El gobierno venezolano repudió el infame pronunciamiento, del Alto Comisionado, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos de Naciones Unidas en Ginebra. Sostuvo que las recomendaciones de la máxima autoridad de la ONU en la materia, carecen de sustento y objetividad, evidencia de la subordinación a los intereses del decadente imperio estadounidense y su uso descarado como herramienta de agresión política contra nuestra patria.
El gobierno de Nicolás Maduro aprovechó la oportunidad para denunciar que la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela, se habría convertido en un "espacio al servicio de los sectores que promueven el caos, la desestabilización y la intervención extranjera, ignorando deliberadamente las acciones violentas financiadas desde el exterior, que tras las elecciones de julio dejaron 28 muertos, incluidos crímenes de odio, y cientos de heridos, entre ellos agentes de seguridad del Estado". Dicha Oficina fue clausurada por Caracas en febrero pasado. Tenía 16 empleados. Recientemente se reabrió, con un solo funcionario de la ONU, bajo la promesa de admitir otros 2.
Volker Türk definió el mandato de su Oficina "como constructora de puentes entre las instituciones del Estado y la población del país". Actualizó sus reflexiones de los últimos meses, alarmado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas poselectorales en julio y agosto, incluidas las llevadas a cabo por individuos armados que apoyan al gobierno. Reclamó "una investigación rápida y efectiva sobre al menos 28 muertes, que según informes, incluyeron manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas armadas".
Ademas dio cuenta que "las autoridades han confirmado la detención de unas 2 mil personas desde las elecciones. Me preocupa (…) que muchas de estas personas hayan sido detenidas arbitrariamente", mencionando adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes. Volker Türk también dijo que «las autoridades anunciaron la liberación inicial de más de un centenar de los detenidos, bajo condiciones», y las animó "a revisar los casos de los que aún están detenidos".
Concretamente, tomó en cuenta otros presos, citando a los «defensores de los derechos humanos, Rocío San Miguel, y Javier Tarazona, así como a trabajadores humanitarios». Para todos pidió las garantías internacionales del debido proceso y otros estándares de derechos humanos, para que tengan "un juicio justo", permitiéndoles designar un abogado de su elección, y proporcionar interpretes a los pueblos indígenas.
“Salvoconducto ya”: el reclamo de Cancillería ante el asedio a la embajada argentina en Caracas
Al tiempo, el Alto Comisionado lamentó «el uso continuo de la legislación antiterrorista contra manifestantes», particularmente adolescentes, y los informes de desapariciones forzadas y malos tratos. Instó a los dirigentes venezolanos "a cumplir con su obligación de garantizar que las condiciones de detención cumplan con las normas internacionales". Y les recordó de "proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a los detenidos, muchos de los cuales están encarcelados en celdas hacinadas y necesitan atención médica urgente".
Volker Türk denunció asimismo, "que defensores de derechos humanos, lideres sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal de mesas electorales han sido objeto de amenazas, y hostigamiento". Añadió que "3 oenegés han cesado operaciones debido a denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, como «detenciones selectivas y la cancelación de pasaportes".
El Alto Comisionado estimó a su vez que la Ley Simón Bolivar y la Ley de ONG, constituyen restricciones que podrían "infringir gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación, y participación política". El gobierno reaccionó defendiéndolas como leyes legítimas, que protegen nuestra Nación de actividades desestabilizadoras y agresivas externas dirigidas a socavar nuestra soberanía. Y advirtió que "no aceptará intentos de tutela ni injerencias coloniales disfrazadas de preocupaciones por los derechos humanos".
Volker Türk se refirió a desafíos del futuro, como el del 10 de enero de 2025, fecha en que Nicolas Maduro asumirá un nuevo mandato, pese a no haber probado que ganó las elecciones presidenciales, pues no presentó las actas electorales, como es sabido. El Alto Comisionado exhortó al gobierno, a garantizar la vigencia de un «espacio cívico abierto e inclusivo, en linea con sus obligaciones de derechos humanos», sin olvidar las elecciones programadas para el 2025.
En cuanto a las poblaciones indígenas, el Alto Comisionado alertó que "algunas comunidades indígenas están sufriendo el impacto de la minería ilegal en sus territorios". Estimó que "las operaciones contra estas actividades deben ir acompañadas de componentes civiles y de reintegración social, respetando el consentimiento libre, previo e informado". Se alarmó del asesinato de un guardián indígena que protegía su territorio de la minería». Pidió una investigación sobre este» crimen, y por el homicidio hace 2 años, de otro indígena, Virgilio Trujillo.
Concerniente los 6 venezolanos refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, el Alto Comisionado aseguró que sigue el caso, de cerca y está «listo para apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución. Buenos Aires recalcó que esas personas son «asediadas por las fuerzas que responden al Sr. Maduro en Venezuela sin que dejen ingresar agua, ni alimentos, sin electricidad y temiendo por su vida», violando «normas del derecho internacional», al respecto.
Se añade la reciente detención arbitraria e injustificada de un empleado local de la representación diplomática argentina, según un comunicado de la Cancillería de ese país, que describió «la presencia de francotiradores apostados frente a la sede en Caracas y la ocupación ilegal de viviendas vecinas, configurando un cerco de facto con el claro objetivo de ejercer presión y generar un clima de terror sobre quienes se encuentran en el interior de la Embajada».
La Argentina consideró "esencial el cese inmediato de los actos de hostigamiento y entiende que deberían proveerse con urgencia los salvoconductos que permitan la salida del país" de los exiliados. Apeló a la comunidad internacional, y al Secretario General de la ONU, para que actúe con la urgencia y determinación que esta situación demanda, garantizando la liberación del empleado local y el fin del "terror sicológico ejercido por el régimen de Nicolás Maduro".
