La Cámara Federal de Corrientes ratificó este miércoles 26 de marzo el procesamiento de los diez acusados de entorpecer la causa que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, quienes se presentaban como integrantes de la Fundación Dupuy, sin estar vinculados de manera oficial a la organización pampeana ni contar con las habilitaciones profesionales que aseguraban tener.
Se trata de Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Leonardo Daniel Rubio, Verónica Paola Machuca Yuni, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Nicolás Gabriel Soria y Esteban Federico Rossi Colombo, quienes están acusados de privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, estafa calificada en perjuicio de la administración pública y usurpación de títulos, entre otras figuras penales.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el abogado querellante Juan Pablo Gallego definió este fallo como “un fuerte espaldarazo a su trabajo y al de la jueza Cristina Pozzer Penzo”.
Según la investigación, los acusados habrían llevado adelante diferentes maniobras para encubrir los hechos relacionados con la desaparición del menor. De acuerdo a los informes judiciales, el grupo habría trasladado a Camila Núñez, Macarena Peña y varios menores de edad a un hotel denominado “Despertar del Iberá”, donde habrían restringido su libertad y manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación judicial.
Estas acciones se habrían desarrollado durante diez días, alegando un programa de contención que no contaba con ninguna autorización oficial. Según el fallo, los imputados “aprovecharon la vulnerabilidad de las víctimas”, “manipularon sus testimonios”, “afectaron su capacidad de autodeterminación” y “el consentimiento estaba viciado”.
“Aunque cada uno de los imputados realizó diferentes actos de manera individual (traslado de las personas al hotel Despertar del Iberá, manipulación de los testimonios, control de las entrevistas, reconstrucción del hecho, entre otros), todos, en conjunto, contribuyeron a desviar la investigación, obstaculizando la posibilidad de que la Justicia identificara adecuadamente a los responsables de la desaparición del menor", expresaron los camaristas en su dictamen.
"En tal sentido, se advierte nuevamente que, pese a que no todos llevaron a cabo la totalidad de estos comportamientos, contribuyeron de forma esencial, a partir de la realización de su aporte correspondiente, a la comisión del delito”, añadieron. El móvil habría sido económico: el grupo habría usado como fachada la “Fundación Dupuy” para obtener pagos del municipio de 9 de Julio por $1.800.000 en concepto de honorarios por sus servicios.
Tras analizar todas las pruebas, la Cámara avaló lo resuelto por la jueza Pozzer Penzo, pero introdujo modificaciones favorables para las defensas de Rubio y Taborda, al considerar que no se encontraban en la localidad donde ocurrieron los hechos relacionados con la privación ilegítima de la libertad de los menores cuyas declaraciones habrían sido manipuladas. El tribunal también redujo el grado de responsabilidad penal de Rubio y Noguera, quienes dejaron de estar imputados como coautores y pasaron a ser “partícipes secundarios” en algunos de los delitos investigados.
Soria sigue siendo el imputado más comprometido. A diferencia del resto, cuya prisión preventiva fue revocada tras las apelaciones presentadas ante la Cámara, él todavía permanece detenido y enfrenta cargos adicionales por suministro gratuito de estupefacientes, atentado a la autoridad y usurpación de títulos, ya que se presentó como integrante de Interpol sin integrar ese organismo internacional.
Gallego consideró que esta causa paralela podría terminar antes de julio, mes en el que finalizaría la investigación por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.
El caso por la desaparición de Loan Peña
Loan Danilo Peña (nacido el 8 de mayo de 2019) está desaparecido desde el 13 de junio de 2024 y se sospecha que fue víctima de un rapto o secuestro. La justicia evalúa, como principal hipótesis sobre su desaparición, el tráfico de menores.
El niño desapareció en 9 de Julio, provincia de Corrientes, en una zona rural situada a metros de la casa de su abuela, cerca de un naranjal al que había ido acompañado por tres adultos y otros cinco niños, tras un almuerzo familiar al que había concurrido con su papá.
Tras 23 horas de la desaparición y luego de varios rastrillajes sin éxito, se activó la Alerta Sofía. Entre los sospechosos de estar implicados directa o indirectamente en la desaparición del menor se encuentran su tío, Antonio Benítez; un amigo de Benítez y su esposa (Daniel Ramírez y Mónica Millapi); la funcionaria municipal María Victoria Caillava y su pareja Carlos Pérez; y Walter Maciel, un comisario acusado de posible encubrimiento.
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