El gobierno de Nicolás Maduro revocó ayer sorpresivamente el permiso otorgado al gobierno de Brasil para representar a la Embajada de Argentina en Caracas, donde permanecen refugiados seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, que desde el jueves por la noche permanece rodeada por patrullas de Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otras dos del temible Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), responsable, según informes de la ONU y de la CIDH, de practicar las detenciones ilegales y desapariciones denunciados contra el régimen chavista en los últimos años.
Brasil, en tanto, advirtió que no retirará la custodia de la Embajada hasta que el gobierno argentino no elija otro país para representar sus intereses en Venezuela.
En los accesos a la Embajada se montó un retén policial en el que se verificaba la identidad de las personas que transitaban por la zona. Los seis opositores refugiados denunciaron la presencia de agentes “encapuchados” que rodean la sede diplomática, a la que se le cortó el suministro eléctrico.
El viernes por la noche, el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, responsabilizó “a Nicolás Maduro de este asedio contra nuestros nuestros dirigentes asilados en la Embajada. Allí se encuentran asilados nuestros jefes de Comando: Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Claudia Macero y Beto Villalobos”, señaló en X.
Este “sábado 7 de septiembre continúa el asedio a la residencia argentina en Caracas, protegida por Brasil. Cada vez más presencia de funcionarios encapuchados. Han cerrado el paso vehicular en la calle. Seguimos sin electricidad”, indicó Pedro Urrucurtu, uno de los opositores refugiados.
“Estamos con la electricidad cortada y con los accesos a la sede tomados”, escribió por su parte en la red social X Magalli Meda, jefa de campaña de María Corina Machado, refugiada desde el 20 de marzo pasado junto a otros cinco compañeros.
Brasil, en tanto, anunció que “continuará defendiendo los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino designe otro Estado aceptable para el gobierno venezolano para desempeñar esas funciones”, como advirtió la Cancillería brasileña en un comunicado, en el que subrayó la “inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina” en Caracas y recordó que “no puede haber revocación unilateral de la custodia” de la Embajada.
Itamaraty sostuvo que “el gobierno brasileño recibió con sorpresa la comunicación del gobierno venezolano de que se propone revocar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses de Argentina en Venezuela”.
“De acuerdo a lo que establecen las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares, advierte la Cancillería brasileña, Brasil permanecerá con la custodia y la defensa de los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino indique otro Estado aceptado por el gobierno venezolano para ejercer esas funciones”.
Tensión con Brasil. Poco antes, el régimen de Maduro había anunciado su decisión “de revocar, de manera inmediata, el beneplácito otorgado al gobierno de Brasil para ejercer la representación de los intereses de Argentina y sus nacionales en territorio venezolano, así como la custodia de los locales de la misión diplomática, incluido sus bienes y archivos”, según un texto divulgado por el canciller venezolano, Yván Gil.
“Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada a las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio por parte de los prófugos de la Justicia venezolana que permanecen dentro de ella”, señaló el comunicado. La “decisión ha sido notificada a los estados concernidos a través de canales diplomáticos”.
La decisión implica revocar de manera inmediata el reconocimiento de Brasil y por tanto también la custodia de las instalaciones de la misión diplomática argentina en Caracas, incluidos sus bienes y archivos como se contemplaba en el comunicado conjunto fechado el 5 de agosto.
La decisión chavista se produce luego de un cambio gradual de actitud del presidente Luiz Inácio Lula da Silva hacia el régimen. Aliado firme durante los años de Hugo Chávez, más morigerado desde que asumió Maduro, Lula siempre se negó a sumarse a las críticas de sus colegas regionales a Caracas y antes de las elecciones pidió a María Corina Machado no “llorar” por haber sido inhabilitada, recordando que él fue enviado a la cárcel y no pudo enfrentar a Jair Bolsonaro en 2018.
Sin embargo, tras las elecciones, se mostró prudente y pidió junto a sus colegas de Colombia y México que el gobierno venezolano exhibiera las actas del escrutinio que supuestamente daban a Maduro vencedor. Al correr de los días fue elevando el tono y días atrás dijo que la situación en Caracas era “desagradable”, que el gobierno claramente era autoritario y Brasil votó una resolución en la OEA que condenaba la represión a las protestas tras los comicios.
El episodio de ayer, además, se enmarca en un clima de tensión creciente, aunque solapado, entre Brasil y Venezuela. Unos quince días atrás, el ejército brasileño reforzó la presencia de sus tropas en Pacaraima, en el estado de Roraima, uno de los pasos frecuentes de ingreso de migrantes venezolanos al país, donde desde la primera ola migratoria existe la llamada Operación Acogida.
Las autoridades brasileñas temen, según analistas, que el régimen chavista despliegue tropas para impedir o bloquear el flujo de migrantes lo que podría provocar peligrosos incidentes en la zona.
Conspiración. Según la Cancillería venezolana, los opositores refugiados en la Embajada planificaban atentados “contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez”. Los seis opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía encabezada por el chavista Tarek William Saab los acusara de varios delitos, como “conspiración” y “traición a la patria”, entre otros, en el marco de otro supuesto intento de derrocar al gobierno.
El 1° de agosto Brasil había asumido la custodia de la representación argentina luego de que Caracas rompiera relaciones con Buenos Aires. Unos días antes, el 29 de julio, la Cancillería venezolana había notificado a los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que debían retirar a sus representaciones diplomáticas por no reconocer la proclamación de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del día anterior, formulada por Consejo Nacional Electoral, un organismo controlado por el chavismo.
Los resultados electorales fueron cuestionados por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, que han pedido la verificación de los votos. El CNE hasta ahora no ha divulgado los escrutinios detallados, como indica la ley, tras argumentar un hackeo, que especialistas ponen en duda.
La Cancillería uruguaya se sumó a la preocupación por la decisión del régimen de Maduro. “Esta situación constituye una violación a la normativa internacional y un nuevo avasallamiento de los derechos de los ciudadanos venezolanos asilados en instalaciones de la representación diplomática argentina, a quienes ya se les negó el salvoconducto para abandonar el territorio venezolano y están siendo víctimas en este momento de un asedio permanente de parte de las fuerzas de seguridad del régimen”, sostuvo el ministerio uruguayo en un comunicado.
La victoria de Maduro fue anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ambos señalados de servir al oficialismo.
La oposición, en tanto, reivindica el triunfo del diplomático Edmundo González Urrutia, de 75 años, sustituto de Machado en las presidenciales por una inhabilitación impuesta a la dirigente por la Contraloría, también de línea oficialista. Ambos llevan más de un mes en la clandestinidad.
La Cancillería rechaza “cualquier intento de intromisión”
Agencias
El gobierno argentino rechazó la “decisión unilateral” de Venezuela de revocar la autorización conferida a Brasil para custodiar la sede de la legación diplomática argentina en Caracas, afirmó la Cancillería en un comunicado.
“La República Argentina rechaza dicha medida unilateral y advierte al gobierno venezolano que debe respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones”, subrayó el comunicado divulgado en la red social X.
El texto de la Cargentina “denuncia ante la comunidad internacional que en estos momentos patrullas de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad venezolanas rodean la residencia oficial en Caracas”.
“Cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado duramente por la comunidad internacional”, advirtió.
En ese sentido, el gobierno argentino considera que “acciones como éstas refuerzan el convencimiento de que en la Venezuela del (presidente Nicolás) Maduro no se respetan los derechos fundamentales del ser humano”.
El gobierno de Javier Milei agradeció “a la hermana República Federativa del Brasil por la representación de los intereses argentinos en la República Bolivariana de Venezuela y su compromiso y responsabilidad en velar por la custodia de los inmuebles argentinos en dicho país”.
El viernes por la tarde y “ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela”, la Cancillería argentina exhortó “al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen”.
“Como se señala en la nota del gobierno argentino que será presentada a la Fiscalía el lunes próximo, la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención”, agregó.
