de la seguridad privada de Nordelta, Ariel De Vicentis, por obstrucción del proceso, ya que le habría ordenado al personal de las garitas que no le facilitara el acceso a la Policía cuando debía allanar los domicilios de Jonathan y Emmanuel Kovalivker.
Además de los allanamientos de los domicilios de los empresarios, el fiscal también avanzó con el mismo procedimiento en la sede del ANDIS, de la droguería y la casa del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo.
En tanto, de los cinco celulares secuestrados, solo uno, el de Spagnuolo, pudo ser abierto ya que la mayoría de ellos fueron entregados con sus claves puestas y sus titulares se negaron a facilitarlas. La excepción fue el funcionario Daniel Garbellini que sí entregó su teléfono abierto.
Al mismo tiempo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, tiene a su disposición los contratos entre el Estado y la Suizo Argentina, secuestrados en el allanamiento realizado el viernes pasado, para su análisis.
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