Plan de acción de la ONU para eliminar la discriminación contra mujeres y niñas
Promovida por México y Chile, acompañados por Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay, la resolución fue también apoyada por los países de la Unión Europea, Suiza, Canadá, Ucrania, Tailandia, Australia, Moldova y las Islas Marshall.
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Desde Ginebra, Juan Gasparini
Al margen de seguir bregando para que todos los Estados ratifiquen y cumplan con la Convención Internacional de 1979 en la materia, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU activó un plan de acción que ponga al día la lucha para eliminar en el mundo «todas las formas de discriminación contra las mujeres y la niñas», según una resolución adoptada en Ginebra por consenso de sus 47 Estados miembros, elegidos por el voto secreto de la Asamblea General.
Promovida por México y Chile, acompañados por Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay, la resolución fue también apoyada por los países de la Unión Europea, Suiza, Canadá, Ucrania, Tailandia, Australia, Moldova y las Islas Marshall, un texto que debió rechazar una batería de enmiendas que intentaron sin suerte arruinar su contenido, desencadenadas inútilmente por Kuwait, en nombre de los países árabes, Eritrea, Irán, Rusia y Venezuela.
El documento define «que la discriminación contra las mujeres y las niñas constituye un abuso o una violación de los derechos humanos que vulnera el principio de igualdad, y que los Estados deberían velar por la adopción de medidas efectivas para promover la igualdad sustantiva y la no discriminación, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de la desigualdad, las desigualdades de genero ya existentes y sus causas profundas, y dándoles respuesta», pues «el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la discriminación por razón de genero».
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La ONU instó a los Estados a derogar «todas las leyes y políticas que regulen o penalicen exclusiva o desproporcionadamente los actos o el comportamiento de las mujeres y las niñas, así como las políticas que las discriminen por cualquier motivo, incluida toda costumbre, tradición o utilización indebida de la cultura y la religión, y creen mecanismos de rendición de cuentas para poner fin a la impunidad y prevenir, eliminar y reparar la aplicación discriminatoria de la ley». Exhortó asimismo a que los países consideren «la posibilidad de revisar toda la legislación propuesta y vigente para ajustarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, utilizando un enfoque interseccional que tenga en cuenta, entre otros factores, la edad, la raza, el género, la discapacidad u otras condiciones y el contexto histórico, social, económico, cultural y político de la realidad de las mujeres y las niñas», en un planeta asolado por 55 conflictos armados, que desbordan las fuerzas de paz e interposición de la ONU.
Les recomendó paralelamente a todos los gobiernos que «promuevan y apliquen leyes, reglamentos, políticas y programas que favorezcan la igualdad de género sustantiva, el empoderamiento social, político y económico de todas las mujeres y las niñas y prevengan y eliminen todas las formas de discriminación y de violencia y acoso sexuales y por motivos de género, en todas las esferas de la vida, tanto en Internet como en otros entornos».
De similar manera, la ONU planteó que se «respeten, protejan y hagan efectivo el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para todas las mujeres y las niñas, especialmente previniendo y eliminando todas las formas de discriminación por parte de todos los actores, tanto estatales como no estatales, en particular combatiendo los prejuicios de género y de otro tipo, y reconociendo que las formas estructurales y múltiples e interseccionales de discriminación perpetúan estereotipos profundamente perjudiciales».
Urgió igualmente eliminar «obstáculos políticos, jurídicos, sociales, prácticos, estructurales, culturales, económicos, institucionales y físicos, así como los derivados del uso indebido de la religión, que impidan la participación plena, equitativa, efectiva y genuina, en todos los ámbitos, de las mujeres a lo largo de la vida», como «a las niñas en función de su edad y madurez», velando por «la participación de las mujeres en puestos directivos en todos los niveles».
Preconizó además que «apoyen la igualdad de genero sustantiva, entre otros ámbitos en el seno de las familias, en particular mediante la promoción de medidas para reducir, redistribuir y valorar el trabajo doméstico, de cuidados y de apoyo no remunerado, que realizan principalmente las mujeres y las niñas, incluidas las mujeres de edad, y las mujeres con discapacidad, especialmente las que se encuentran en situaciones de marginación y vulnerabilidad».
Postuló de tal forma que «hagan efectivo el derecho a la educación para todas las mujeres y niñas a lo largo de su vida y a todos los niveles, especialmente para las que han quedado más rezagadas, en particular las niñas que viven en la pobreza, y promuevan iniciativas de sensibilización a largo plazo en la educación, en las comunidades, en los medios de comunicación y en el contexto digital, con la participación de hombres y niños, incorporando en la formación del personal docente programas sobre el conjunto de los derechos de las mujeres y las niñas… garantizando el acceso universal a una educación sexual integral y con base empírica».
La ONU pugna para que se «creen, respalden y preserven un entorno propicio para la participación plena, efectiva, genuina e igualitaria de la sociedad civil, incluidas las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y las niñas, los grupos feministas», como «las defensoras de los derechos humanos y las organizaciones dirigidas por niñas y jóvenes, en la creación, la elaboración, la aplicación y el seguimiento de todas las leyes y políticas pertinentes», en pos de «una igualdad de genero sustantiva».
Insistió que se «respete y haga efectivo el derecho a la salud sexual y reproductiva», incluso «respecto a las adolescentes y las jóvenes, sin discriminación, coacción ni violencia, en particular atendiendo a los factores sociales, determinantes de la salud, eliminando los obstáculos jurídicos y formulando y aplicando políticas, buenas practicas y marcos jurídicos que respeten la dignidad, la integridad y el derecho a la autonomía física, el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y educación y acceso a servicios de salud materna y atención obstétrica, el tratamiento de complicaciones relacionadas con el embarazo y privacidad individual».
Al tiempo, solicitó la adopción de «medidas específicas para cerrar las brechas digitales, incluida la brecha digital de genero, que afecta en particular a las niñas, y las jóvenes que viven en la pobreza, y para garantizar que se preste especial atención al acceso, la asequibilidad, la alfabetización digital, la privacidad y seguridad en Internet y en otros entornos, potenciando el uso de tecnología, la ingeniería y las matemáticas», enfrentando «la representación insuficiente de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, y en el diseño y la aplicación de la tecnología».
De igual modo, la ONU pidió a los Estados que «apliquen políticas y medidas encaminadas a reunir, compartir, promover, respaldar, aplicar y difundir ampliamente datos y buenas practicas, incluidos programas de sensibilización dirigidos a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas y combatir los estereotipos de género», que les son «perjudiciales», como «las formas múltiples e interseccionales de discriminación», constitutivas de «abuso o violación del derecho internacional de los derechos humanos».
Con ello, recordó «garantizar el acceso a la justicia y a mecanismos de rendición de cuentas, así como a recursos oportunos y eficaces, para lograr que se apliquen y cumplan de manera efectiva las leyes destinadas a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia de genero, adoptando un enfoque centrado en las víctimas» y en virtud de «la naturaleza de la desigualdad», adoptando «leyes pertinentes, mejorando la infraestructura jurídica», que considere «la edad, la discapacidad y el genero», otorgando «igualdad ante la ley» para mujeres y niñas.
Consignó el imperativo de reducir «las desigualdades socioeconómicas para superar la pobreza entre las mujeres y las niñas», protegiéndolas a través del «derecho a la seguridad social», que garantice «el acceso a una cobertura universal, accesible, adecuada, disponible e integral, a lo largo de la vida, independientemente de su estado civil, su empleo o su participación en el mercado de trabajo formal», y a tal fines, «modificar los patrones sociales y culturales que perpetúan los estereotipos racistas, xenófobos, patriarcales, de discapacidad, edad y genero».
Entre otras consideraciones, la resolución alentó a los Estados a seguir «elaborando y perfeccionando normas y metodologías, con un enfoque basado en los derechos humanos, respecto del diseño y la realización de los censos de población y las encuestas de hogares, así como la reunión, el análisis y la difusión de estadísticas de genero y de datos desglosados por sexo, edad y discapacidad», fortaleciendo «la capacidad estadística nacional, aumentando la movilización financiera y técnica de todas las fuentes», facilitando «el acceso a esos datos».
La ONU finalmente espera que «las entidades empresariales contribuyan a la justicia tributaria, cumpliendo sus obligaciones fiscales», haciendo «efectivos los derechos humanos de las mujeres y las niñas», acorde con los «Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos» de la ONU, estableciendo «mecanismos de reclamación y reparación por abusos relacionados con las empresas», que «sean accesibles, eficaces y respondan a cuestiones de género».
Tomando como particular referencia los anteriores pronunciamientos históricos del Consejo de Derechos Humanos en estas cuestiones, es decir sus resoluciones del 27 de septiembre y 14 de diciembre de 2007, la oportuna declaración de su Presidente OS/12/1, y el informe del Comité Asesor, solicita al Alto Comisionado, una «versión de lectura fácil y en un formato accesible» de estos trabajos, para ser integrado a la agenda y debatido por el Consejo dentro de 2 años.
