Luego de que el padre de una joven parapléjica de 24 años intentara por todos los medios convencer a la Justicia de que no autorizara la eutanasia de su hija, una jueza de Barcelona rechazó el recurso del progenitor al considerar que la mujer cumple con lo necesario y tiene capacidad de decidir. En su decisión, la magistrada considera probado que la solicitante cumple los requisitos según la normativa aprobada en España en 2021 para obtener asistencia para morir.
"Todos los profesionales que han intervenido en el proceso coinciden en afirmar que (...) sufre un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, sin que se haya practicado ninguna prueba en contrario", indicó la magistrada Irene Urbón en su decisión. De hecho, manifestó que la capacidad de la joven para decidir sobre este derecho "personalísimo" es “más que suficiente". Además, indicó que su padre, que alegaba entre otros los problemas de salud mental que padecía su hija, no está legitimado para tomar la decisión por ella. Fuentes de la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos, que representan al progenitor, indicaron que recurrirán la decisión.
La joven quedó parapléjica tras lanzarse de un quinto piso en un intento de suicidio en 2022 e inició la solicitud para la eutanasia en abril del año pasado. Los especialistas de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña estimaron en julio de 2024 que su petición era acorde a la ley estatal, que estipula que toda persona en uso de sus facultades y con una "enfermedad grave e incurable" o un padecimiento "crónico e imposibilitante" puede solicitar ayuda para morir, si cumple determinados requisitos.
Sin embargo, poco antes de la fecha prevista para la eutanasia que iba a ser practicada el 2 de agosto de ese mismo año, la justicia aceptó un recurso interpuesto por el padre que logró detener el proceso. En aquel entonces, el progenitor argumentaba que la joven padecía problemas de salud mental que "podrían afectar su capacidad para tomar una decisión libre y consciente". Además, aseguraba que la joven, que había intentado suicidarse en varias ocasiones, había dado indicios de cambio de opinión y que la lesión que padecía no le hacía sentir un "sufrimiento físico o psíquico insoportable".
Durante una audiencia celebrada a puerta cerrada a comienzos de marzo, que se trata de la primera en España sobre un caso de eutanasia ya autorizado desde la aprobación de la ley en 2021, según las asociaciones especializadas, la joven ratificó su petición de obtener ayuda para morir. Algunos días después, la Fiscalía se posicionó a favor de su petición, aunque reconoció el derecho del padre a intervenir como demandante.
El Parlamento del país europeo había aprobado en 2021 la ley que despenaliza la eutanasia, convirtiendo a España en uno de los pocos países que permiten a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar "un sufrimiento intolerable". Los requisitos para llevarla a cabo son, sin embargo, estrictos, como que el solicitante sea "capaz y consciente" al hacer la petición, que debe ser escrita y reconfirmada posteriormente, o que reciba la autorización de una comisión de evaluación.
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¿Cuál es la situación posición de Argentina sobre la eutanasia?
En la Argentina, existe la Ley de Muerte Digna, promulgada en 2012, y de reglamentación pendiente, que contempla que enfermos terminales puedan negarse a seguir recibiendo tratamientos que solo persigan prolongar sus vidas. Sin embargo, hay cuestiones estrictas que difieren de una eutanasia, como por ejemplo el hecho de que no esté permitido suministrar nada que acelere los procesos para la muerte de la persona en cuestión. De hecho, y a nivel, local, el caso más reciente es el de la antropóloga Adriana Stagnaro de Córdoba, una militante del derecho a la eutanasia que no accedió al permiso para decidir y en octubre de 2023 falleció de ELA.
Sin embargo, y en más de una ocasión, se presentaron múltiples proyectos de ley en el Congreso de la Nación para regular dicha práctica en el país. En 2022, ingresó la iniciativa conocida como la “Ley Alfonso” en la Cámara de Diputados, que impulsaban mayormente legisladoras del Frente de Todos. Otra opción fue presentada en noviembre de 2021, firmada por Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace. Hubo otros proyectos, como la “buena muerte”, “interrupción voluntaria de la vida”, que había sido presentado en noviembre último por los entonces senadores Julio Cobos y Pamela Verasay (UCR). Sin embargo, y hasta ahora, ninguno obtuvo aprobación.
Países Bajos, España, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda, Ecuador, Luxemburgo Suiza y Colombia son las únicas naciones en los que esta práctica es legal y está contemplada seriamente. Inclusive, existen casos que denotan la gravedad de no plantear un debate profundo como sociedad con respecto a esta problemática. En Canadá, por ejemplo, a través del programa de Ayuda Médica para Morir (MAID) se llega a ofrecer (y pagar) por la opción de morir a quienes no tienen la opción de vivir una vida digna. Y ahí, el debate ya es otro: ¿en cualquier caso tengo el derecho a decidir sobre mi propia muerte, incluso cuando no padezco una enfermedad incurable? ¿O un simple deseo ya es motivo suficiente?
TC CP
