La Corte suspendió la ejecución de la sentencia que habilitaba a una tabacalera a no pagar un impuesto interno
El máximo tribunal, “sin que implique pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida”, modificó la situación de manera tal que el impuesto le es exigible a la tabacalera.
El máximo tribunal explicó que “la normativa que implementó dicho impuesto motivó una serie de acciones judiciales por parte de diversas empresas tabacaleras, con el argumento central de que, al establecerse un piso mínimo elevado, las empresas de menor tamaño se encontrarían en inferioridad de condiciones para competir con las grandes”.
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Desde fines de mayo, el máximo tribunal viene emitiendo fallos que eliminan las medidas cautelares que frenaban el accionar del fisco para perseguir el cobro del impuesto interno al tabaco.
Este jueves, el máximo tribunal revocó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que “en la práctica, implicaba que la empresa no haría frente al tributo, hasta tanto la Corte se expidiera sobre la cuestión de fondo”, según informó Noticias Argentinas
La Corte, “sin que implique pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida”, modificó la situación de manera tal que el impuesto le es exigible a la tabacalera, independientemente del resultado final del expediente. “Ya no queda pendiente ninguna medida preventiva, cautelar o de ejecución anticipada que tramite ante la Corte, que le impida al fisco determinar y percibir el tributo contra Tabacalera Sarandí S.A.”, resumió el tribunal.
Desde hace 8 años, la empresa, mediante sentencias judiciales y medidas cautelares, logró no pagar ese tributo y vender sus productos de marcas populares a precio más barato, con lo que conquistó el 35 por ciento del mercado de los cigarrillos, en perjuicio de las empresas que comercializan las marcas premium, según informó La Nación.
Demanda contra la filial local de Philip Morris
El dueño de Tabacalera Sarandí denunció ante la justicia a ejecutivos de Massalin Particulares (la filial de Phillip Morris International en el país) por pretender "eliminar a la competencia" de la industria local.
Las acusaciones abarcan una amplia gama de delitos, que van desde asociación ilícita hasta defraudación a la administración pública, e incluyen la supuesta complicidad de funcionarios de alto rango de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y directivos del Grupo Clarín, que también fueron incluidos en la demanda.
Esta acción legal es una respuesta a una presunta campaña de desprestigio y presión iniciada por Phillip Morris International, a través de su filial Massalin Particulares S.A.
El origen del conflicto
El conflicto legal entre Tabacalera Sarandí y el Estado argentino se remonta a una serie de acciones judiciales iniciadas por la empresa, que cuestionaba la constitucionalidad del impuesto interno al tabaco. Las mismas derivaron en medidas cautelares que luego fueron apeladas por la AFIP.
La empresa, en tanto, presentó dos causas. En la primera, bajo la denominación 56389/2015, planteó la inconstitucionalidad del artículo 2° de la ley 26.467, reformada por Mauricio Macri, que fijó el piso del impuesto en un porcentaje de la categoría más vendida (una alícuota fijara trimestralmente), y que suponía un aumento del 70% del precio al público. Mientras que en el expediente 8093/2018, la sostuvo la inconstitucionalidad de la ley 27.430, que establece un esquema de cálculo del impuesto con base en un importe mínimo fijo.
