El jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, ingresaron este lunes al radar de la Justicia. En los tribunales federales de Retiro, una denuncia presentada por el abogado Jeremías Rodríguez sacudió las aguas al vincular a la pareja con una compleja trama de sociedades en paraísos fiscales, propiedades millonarias en Florida y un presunto esquema de delitos que incluyen enriquecimiento ilícito, encubrimiento y tráfico de influencias.
La denuncia forma parte de una investigación conjunta del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), basada en documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y de la periodista Emilia Delfino, del medio DiarioAR.
Rodríguez expuso una denuncia que apunta alto: Ritondo, como diputado nacional, habría incumplido la Ley de Ética Pública al omitir información clave en su declaración jurada.
Según el denunciante, los bienes adquiridos durante el matrimonio, que incluyen propiedades valuadas en más de 2,6 millones de dólares, constituyen un patrimonio que ambos cónyuges compartieron, aunque los registros formales suelen apuntar sólo a Diago.
La estrategia es tan antigua como efectiva: sociedades offshore en Islas Vírgenes, Delaware y Florida se entremezclan con fideicomisos que terminan diluyendo la responsabilidad directa.
Consultada por PERFIL, una fuente cercana a Cristian Ritondo se negó a realizar declaraciones sobre el caso y aseguró que el legislador tampoco emitirá ninguna comunicación por el momento.
El caso quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Eduardo Taiano. La investigación parte de documentos que revelan los movimientos financieros de Goformore LLC, una sociedad cuyo nombre pareciera un guiño al lema de Ritondo: “Vamos por más”.
El factor Pazo y el entramado de poder
Esta empresa, que adquirió propiedades estratégicas en Miami Beach, está directamente asociada a Diago y, hasta hace poco, al entorno de Juan Alberto Pazo, un hombre clave en el macrismo y actual titular de ARCA (ex AFIP).
La conexión con Pazo enciende nuevas alarmas. Como presidente de Harbour House 1533 Corp, Pazo vendió a Goformore LLC un departamento en Miami en 2013, poco antes de convertirse en un peso pesado de la administración tributaria de Javier Milei. Los vínculos entre ambos políticos y el cruce de propiedades alimentan las especulaciones sobre un esquema que podría salpicar a más de un funcionario.
Curiosamente, Pazo fue nombrado al frente de ARCA apenas días después de dejar su cargo en Cancillería, en un movimiento que pocos en el Palacio de Hacienda supieron anticipar.
De Miami a las Islas Vírgenes
Tras desprenderse del departamento adquirido a Pazo en 2014, Diago activó nuevas estructuras financieras. Sunstar Point, en Islas Vírgenes Británicas, y Warwick Trust, un fideicomiso en Florida, son piezas de un engranaje diseñado para proteger activos en el exterior.
Mientras tanto, Goformore LLC continuó operando bajo la representación de María José Pérez-Millán, quien tomó el relevo de Diago en los registros públicos. Estas maniobras, tan habituales en los circuitos offshore, dejan una pregunta clave en el aire: ¿cuál fue el origen de los fondos?
Ritondo, que recientemente asumió la presidencia del PRO, enfrenta ahora un desafío que trasciende lo judicial. Las sospechas sobre la legalidad de su patrimonio no sólo erosionan su imagen, sino que también representan un problema para la coalición opositora.
Aunque los voceros del diputado desmintieron parte de las acusaciones, el silencio sobre la declaración de estas sociedades ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) agrega más leña al fuego. En este caso, la justicia tendrá la última palabra, pero el costo político ya se empieza a sentir.
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