“¿Quién se cree que es?”, dijo esta mañana el presidente Lula da Silva al hablar de Elon Musk, el multimillonario dueño de la plataforma X y de la empresa Starlink holding. Luego precisó con vehemencia: “Él tiene que respetar la decisión de la Corte Suprema de Brasil. Si la respeta, todo bien. Y si no quiere, paciencia”. Con una irritación indisimulable, el líder brasileño advirtió: “Cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que tenga inversiones en Brasil, debe subordinarse a la Constitución y a las leyes de nuestro país. Que ese tipo tenga mucho dinero no significa que no esté obligado a respetarlas”.
Las declaraciones del jefe de Estado tienen un peso especial frente a la disputa trabada entre Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y el empresario de origen sudafricano, nacionalizado estadounidense. Le dio todo su apoyo a la decisión del magistrado de intimar a Musk a que designe un representante legal en Brasil so pena de cancelar la red social X (ex Twitter) en el país. En ese contexto, Moraes resolvió además bloquear todas las cuentas bancarias del holding en territorio brasileño. Esta medida radical, según los argumentos de la Corte, surgió de la necesidad de cobrar las multas que le fueron aplicadas al empresario, por desobediencia de las órdenes judiciales que lo obligaban a cerrar cuentas de la Plataforma. No por acaso, en su mayoría pertenecían a militantes y parlamentarios enrolados detrás de Jair Bolsonaro.
Lula declaró, ante una radio local, que “si este país tomó una decisión a través de la Suprema Corte, él (Musk) tiene que acatarla. Si las decisiones judiciales valen para mí, también valen para él. De lo contrario, no seríamos un país soberano”.
Las tensiones de la justicia brasileña con el empresario vienen desde abril último. Fue cuando los empleados de la plataforma se pronunciaron contra el bloqueo de cuentas ordenadas judicialmente, los últimos años. Fue a partir de entonces que Musk comenzó una ofensiva pública contra Moraes, a quien acusó de ejercer censura y proferir amenazas. A partir de entonces que el dueño de X fue incluido en la causa de las “milicias digitales” empoderadas por el bolsonarismo, especialmente durante la etapa electoral de 2022 y luego en el intento de golpe de Estado contra Lula, el 8 de enero de 2023.
Para el juez, Musk cometió “delitos de obstrucción de la justicia, de asociación delictiva e incitación al crimen”; como consecuencia le impuso el pago de una multa diaria de 20.000 dólares por el incumplimiento del cierre de cuentas de bolsonaristas, que propagaban fake news. Entre los seguidores del exmandatario, a los que la justicia demandó el bloqueo de cuentas en Twitter, figuran la diputada del Partido Liberal Carla Zambelli; el ex congresista Roberto Jefferson y el empresario Luciano Hang.
Desde que se inició este conflicto, el multimillonario llamó a Alexandre de Moraes de “dictador brutal”. Y eso pese a que la investigación abierta por el magistrado versó sobre la difusión de noticias falsas, originadas en las extrema derecha que encabeza el ex presidente Bolsonaro.
Ya en la etapa final, la exasperación del hombre de negocios nacido en África del Sur, por cuenta de las determinaciones de la Corte Suprema, lo llevó a subir la apuesta. Fue entonces que cerró sus oficinas en Brasil, el sábado 17 de agosto; lo cual derivó en la inexistencia de un representante legal de la firma. De allí la intimación formulada ayer por el juez que dio un plazo de 24 horas para cumplir la demanda y el pago de las multas correspondientes.
En ese tercer sábado de agosto, la propia empresa tuiteó que encerraba las operaciones, pero también indicaba que el servicio prestado por X iría a continuar disponible para los usuarios brasileños. En ese escrito, aludió a amenazas contra la abogadas que entonces representaba oficialmente la compañía: Rachel de Oliveira Villa Nova Conceicao.
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