El exjuez Guillermo Tiscornia denunció al presidente Javier Milei por "agiotaje financiero" o fraude bursátil, en el marco de la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Se trata de una figura relativamente nueva, pero contemplada en el código penal argentino, donde se castiga a las personas que manipulen los precios de cualquier activo con el fin de lucrar de manera indebida.
Tiscornia realizó la presentación ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Sin embargo, luego de un análisis jurídico, el magistrado declinó la competencia y envió la denuncia al fuero federal porteño, donde la recibió María Servini, con la investigación delegada en el fiscal Eduardo Taiano.
En su resolución, el juez del fuero penal económico instó además al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central de la República Argentina "a establecer canales de información accesibles para la ciudadanía sobre los riesgos asociados a las colocaciones financieras en plataformas digitales no tradicionales".
La denuncia de Tiscornia por el delito de "agiotaje" se presentó ante la Cámara en lo Penal Económico y resultó sorteada en el juzgado de Aguinsky. La fiscalía dictaminó que debía declinarse la competencia a favor del fuero federal y el magistrado ratificó esa decisión "atendiendo a la mayor gravedad de la pena que se colige de las calificaciones" de los delitos denunciados en Comodoro Py. La causa que lleva Servini se inició con anterioridad y se encuentra avanzando con medidas de prueba, explicó también la resolución judicial.
Aguinsky advirtió que no se "puede pasar por alto la creciente tendencia de los criptoactivos como una novedosa opción de inversión". "La búsqueda de alternativas no tradicionales que generan expectativas de ganancias abultadas en plazos cortos, requiere que los organismos competentes informen a los ciudadanos de los riesgos e implicancias que tiene este tipo de actividad financiera", evaluó también.
Por ello, "deberá oficiarse al Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina, instándolos a que desarrollen actividades informativas y educativas en relación a lo precedentemente enunciado".
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La denuncia de Tiscornia se presentó el 18 de febrero último, luego que el viernes 14 el presidente publicara en su cuenta de X (antes Twitter) el mensaje "instando a invertir en la criptomoneda de la empresa KIP Protocol, que en teoría iba a dedicarse a financiar a pymes argentinas.
“Para ese entonces dicha moneda tenía un valor de US$0,000001, valor que ascendió a US$5,20 tras la promoción del jefe de Estado”, explicó el letrado en la denuncia que ahora quedará acumulada a las que lleva Servin.
El episodio "podría eventualmente disparar una probable maniobra delictiva referida en este caso a una hipotética actuación en forma simultánea de una suerte de coalición de tenedores u oferentes de un determinado género (en este caso, activo cripto) de modo de especular con ambas puntas (oferentes y demandantes), lo cual daría lugar al encuadre criminal" denunciado en el fuero penal económico, apuntó el exmagistrado.
Además de estas causas, uno de los expedientes se lleva en el Juzgado Federal 1 de San Isidro a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien se declaró competente para intervenir a raíz de que el posteo se hizo desde la quinta de Olivos. Se trata de la denuncia de Juan Carlos Mussa y esa decisión podría derivar en un conflicto de competencia con Servini.
El análisis del juez Marcelo Aguinsky
Al analizar el caso, el juez Aguinsky señaló que “la determinación de la competencia de un país para juzgar delitos financieros cometidos a través de la blockchain, presenta desafíos particulares debido a la naturaleza trasnacional del espacio en los cuales se negocia”, según consignó Clarín.
Sumado a esto, sostuvo que, si bien el denunciante Tiscornia enmarcó el caso dentro del delito de agiotaje mercantil (artículo 300 del Código Penal), la figura más adecuada sería la de agiotaje financiero (artículo 309), que abarca operaciones bursátiles engañosas o el uso de información privilegiada para alterar los precios de valores financieros.
En su resolución, el magistrado señaló que $LIBRA pertenece a la categoría de currency tokens, es decir, criptomonedas diseñadas para ser usadas como medio de pago o reserva de valor. No obstante, la calificó específicamente como una "meme coin", un tipo de criptoactivo basado en tendencias culturales o bromas de internet, cuyo valor depende en gran medida de su viralización y promoción en redes sociales.
"Su existencia se funda en la viralización y la popularidad a la que escalan; tienen sentido en un contexto de entretenimiento, especulación y cultura de internet", explicó Aguinsky. En esa línea, advirtió que este tipo de activos presentan riesgos elevados para los inversores debido a su extrema volatilidad, ya que su valor se ve afectado por rumores y dinámicas de mercado impredecibles.
El juez destacó que el caso de $LIBRA plantea dudas sobre una posible manipulación de su precio en el mercado con el fin de generar grandes ganancias para un grupo reducido de personas, provocando a la vez pérdidas cuantiosas para los inversores. Además, subrayó que "atendiendo a la naturaleza de este activo financiero, deberá observarse también si estos resultados son atribuibles a una maniobra ilícita o si se enmarcan dentro de las prácticas financieras habituales para ese tipo de negocio de alto riesgo, donde los operadores que ingresan al sistema de cotización lo asumen voluntariamente".
En relación con el marco regulatorio, Aguinsky recordó que “los cripto activos escapan al contralor de la CNV en la mayoría de sus aspectos". Actualmente, la única normativa vigente en Argentina sobre activos digitales es la Resolución General 994, que establece el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Finalmente, el juez resaltó que la manipulación del precio de los activos financieros está prevista en el artículo 309 del Código Penal y que en el caso de las "meme coins", su valor no tiene respaldo subyacente, por lo que las variaciones de precio son parte de los riesgos inherentes que los inversores deben considerar.
“Partiendo de la base ya definida de que las 'meme coins' se tratan de activos desprovistos de un respaldo de valor subyacente y de extrema volatilidad atada a 'rumores y humores' virales, deberá investigarse y reflexionarse sobre la circunstancia de que este tipo de prácticas se gestan en entornos en los cuales la 'manipulación' forma parte de uno de los factores de riesgo que los inversores deberían tomar en cuenta al momento de decidir 'invertir' en ese activo”, finalizó.
MB/Gi
