Acorralado por las denuncias cada vez más sólidas de fraude en las elecciones del 28 de julio, el presidente Nicolás Maduro acudió hoy a la Corte Suprema, un organismo desprestigiado y colonizado por el chavismo, para que valide su cuestionada reelección, frente a la creciente presión internacional para que divulgue las actas del comicios, como hizo la oposición.
El presidente rechazó también toda posibilidad de alguna negociación con la oposición liderada por María Corina Machado.
El oficialismo mantiene en el más estricto secreto las actas del escrutinio, que el día de las elecciones interrumpió a las dos horas de iniciado, cuando los resultados apuntaban ya a una incontestable victoria opositora, alegando un supuesto hackeo que los especialistas consideran imposible que se haya producido, porque los resultados de cada central electoral se transmitían por teléfonos satelitales y no por computadoras.
La audiencia de ayer respondió a una solicitud que hizo la semana pasada Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para “certificar” la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente. Maduro concurrió representado por el procurador (abogado) del Estado, Reinaldo Muñoz, y miembros de su gabinete. En las afueras de la Corte los partidarios se congregaron para respaldar.
El líder chavista fue proclamado como presidente reelecto con el 52% de los votos frente a un 43% de su principal rival, Edmundo González Urrutia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó el detalle del escrutinio alegando un haqueo al sistema de votación. Doce días después, sigue sin hacerlo.
La oposición denunció fraude y asegura tener el 80% de las actas, que comprueban la victoria de González Urrutia, un discreto embajador que representó a la líder María Corina Machado en las votaciones tras su inhabilitación por la Justicia Electoral, también dominada por el chavismo, para ejercer cargos públicos.
Después de los resultados, estallaron protestas en el país cuya represión provocó al menos 24 muertos, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, y según Maduro, más de 2.200 detenidos, a los que se acusa de “terrorismo e “incitación al odio”. El oficialismo desestima las pruebas presentadas por la oposición y las tilda de falsas.
“Garantías, salvoconductos e incentivos”. Machado dijo en una entrevista con la AFP que la oposición propone una “negociación para la transición democrática”, que “incluye garantías, salvoconductos e incentivos para las partes involucradas, en este caso el régimen que fue derrotado en esa elección presidencial”.
“Estamos decididos a avanzar en una negociación”, insistió la dirigente de 56 años. “Será un proceso de transición complejo, delicado, en el cual vamos a unir a toda la nación”.
Pero Maduro descartó de plano hoy toda negociación con la que llamó “prófuga de la Justicia, quien debe responder “por los crímenes que cometió”.
“El único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entregue ante la Justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió, de verdad es la única negociación que cabe aquí”, señaló el mandatario izquierdista en una rueda de prensa en el TSJ.
Antes, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, quien también acudió a la Corte, también rechazó la oferta de una transición. “Ella no está en condiciones de negociar nada”, dijo a periodistas. “Ofreciéndole condiciones, ¿a quién? Aquí hubo un resultado que dio el CNE, que es el órgano rector, vencedor a Nicolás Maduro Moros, acatado por los venezolanos y las venezolanas”, añadió.
Observadores como el Centro Carter coinciden en las proyecciones del triunfo opositor, mientras Estados Unidos –quien reconoció la victoria de González Urrutia–, la Unión Europea –que pidió una “verificación independiente” del proceso y desconoce los resultados oficiales–, y países de América Latina, incluidos aliados de Maduro como Brasil, México y Colombia, exigen la publicación de las actas.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, un notorio dirigente chavista, acudió el lunes a la Corte y dijo haber entregado todo el material solicitado: actas de escrutinio de las mesas electorales, el acta de totalización definitiva y copia de la proclamación de Maduro. Según lo anunciado por la presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez, el material será revisado en un lapso de 15 días que puede ser “prorrogable”.
“Opaco”. Con el procedimiento en el TSJ, Maduro está “admitiendo implícitamente que nadie cree en su proclamación, a tal punto que pide que otro poder intervenga”, dijo el abogado de la opositora Machado, Perkins Rocha, en X. “Maduro sabe que cuenta con un TSJ genuflexo”, explicó.
González Urrutia fue citado el miércoles, pero no acudió al llamado judicial. Alegó “absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso” en un comunicado.
El director de la consultora política Logconsultancy, Giulio Celini, ve el proceso como “una especie de emboscada contra Edmundo González Urrutia. “Partimos del hecho de que el Poder Judicial está controlado por Maduro, al igual que el poder electoral”, añadió. “Entonces algo que debería resolverse a nivel administrativo, es decir en el CNE, se lleva a los tribunales para tratar de ratificar esta victoria, pero la preocupación es que ese proceso a nivel judicial es opaco”.
Estados Unidos advirtió a Maduro que la presión internacional sería “inimaginable” si Machado y González Urrutia son arrestados. También busca dar espacio a Brasil, Colombia y México para que puedan “trabajar y encontrar un modo de avanzar”, dijo el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Mora.
También la UE, a través del Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, confirmó contactos con distintos actores para seguir la crisis abierta en Venezuela y consideró “clave” el papel mediador de Brasil, Colombia y México.
Borrell, quien cita a la oposición venezolana y al secretario general de la ONU, António Guterres, entre sus interlocutores, espera “transparencia” por parte del chavismo, lo que pasa a su juicio porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano publique las actas de los comicios y haya una “verificación independiente”.
Asimismo, instó a las autoridades venezolanas a garantizar el respeto de los Derechos Humanos y a poner fin “inmediatamente” a las detenciones “arbitrarias” y a la represión contra miembros de la oposición y de la sociedad civil. “Reiteramos nuestro llamamiento a la liberación inmediata de los presos políticos”, reclamó en redes sociales.
Otros países también mostraron su preocupación. Italia, por ejemplo, creó una “fuerza de tareas” en su cancillería, por órdenes del ministro Antonio Tajani, y expresó su temor por la detención de una dirigente opositora ítalo-venezolana, Rita Capriti.
Maduro sigue denunciando un “ataque” y golpe de Estado en su contra y apunta contra las redes. El mandatario, quien asegura que dejó de usar WhatsApp, ordenó el jueves la suspensión por diez días de X, que ya dejó de funcionar.
San Miguel, seis meses presa
Agencias
Rocío San Miguel, activista y defensora de los Derechos Humanos, cumplió ayer seis meses detenida por orden de la Justicia controlada por el chavismo, bajo los cargos de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, por haber participado supuestamente en una de las tantas conspiraciones denunciadas por el gobierno, en este caso la llamada “Brazalete Blanco”.
ONG’s denunciaron ayer que San Miguel, presidenta de la ONG dedicada a asuntos militares Control Ciudadano, no ha podido hasta el momento designar a sus abogados de confianza. “Fue acusada por el Ministerio Público y le impusieron un defensor público”, denunció Provea, una ONG de defensa de los derechos humanos.
San Miguel fue detenida el 8 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija. Fue llevada al siniestro Helicoide, el espacio de detención que la ONU registró que también era un centro de torturas.
El fiscal general, Tarek William Saab, acusó a San Miguel de “entregar información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.
