Un nuevo ciclo de hostilidades separó, aún más, a la Casa Blanca de Donald Trump con el gobierno de Lula da Silva. El origen de la disputa fue una decisión del magistrado Alexandre de Moraes, que suspendió la red social Rumble apenas unos días atrás, por no cumplir con demandas judiciales. Sus usuarios postean videos, como sucede en YouTube, pero esta plataforma creada en 2021 en los Estados Unidos, se tornó muy popular entre los conservadores. Lo cierto es que su socio fundador es nada menos que Trump Media.
Según puntualizó el juez Moraes, Rumble eludió las órdenes del Poder Judicial, como ocurrió en agosto del año pasado con “X”, y creó “un ambiente de total impunidad y de tierra sin ley, en las redes sociales brasileñas”. La réplica de Trump no se hizo esperar y Moraes fue acusado de “violar la soberanía” estadounidense.
Pero el episodio no quedó apenas en declaraciones. La Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que prevé serias sanciones contra “extranjeros” que contraríen la libertad de expresión. Si la norma fuera aprobada, aquellos considerados culpables, como sería el caso del magistrado brasileño, serán impedidos de ingresar en EE.UU. o sujetos a deportación.
Momentos después de la resolución del Comité americano, el Departamento de Estado dio a conocer su posición, mediante un tuit distribuido en Brasil por la embajada estadounidense. Allí se señala: “El respeto a la soberanía es un camino de doble mano con todos los socios de Estados Unidos, incluido Brasil. Bloquear el acceso a la información e imponer multas a empresas con sede en EUA, por recusarse a censurar individuos que viven allí, es incompatible con los valores democráticos”.
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La réplica de Itamaraty fue contundente. Primero, acusó a la administración Trump de “intentar politizar” el caso y luego pasó a señalar que “rechaza cualquier intención de cuestionar el régimen republicano y la Constitución Federal de Brasil”.
Para el gobierno de Lula, “la declaración del Departamento de Estado distorsiona las decisiones de la Corte Suprema brasileña” y aclara que las decisiones de ese máximo tribunal apuntan a “asegurar la aplicación de las leyes vigentes en nuestro país".
Juzga, además, que la libertad de expresión es un “derecho fundamental consagrado por el sistema jurídico brasileño y ésta debe ser ejercida en consonancia con los demás preceptos legales vigentes, sobre todo los de naturaleza delictiva”.
Hay que mencionar que el caso de Rumble ya había llevado a Trump Media a procesar al juez Moraes ante la justicia americana. Sin embargo, en la oportunidad, la jueza Mary Scriven rechazó la demanda por entender que el caso de las reclamaciones brasileñas no se aplicaba dentro del territorio estadounidense.
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Fuentes del gobierno brasileño ven, en esta ofensiva del Capitolio, una relación directa con las elecciones presidenciales de 2026. Entienden que detrás del episodio se ve la marca del “bolsonarismo”, que pretende contar con el auxilio de Trump para volver a gobernar el país.
No por acaso, el diputado Eduardo Bolsonaro pasó una semana en Washington, en una tournée por los gabinetes de los parlamentarios republicanos. No sólo eso: el legislador, hijo del ex presidente, tuvo reuniones con autoridades del Departamento de Estado.
Es obvio que Eduardo Bolsonaro dedicó tiempo, especialmente, a demandar la interferencia de Trump para facilitar la “amnistía” de su padre, en caso que este llegue a ser preso por cuenta de su participación en la intentona golpista del 8 de enero de 2023. Pesa, además, sobre el ex mandatario el impedimento a participar en elecciones brasileñas hasta el año 2030.
