La Cámara Federal porteña habilitó al dirigente social Juan Grabois y a los abogados Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg a actuar como querellantes en la investigación por la criptomoneda $LIBRA, que dejó pérdidas millonarias tras su desplome y fue promovida por el presidente Javier Milei. La medida revoca el fallo de la jueza María Servini, quien había rechazado su participación en representación de tres presuntas víctimas.
“La decisión debe ser revocada, haciendo lugar al pedido de los recurrentes de ser tenidos por querellantes y encomendado proceder con arreglo a todo lo apuntado”, señaló la Sala II del tribunal, conformada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. De esa manera, el dirigente del Frente Patria Grande podrá tener acceso a la causa y proponer medidas de prueba.
$Libra: la estrategia judicial de los nuevos abogados de Hayden Davis
La jueza Servini había argumentado que no estaba claro si la pérdida de los tres implicados al apostar por la moneda virtual era producto de una estafa o el resultado natural de una actividad riesgosa. Sin embargo, la Cámara contrapuso que, para aceptar una querella, no debe tenerse en cuenta la prueba de los hechos en investigación sino la hipótesis de los acusadores: “El derecho a adquirir legitimación activa no puede depender ni de la demostración de la existencia de ciertos acontecimientos, ni de su probabilidad más o menos próxima. Debe partirse de la hipótesis de los acusadores, sea que a la postre resulte corroborada o no”.
La resolución se adoptó luego de una audiencia el martes pasado, donde Grabois presentó capturas de pantalla, enlaces y videos como pruebas de cómo sus representados adquirieron $LIBRA antes del desplome de su valor. Por su parte, los ahora querellantes habían planteado en su escrito de apelación: “No se requiere ser experto en materia de cripto activos para poder concluir inicialmente que los hechos ocurridos en torno a la cripto moneda $LIBRA son una verdadera estafa”.
En esa oportunidad, el dirigente social sostuvo frente a los magistrados que "sería absolutamente ridículo que para tener este derecho [ser querellantes] tenga que estar demostrada la estafa porque sino no habría juicio, no habría querella, no habría defensa, no habría fiscales ni jueces". "Tiene que ser un hecho plausible de ser un delito. Y lo que hizo Milei con sus cómplices es una estafa a cielo abierto”, subrayó.
La causa está en manos del fiscal Eduardo Taiano, que ya ordenó allanamientos y cruces de llamadas. Sobre su accionar, Grabios sostuvo que Taiano mantiene un conflicto de intereses con el expediente y que no estaba impulsando la investigación. “A gente experta en tecnología secuestrarle el celular [y] la computadora quince días después de que reciba el expediente es decirles: ‘muchachos borren las pruebas’”, justificó, en referencia al tiempo que se tomó el fiscal para solicitar las primeras medidas.
MB / Gi
