El Departamento de Estado revisará de forma sistemática las cuentas de redes sociales de estudiantes extranjeros que hayan solicitado la visa para ingresar a EE.UU con fines académicos en el territorio norteamericano. A través del uso de inteligencia artificial, las autoridades monitorearán sus posteos en busca de contenido que tenga vinculación con organizaciones consideradas como “terroristas”.
La directiva del secretario de Estado, Marco Rubio, se da en el marco de críticas feroces por parte de defensores de la inmigración y los derechos humanos.
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Las acciones forman parte de una ofensiva migratoria más amplia liderada por la administración del presidente Donald Trump, centrada en instituciones universitarias y manifestaciones en contra de la ofensiva militar de Israel en Gaza.
La agencia de Reuters precisó que “la nueva política permite que agentes consulares y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilicen herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones, lenguaje o imágenes que puedan interpretarse como señales de amenaza de seguridad nacional”.
La extensa normativa asigna a las “Unidades de Prevención de Fraude” la tarea de tomar capturas de pantalla a cualquier actividad en redes sociales que sea relevante para la inelegibilidad de un solicitante de visa, y “preservar esos registros, en caso de que el solicitante elimine la información”.
En este sentido, Marco Rubio, enfatizó: “Si solicitas una visa para ingresar a Estados Unidos y ser estudiante, y nos dices que la razón por la que vienes a Estados Unidos no es solo porque quieres escribir artículos de opinión, sino porque quieres participar en movimientos que están involucrados en hacer cosas como vandalizar universidades, acosar a estudiantes, tomar edificios, crear alboroto, no te vamos a dar una visa”.
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El gobierno federal de EE.UU ha invocado una cláusula de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que ha sido activada en el escenario social actual como base jurídica para justificar arrestos y revocaciones.
La legislación le otorga al Departamento de Estado facultades para negar o revocar visas a extranjeros, cuyas acciones puedan tener consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos.
El gobierno de Trump ha defendido su decisión de detener a titulares de visas sin acusación formal, argumentando razones de seguridad nacional. Sin embargo, dicha medida ha sido duramente criticada por defensores de la inmigración y los derechos humanos, quienes la consideran “injustificada y discriminatoria”.
Recientemente se conoció sobre la detención de la alumna turca Rumeysa Ozturk, realizada por agentes de inmigración vestidos de civiles cerca de la Universidad de Tufts, estado de Massachusetts, y ha generado controversia. El Departamento de Seguridad Nacional justificó la detención alegando que "Ozturk apoyaba a Hamás", pero no proporcionó detalles sobre las supuestas actividades.
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La reacción de las organizaciones derechos humanos y los defensores de los derechos de los inmigrantes
La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) alertó que “la revisión de redes sociales para fines migratorios, podría constituir una violación a los derechos de libertad de expresión”.
En esta línea, el diario británico The Guardian por medio de un artículo reciente reveló que “algunos defensores de estudiantes detenidos han impugnado las decisiones gubernamentales con base en argumentos constitucionales”.
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Los letrados alegaron que “las publicaciones digitales, aún cuando reflejen posiciones políticas, no deben ser consideradas motivo suficiente para una deportación”.
PM
