El gigante tecnológico Google está en la mira de varios gobiernos por sus constantes prácticas monopólicas. Esta semana fue la Justicia de Estados Unidos la que falló en su contra, buscando ponerle límites. Ahora es la Unión Europea (UE) la que analiza castigar a la compañía por “abuso de posición dominante”.
Desde mediados de 2023, la Comisión Europea –el brazo ejecutivo de la UE– estudia si reclama la división de la plataforma digital estadounidense, a la que acusa de “abuso de posición dominante”. El organismo ha documentado con detalle cómo el buscador distorsionó el mercado europeo en la última década.
El miércoles pasado, la Comisión Europea consideró que Google infringió las normas europeas de competitividad, en una conclusión “preliminar”, pero que podría abrir el camino a multimillonarias multas.
De acuerdo con la Comisión, Google dedica a “sus propios servicios un tratamiento más destacado en comparación con otros mostrándolos en la parte superior de los resultados de búsqueda o en espacios dedicados”.
Google “trata sus propios servicios, como compras, reservas de hoteles, transporte, finanzas o resultados deportivos más favorablemente en los resultados de búsqueda de Google que los servicios similares ofrecidos por terceros”. La Comisión concluyó que Alphabet, la casa matriz de Google, “no cumple con sus obligaciones” respecto de la normativa europea.
La condena en EE.UU. La jueza federal Leonie Brinkema, de Alexandria (Virginia), falló esta semana contra Google al declarar que la empresa incurrió en prácticas monopólicas ilegales dentro del mercado de la publicidad digital. Se trata de una demanda presentada en 2023 por el Departamento de Justicia estadounidense junto con varios Estados.
Brinkema halló a la compañía culpable de prácticas anticompetitivas en dos de los tres mercados bajo análisis. Esta condena se suma a otra sentencia previa, en la que Google fue hallada responsable de mantener un monopolio ilegal en el mercado de las búsquedas online. Ahora, se abre una nueva instancia para definir qué medidas deberán tomarse.
“Los demandantes han demostrado que Google ha incurrido deliberadamente en una serie de actos anticompetitivos con el fin de adquirir y mantener el poder monopolístico en los mercados de servidores publicitarios para editores y de intercambio de anuncios para publicidad gráfica en la web abierta”, señala el fallo.
Además, la magistrada explicó que Google sostuvo su dominio durante más de una década mediante una combinación de contratos y herramientas tecnológicas que le permitieron controlar dos sectores claves del ecosistema publicitario digital.
“Durante más de una década, Google ha vinculado su servidor publicitario para editores y su plataforma de intercambio de anuncios mediante políticas contractuales y la integración tecnológica, lo que le ha permitido establecer y proteger su poder monopolístico en estos dos mercados. Google consolidó aún más su poder monopolístico imponiendo políticas anticompetitivas a sus clientes y eliminando características deseables de sus productos. Además de privar a sus rivales de la capacidad de competir, esta conducta excluyente perjudicó sustancialmente a los editores clientes de Google, al proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta”, concluyó.
La resolución judicial encontró a Google responsable de vincular de forma ilegal su servidor de anuncios para editores (DFP, sucesor de DoubleClick, adquirido en 2008 por US$ 3.100 millones) con su plataforma de intermediación publicitaria AdX. Sin embargo, la jueza no consideró que la empresa tenga una posición monopólica en el tercer mercado evaluado: las herramientas utilizadas por los anunciantes para adquirir anuncios gráficos.
El próximo paso será definir cómo se reparará el daño. Los fiscales piden una reestructuración del negocio publicitario de Google, que podría incluir la venta de activos claves. En particular, buscan que se desprenda del navegador Chrome, herramienta que refuerza su posición dominante.