Crece la polémica en México en torno al proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea la elección popular de jueces y ministros de Cultura, que avanza en el Congreso en medio de la resistencia del sector, en huelga desde hace varios días, y que ahora la Corte amenaza con revisar.
López Obrador advirtió ayer que la Suprema Corte cometería una “aberración” si la reforma, luego de la decisión de la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, quien el jueves resolvió consultar a sus colegas para saber si la corte es competente para frenar la reforma que avanza en el Congreso, tal como pidieron funcionarios judiciales en huelga mediante un recurso legal.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (Jufed) solicitó al Supremo paralizar la reforma. El proyecto también enfrentó esta semana una orden emitida de una jueza de Morelos, Martha Magaña López, en la que se llama a paralizar la tramitación de la ley. La reforma está pendiente del visto bueno del Senado.
“Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma”, dijo el mandatario en su habitual rueda de prensa.
“Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia”, añadió.
La enmienda fue el pasado miércoles por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, y se espera que la semana entrante sea votada en el Senado, donde al gobierno solo le falta un voto para lograr los dos tercios que requieren las reformas constitucionales.
Sería “una intromisión burda, más que un exabrupto, no creo por eso que prospere” el recurso para que la corte detenga el proceso legislativo, insistió el gobernante mexicano. Tras denunciar que los senadores están sometidos a “mucha presión” para que rechacen la enmienda, los llamó a actuar “con independencia”.
Choque de poderes. El presidente, cuya popularidad supera el 70%, mantiene un enfrentamiento con la Suprema Corte, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad.
“¿Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos?”, lanzó el mandatario ayer. La magistrada Lenia Batres, quien apoya la reforma, quedó a cargo de preparar el proyecto que discutirá el Supremo.
La reforma propone la elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como de jueces y magistrados en todo el país, un sistema que así, en forma completa, no existe prácticamente en ningún país del mundo. Solo Bolivia, en la región, tiene algo similiar. En ese país, los jueces de las altas cortes, elegidos por voto popular, han quedado en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor, el exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).
López Obrador asegura que, con algunas excepciones, los jueces y ministros favorecen la corrupción de cuello blanco y a grupos criminales, y los responsabiliza de una impunidad que según oenegés ronda el 90%. “Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Es un poder de las minorías”, afirmó ayer,
Pero los críticos de la iniciativa, incluidos Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos, advierten que socavará la independencia judicial al politizar la justicia, y que los narcotraficantes podrían controlar a los jueces más fácilmente si interfieren en su elección. El proyecto plantea que los candidatos sean postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, acusa a los ministros del tribunal de haberse convertido en aliados de la oposición y de tener ingresos por encima de lo legal.
Sheinbaum, que cultiva un perfil más moderado que el actual mandatario, también defendió la reforma. “Nadie tiene por qué preocuparse. El que los jueces, los ministros y magistrados sean electos por el pueblo es mejor para México. Eso significa más democracia, más independencia del Poder Judicial. La manera en que se van a elegir para ser votados es a través de una convocatoria amplia. Es lo mejor que puede pasarle al país”, sostuvo la presidenta electa.
