La Cámara Nacional Electoral aclaró que no tiene evidencia de que dos imputados en la causa de los Cuadernos de las Coimas, Ángelo Calcaterra y Héctor Sánchez Caballero, hayan realizado aportes a la campaña del kirchnerismo de manera ilegal, después de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de enviar a ese fuero la investigación contra ambos.
"No se detectaron aportes para la agrupación política ‘Alianza Frente para la Victoria’ para la campaña en examen 2015 efectuados por el señor Ángel Jorge Antonio Calcaterra y/o el señor Héctor Javier Sánchez Caballero, como tampoco de las empresas ODS S.A.; IECSA S.A. y Creaurban S.A.", dice sentencia del máximo tribunal electoral, firmada por unanimidad por Santiago H. Corcuera, Daniel Bejas y Alberto R. Dalla Via.
La Cámara Nacional Electoral se pronunció así sobre el financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria (FpV) en las elecciones de 2015, a la cual, en el proceso penal, Calcaterra y Sánchez Caballero dijeron haber aportado los fondos que motivaron su imputación por el delito de cohecho activo. Con ese fundamento, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal decidió que el caso penal debía pasar de la Justicia criminal a la Justicia electoral, lo que aun no ocurrió y se encuentra cuestionado.
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La Cámara Nacional Electoral destacó que, más allá de las consideraciones que podrían hacerse sobre esa decisión, era fundamental tener en cuenta que, según lo dicho en el proceso penal, "se habrían hecho aportes de campaña en forma subrepticia, en múltiples ocasiones y por montos millonarios".
La Cámara ya había dictado una sentencia en 2018 que desaprobaba la rendición de cuentas de la alianza, pero ordenó profundizar la investigación sobre la legalidad de los fondos recibidos y los gastos realizados.
Ahora que el caso retornó para su revisión, señaló que, tras nueve años de investigación, "no se ha hallado ningún elemento concreto que vincule las deficiencias en las rendiciones de cuentas del FpV 2015 con los desembolsos de Calcaterra y Sánchez Caballero", se informó en un comunicado.
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La resolución de la CNE, establece que las medidas adoptadas en el marco de las leyes que regulan el control patrimonial de las campañas "no permiten afirmar que los fondos que motivaron la imputación penal hayan sido utilizados en la campaña electoral en cuestión".
También resaltó que la actuación de la jueza de primera instancia, del fiscal electoral y de las partes "evidencia la falta de elementos que sustenten la hipótesis de que los desembolsos fueran aportes para la campaña electoral".
En relación con el avance de la causa penal, se aclaró que "una posible conexión entre el financiamiento de actividades partidarias y hechos investigados como delitos —basada en las afirmaciones de los imputados— no impide la prosecución del proceso penal".
Y explicó que "la competencia electoral en el control de las rendiciones de cuentas partidarias no implica la privación de respuesta penal a delitos comunes asociados a irregularidades en las rendiciones presentadas".
ds
