Este sábado, el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, brindó una entrevista en Radio Rivadavia donde se refirió a los recientes incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso Nacional y a la decisión de la jueza Karina Andrade de liberar a los detenidos tras las protestas de este miércoles.
El funcionario aseguró que el Gobierno de la Ciudad se presentará como querellante de la causa "y obviamente también vamos a plantear la recusación de esta jueza, porque ya entendemos que con su resolución para liberar a los presos tiene una tendencia que va más acorde a lo que se conoce como el garantismo o estar a favor de aquel que comete una infracción o un ilícito y no de aquellos que cumplen la ley".
Tapia calificó los eventos de la semana pasada como un "ataque a las instituciones", y señaló que las manifestaciones no fueron lo que en principio se había reportado. "No fue una manifestación, fue un acto de violencia coordinado", aseguró el Ministro, quien destacó que los responsables de los incidentes dañaron gravemente el espacio público y causaron pérdidas económicas a la Ciudad.
Según Tapia, los destrozos superaron los 400 millones de pesos, con la rotura de 89 contenedores, patrulleros, motos y mobiliario urbano. "Lo que dejó esa organización delictiva costó a la ciudad más de cuatrocientos millones de pesos", subrayó.
Además, enfatizó que los afectados no sólo fueron las instituciones federales, sino también los porteños, quienes vieron cómo se dañaban locales comerciales y el espacio público.
El papel de la justicia y las dos causas en paralelo
La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia Federal abrió el camino para una causa paralela a la que ya había iniciado la Justicia de la Ciudad, liderada por la jueza Karina Andrade.
Tapia explicó que, debido a la naturaleza de los delitos cometidos, la causa seguirá su curso tanto en la Justicia local como en la Federal. "Va a haber dos causas en paralelo", indicó, y aclaró que el Gobierno de la Ciudad aportará pruebas a ambas investigaciones.
En este sentido, el ministro explicó que la Justicia de la Ciudad se ocupa de ciertos delitos que están transferidos a la jurisdicción local, mientras que la Justicia Federal abordará los delitos más graves, relacionados con el ataque a las instituciones. Tapia aseguró que el Gobierno de la Ciudad trabaja codo a codo con las autoridades nacionales para identificar a los responsables.
Uno de los puntos más controvertidos fue la liberación de los 114 detenidos horas después de su arresto, decisión tomada por la jueza Karina Andrade. Tapia cuestionó fuertemente esta medida, bajo la tesis de que no se trataba de una manifestación legítima sino de un acto de violencia. "No lo comparto, eso no fue una manifestación", declaró, y agregó que el argumento de la jueza sobre los derechos constitucionales a manifestarse no se sostenía en este caso.
"Más de la mitad de los detenidos tiene graves antecedentes penales", afirmó Tapia, y citó el informe de Jorge Macri, quien detalló los antecedentes de los arrestados. A la vez, aseguró que los individuos involucrados en los disturbios estaban relacionados con delitos graves como violación de la ley de drogas, resistencia a la autoridad, y robos.
El ministro también criticó la velocidad con la que la jueza Andrade tomó su decisión, y señaló que no cumplió con los plazos procesales adecuados. "La jueza aceleró los plazos, y para cuando la Fiscalía aún no había podido recopilar toda la evidencia, ella ya había decidido liberar a los detenidos", explicó.
Trabajo conjunto entre la Ciudad y la Nación
A pesar de las diferencias con la decisión judicial, Tapia destacó que el Ejecutivo de la Ciudad sigue comprometido con la investigación y la persecución de los responsables. "Nos vamos a presentar como querellantes y vamos a aportar toda la prueba para ir a buscarlos", afirmó, y subrayó que continuarán el trabajo en conjunto con la Fiscalía y con las autoridades nacionales para asegurar que los responsables paguen por los daños.
En cuanto a la postura del Ejecutivo respecto a la "puerta giratoria" y el garantismo, Tapia señaló: "Queremos terminar con el garantismo y la puerta giratoria que tenemos también avalada en el Poder Judicial. Es muy difícil que cualquier fuerza de seguridad pueda mantener el orden cuando se toman decisiones como esta."
Tapia concluyó su intervención con un llamado a la responsabilidad en las decisiones judiciales. Indicó que se debe proteger tanto los derechos de las personas como el orden público. Al respecto, recordó que, aunque la libertad de expresión es fundamental, "el derecho de uno termina donde empieza el del otro".
NG
