La Corte Suprema de Justicia rechazó todos los recursos presentados por Cambiemos y dejó firme un fallo que desaprobó la rendición de gastos de la campaña en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones PASO y generales de 2017.
La decisión se basó en la detección de 79 personas que negaron haber aportado dinero a la coalición que lideraba Mauricio Macri, con María Eugenia Vidal como principal referente en el distrito bonaerense.
La causa se inició a partir del análisis de los informes finales de recursos y gastos de la alianza Cambiemos Buenos Aires, correspondientes a las elecciones primarias del 13 de agosto de 2017 y las generales del 22 de octubre de ese año para los cargos de diputados y senadores nacionales.
El procedimiento fue llevado adelante por el Juzgado Federal de La Plata, con competencia electoral, a cargo de Alejo Ramos Padilla.
Tras varias rectificaciones de los informes presentados por Cambiemos y dictámenes del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, el juez desaprobó los informes finales de campaña e impuso sanciones económicas a los partidos que integraron la alianza. Además, rechazó las solicitudes de exención de sanción presentadas por el Partido Conservador Popular y la Coalición Cívica.
El magistrado concluyó que existían múltiples irregularidades relacionadas con los aportantes privados y deficiencias en la documentación que acreditaban el origen de esos fondos. Ramos Padilla consideró que no se pudo demostrar de manera fehaciente el origen y el destino de los recursos de la campaña, ya que las correcciones exigidas por el auditor no fueron cumplidas.
Además, la Cámara Nacional Electoral confirmó la decisión del juez federal de La Plata. Destacó que 79 personas señaladas como aportantes negaron haber hecho contribuciones, mientras que de las otras 19 que reconocieron los aportes, solo una presentó el comprobante correspondiente.
Ante esa resolución de la Cámara, tanto Cambiemos como el PRO presentaron un recurso extraordinario, que fue rechazado, lo que los llevó a interponer un recurso de queja. La Corte Suprema desestimó la queja en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
En el fallo de 2022, Ramos Padilla impuso multas a la alianza Cambiemos y al PRO por $3.246.965; a la UCR y la Coalición Cívica por $990.599 cada uno; y a los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, con sanciones de $34.395 para cada uno.
La causa investiga si el gobierno de Vidal inscribió a beneficiarios de planes sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En esa campaña, Graciela Ocaña encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales, mientras que Esteban Bullrich era la principal figura de la fórmula para el Senado.
Cómo se develó el caso de los falsos aportantes a la campaña de Cambiemos en 2017
El caso salió a la luz en 2018 a partir de una publicación periodística que, según declaraciones de Roberto Baratta, exfuncionario cercano a Julio De Vido, él mismo habría enviado a los periodistas. En esa nota se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos, y beneficiarias de programas sociales, figuraban como donantes de la campaña de la coalición gobernante.
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Estas personas, que llegaron a ser identificadas por miles, aparecían registradas como afiliadas al PRO y como aportantes de sumas que iban desde $350 hasta $1.500.
Según el fallo de Ramos Padilla, el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) concluyó que la información aportada por Cambiemos "no coincidía" con la proporcionada por la Dirección Nacional Electoral.
El juez también destacó que, según los peritajes, el 95% de los aportes privados se realizaron en efectivo. Además, señaló que al cruzar los datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, "los DNI no se correspondían".
“Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales”, añadió.
Asimismo, se identificaron 40 aportantes que "podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos".
También se detectaron 209 personas que, pese a realizar donaciones de dinero, eran beneficiarias de algún plan o prestación de Anses. El expediente señala casos en los que personas que figuraban como aportantes de $20.000 recibían el Programa Hogar, destinado a la compra de garrafas sociales, o quienes donaron $17.000 mientras percibían la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Por estos motivos, el juez rechazó la rendición de gastos al considerar que Cambiemos "no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral" y solicitó que se extraigan testimonios para iniciar una investigación penal del caso.
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