“En Venezuela hoy no existe la independencia judicial”, expresa la venezolana Clara Yesenia Ramírez Arenas, abogada y directora encargada de la ONG FundaRedes, que documenta violaciones de derechos humanos. La activista, que vive en Táchira, el estado fronterizo con Colombia, vino a Buenos Aires para recibir esta semana el Premio Graciela Fernández Meijide a la Defensa de los Derechos Humanos que otorga Cadal, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina.
“Los organismos obedecen al Poder Ejecutivo en su totalidad. Así que sabíamos de antemano que lo que se dictaminara iba a ser una sentencia parcializada para darle un poco de legalidad a la declaración del Colegio Nacional Electoral (CNE), que estableció a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones”, afirma Ramírez Arenas sobre la resolución del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que consideró válidos los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio difundidos por el CNE.
La letrada es, además de la directora de su ONG, la coordinadora de documentación. Ramírez Arenas ocupa su cargo delante de la dirección desde 2021. “Desde que el director general de FundaRedes es víctima de una detención arbitraria y de una privación ilegítima de su libertad, que ya cumplió, en julio, tres años”, asegura.
Ramírez Arenas advierte que “lo que sostiene al régimen hoy es la ilegalidad. Nosotros lo dijimos con total certeza, porque el papel de nuestra organización es monitorear y documentar la acción dentro del territorio venezolano de las fuerzas paramilitares y la corrupción. “Hoy no se puede dar una cifra exacta de cuántas personas están desaparecidas, porque muchas familias sienten temor a la hora de denunciar que a su familiar se lo llevaron. Consideran que si bajan el perfil, que si no dicen nada, en cualquier momento van a tener noticias de sus familiares”, agrega.
"Hay grupos con funcionarios que tienen empresas de extracción ilegal de oro, por ejemplo", explica. “A las organizaciones de la sociedad civil se nos criminaliza. Somos víctimas de amenazas, de hostigamientos, de persecución. Así que eso es dirigir una organización no gubernamental en Venezuela hoy: una actividad riesgosa, en la que no solamente se puede perder la libertad, sino que se puede perder la vida, pese a que el Estado es el garante de preservarla”, dice.
Aprobada por unanimidad, la semana pasada el Parlamento venezolano aprobó una ley para supervisar las ONG. Llamada oficialmente “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, entre las organizaciones no gubernamentales tiene otro nombre.
"Hay grupos con funcionarios que tienen empresas de extracción ilegal de oro, por ejemplo", explica Ramírez Arenas
“Es una ley que dentro del movimiento de derechos humanos se catalogó como la ley anti-ONG, precisamente porque lo que busca es inspeccionar el trabajo de la sociedad civil. Manejan un discurso, que fue el fundamento para que se apruebe esta ley, que supone que todos los fondos que se les envían a las ONG se están girando a partidos políticos para hacer actividades que buscan desestabilizar o para realizar actividades de terrorismo en contra del Estado”, explica la defensora de DD.HH.
Para la dirigente de la sociedad civil, la respuesta de la ante la crisis es “un acto de civilidad. Todo lo que pasó antes y durante el 28 de julio. Y posteriormente, se vio a los venezolanos exigiendo transparencia en los resultados. Todos sabemos lo que pasó, los que fuimos a votar sabemos el resultado de los centros electorales, lo que se vivió en la campaña electoral, y sigamos transitando hacia lo que Venezuela quiere, hacia lo que los venezolanos quieren, que es, sin lugar a dudas, una democracia donde entremos todos, donde participemos y donde empecemos a visibilizar lo que sucede de manera no riesgosa. Y, por supuesto, a buscar justicia para todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, dice Ramírez.
