La Justicia condenó al empresario santacruceño Lázaro Báez y al financista Leonardo Fariña por lavado de dinero en el juicio por la compra de dos terrenos en exclusivas zonas de Punta del Este, Uruguay, incluido "El Entrevero", un terreno de 152 hectáreas. La operación, valuada en 14 millones de dólares, se realizó a través de una sociedad presidida por el dueño de la financiera "La Rosadita".
Las condenas significativas a prisión que recibieron Báez y Fariña variaron según sus roles en la operación y en el modo en que colaboraron con la causa, y se dieron en el marco de un caso que se desprende de la investigación sobre lavado de dinero conocida como "la ruta del dinero K". Ocurrieron después de que la Justicia desestimara un pedido de la defensa alegando que Báez ya había sido juzgado y que formaba parte de la misma causa.
Condenaron a Báez y Fariña por la compra de El Entrevero
El caso gira en torno a la compra de dos terrenos significativos, uno de ellos denominado "El Entrevero", situado entre los exclusivos balnearios de José Ignacio y La Barra, en Punta del Este. Los terrenos fueron adquiridos en 2011 a través de la firma Traline S.A., con sede en Uruguay y presidida en ese momento por Maximiliano Acosta, y posteriormente por Maximiliano Goff Dávila.
El campo, valuado en 14 millones de dólares, fue transferido a la sociedad Jumey S.A., presidida entonces por Daniel Pérez Gadín, quien ofició de contador de la firma Austral Construcciones con la que Báez operaba los contratos de obra pública en Santa Cruz.
El exdueño de Austral Construcciones y el financista fueron hallados culpables de "lavado agravado" de activos por la compra de los terrenos. Así lo dispuso el tribunal compuesto por los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Jorge Gorini.
Lázaro Báez fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por el delito de “lavado agravado”. La sentencia fue dictada por mayoría, lo que reflejó la gravedad de los cargos imputados contra el empresario ligado a la obra pública de Santa Cruz durante los años kirchneristas. La fiscalía, en tanto, había solicitado una condena de seis años, alegando que Báez había usado testaferros y sociedades para adquirir terrenos millonarios en la exclusiva zona de José Ignacio, en Punta del Este.
Leonardo Fariña, quien también fue condenado, recibió una pena inicial de dos años y seis meses. Esta condena se redujo debido a su colaboración con la justicia durante la investigación. "He colaborado con la justicia en todo momento, pero la sentencia final no refleja mi plena cooperación", sostuvo Fariña.
Sin embargo, su pena total se unifica con otras condenas previas, resultando en una sentencia definitiva de cuatro años de prisión. La fiscalía inicialmente había solicitado una pena de cuatro años, que fue ajustada tras considerar las condenas acumuladas del empresario.
Con respecto a los otros acusados, Daniel Pérez Gadin, el exdueño de la financiera "La Rosadita" y funcionario de la sociedad que compró el terreno en Uruguay (Jumey SA) fue condenado a 4 años de prisión; mientras que Jorge Óscar Chueco, otro de los cómplices, fue condenado a tres años y seis meses.
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El pedido de la defensa de Báez
En agosto del año pasado, la defensa de Báez, liderada por los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado, había solicitado la suspensión del proceso judicial, argumentando que se trataba de un expediente derivado de la causa "La Ruta del Dinero K", en la que Báez ya había sido juzgado y condenado a 12 años de cárcel.
Sin embargo, la justicia desestimó esta solicitud y continuó con el proceso, subrayando la importancia de abordar los aspectos del entramado financiero del caso de manera exhaustiva. En esa línea, la defensa pidió la absolución del empresario santacruceño resaltando que las declaraciones de Fariña fueron "contradictorias". "Las pruebas presentadas han demostrado que las declaraciones de Fariña no son consistentes. Nuestro cliente no tiene relación con la compra de estos terrenos", afirmó uno de los abogados de Báez.
La defensa también invocará la figura del arrepentido, argumentando que no se debe basar la condena únicamente en la declaración de un colaborador. "La ley prevé que no se puede condenar basándose solamente en la declaración de un único colaborador, especialmente cuando existen pruebas que contradicen su testimonio", agregaron.
El alegato de la defensa también tuvo en cuenta la aplicación retroactiva de la ley de lavado de activos, argumentando que los hechos ocurrieron entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, cuando la legislación vigente no tipificaba ciertos actos como delitos. "La aplicación retroactiva de la ley no es justa y afecta los derechos de nuestro cliente", subrayó Villanueva.
Una vez dictado el fallo, el juez Néstor Costabel comentó: "La justicia debe ser firme y garantizar que quienes se benefician de la corrupción enfrenten consecuencias adecuadas".
CD CP
