En un cruce de declaraciones y acciones legales, Tabacalera Sarandí, la empresa liderada por Pablo Otero, enfrenta un serio conflicto tanto judicial como fiscal que pone en jaque su operación y posicionamiento en el mercado nacional. Recientemente, la firma dedicada a la venta de cigarrillos volvió a denunciar una "grave persecución" por parte de una conocida multinacional, en supuesta complicidad con agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y medios de comunicación.
Este viernes el titular de Tabacalera Sarandí, conocido en los medios como el "Señor del Tabaco", elevó una carta al Ministerio de Economía denunciando "prácticas coercitivas" por parte de Massalin Particulares (la filial de Phillip Morris International en el país), por pretender "eliminar a la competencia" de la industria local, con la supuesta complicidad de funcionarios de alto rango de AFIP, y directivos del Grupo Clarín y de La Nación. Según Otero, estas acciones estarían orientadas a eliminar la industria tabacalera nacional, incluida su empresa, a la que presenta como una PyME, lo que conllevaría un perjuicio a cientos de trabajadores.
El conflicto de Sarandí y Massalin llegó incluso al Congreso, en medio del debate de la Ley Bases. En el caso del primero, la acusación es de querer quedarse con todo el mercado del tabaco. Del otro lado, recriminan que no paga impuestos como las demás empresas.
La presentación ante el gobierno nacional, que demanda la intervención de la cartera a cargo de Luis Caputo en el caso, ocurrió un mes después de la Corte Suprema de Justicia desestimara una medida cautelar de 2021 que eximía a Tabacalera Sarandí de pagar impuestos internos mientras dirimía el litigio judicial con AFIP. A esto sumó una última intimación del agente recaudador, que llegó a amenazar a la empresa con limitar el suministro de estampillas legales necesarias para comercializar cigarrillos.
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Tabacalera Sarandí elevó un pedido al Ministerio de Economía
El presidente de Tabacalera Sarandí presentó ante el Ministerio de Economía una denuncia detallada sobre lo que describe como "graves actos de persecución" por parte de la multinacional Massalin Particulares S.R.L., con la colaboración crucial de los grupos mediáticos Clarín y La Nación.
Al igual que hizo en una demanda judicial, en su exposición Otero acusó a estas entidades de llevar a cabo un "coordinado plan sistemático de hostigamiento, presión judicial y manipulación mediática" con el objetivo claro de forzar AFIP a ejecutar supuestas deudas fiscales que podrían llegar a los mil millones de dólares.
"Estas acciones tienen como fin último evitar que continuemos operando en el mercado tabacalero y así aniquilar la industria nacional y toda competencia", indicó el titular de la empresa en la misiva.
La denuncia de Otero detalla cómo, según información circulante en el ámbito industrial, se estaría gestando una nueva maniobra desde la AFIP para influir de manera ilícita en el mercado del tabaco. Según Otero, "se estaría planeando una maniobra destinada a influir -ilícitamente- en el mercado del Tabaco para, precisamente, concretar aquel objetivo final del plan precedentemente aludido".
Otero subraya que, de confirmarse estos hechos, estaríamos frente a la consumación de delitos contemplados en el Código Penal argentino, tales como "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".
Ante esta grave situación, Otero pidió al Ministerio de Economía que intervenga "inmediatamente" para detener cualquier tipo de conducta que busque el "aniquilamiento de la industria nacional tabacalera".
Además, exigió la convocatoria urgente a una mesa de diálogo que incluya a todas las empresas PYME del sector tabacalero argentino."Solicitamos se nos convoque a una mesa de diálogo en la que participe la totalidad de las empresas PYME del sector tabacalero nacional, para la búsqueda de una solución integral y definitiva sobre las acciones y los daños perpetrados y generados por las Multinacionales", reza el texto.
Detalles del conflicto entre la empresa y AFIP
En medio de acusaciones cruzadas, los detractores comerciales de Otero, por su lado, señalan que en los últimos años la empresa se benefició al "evadir" el impuesto mínimo a los cigarrillos, logrando acaparar una gran parte de mercado ofreciendo productos que llegan hasta la mitad del valor comparados con la competencia.
Mientras que otros, como el gobernador salteño Gustavo Sáenz, denunciaron el perjuicio multimillonario que implicó la maniobra de la empresa de Otero en las arcas del estado, especialmente porque el tributo en cuestión, destinado al Fondo Nacional del Tabaco, es coparticipable. En tanto, se trata de un caso que refleja un complejo entramado de conflictos legales, lobby legislativo y presiones económicas que todavía no fueron esclarecidas.
Pero ahora, el conflicto gira en torno a la homologación de las máquinas para la producción de tabaco, un proceso esencial para la Tabacalera Sarandí. Según Otero, la negativa de AFIP de emitir los formularios (IFC) necesarios para la homologación resultaron en un favorecimiento "injusto" hacia Massalin, mediante un mayor suministro de estampillas fiscales, elementos necesarios para comercializar el producto. "Beneficiando así a la competencia extranjera en detrimento de las empresas locales", indicaron en el escrito.
En tanto, Otero subraya que estas prácticas no sólo amenazan la supervivencia de su empresa, sino que también privan al estado nacional de ingresos fiscales importantes y ponen en riesgo cientos de empleos.
Cabe destacar que, recientemente, el Congreso Nacional revocó la Ley Massalin, que imponía impuestos mínimos y restricciones que afectaban de manera desproporcionada a las PYMES del sector tabacalero. Sin embargo, mantiene la deuda con el fisco desde hace al menos tres años que estuvo vigente el régimen.
Ante esta situación, Otero solicitó al Ministerio de Economía la intervención urgente para detener cualquier intento de desaparición de la industria nacional por parte de las multinacionales. Además, pidió la convocatoria a una mesa de diálogo que incluya a todas las PYMES del sector tabacalero para encontrar una solución integral.
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El origen del conflicto
Ubicada en Sarandí, en el sur del Gran Buenos Buenos Aires, tabacalera Sarandí fue fundada en 1994 y desde entonces se convirtió en un pilar local que emplea a 300 trabajadores directos y sostiene indirectamente a más de 400 familias a través de servicios periféricos, según su descripción.
Sin embargo, en los últimos años denunciaron estar bajo acoso debido a "falsas acusaciones de evasión fiscal" del impuesto interno al tabaco, presuntamente promovidas por Massalin Particulares S.R.L., con el apoyo de grupos mediáticos como Grupo Clarín y La Nación.
El conflicto legal entre Tabacalera Sarandí y el Estado argentino se remonta a una serie de acciones judiciales iniciadas por la empresa, que cuestionaba la constitucionalidad del impuesto interno al tabaco. Las mismas derivaron en medidas cautelares que luego fueron apeladas por la AFIP.
Según argumentaba la tabacalera, este gravamen la colocaba en una situación de desventaja frente a competidores internacionales, ya que incrementaba el precio al público de sus productos, lo que afectaba su competitividad en el mercado local.
La empresa, en tanto, presentó dos causas. En la primera, bajo la denominación 56389/2015, planteó la inconstitucionalidad del artículo 2° de la ley 26.467, reformada por Mauricio Macri, que fijó el piso del impuesto en un porcentaje de la categoría más vendida (una alícuota fijara trimestralmente), y que suponía un aumento del 70% del precio al público. Mientras que en el expediente 8093/2018, la sostuvo la inconstitucionalidad de la ley 27.430, que establece un esquema de cálculo del impuesto con base en un importe mínimo fijo.
La saga legal de Tabacalera Sarandí fue compleja y prolongada. A lo largo de los años, la empresa logró conseguir medidas cautelares que le permitieron evitar el pago del impuesto interno, pero la revocación de estas medidas por parte de la Corte Suprema plantea un nuevo escenario para los productores de tabaco.
El caso generó controversia y debate en diversos ámbitos, desde los cuestionamientos sobre las condiciones de mercado que favorecen a Tabacalera Sarandí hasta la influencia de intereses políticos en el proceso judicial. Además, la empresa fue objeto de críticas por parte de competidores y de sectores que cuestionan los beneficios otorgados por el estado.
