La policía brasileña pidió hoy la acusación contra el expresidente Jair Bolsonaro por un complot de "golpe de Estado" en 2022 para impedir que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera el cargo. La policía dijo que sus investigadores concluyeron que Bolsonaro y otras 36 personas planearon el "derrocamiento violento del estado democrático".
"La policía Federal concluyó este jueves la investigación sobre la existencia de una organización criminal que actuó de forma coordinada en 2022 en un intento de mantener al entonces presidente en el poder", indicó el comunicado. "El informe final ha sido enviado a la Corte Suprema con la solicitud de que 37 personas sean procesadas por los delitos de derrocamiento violento del Estado democrático, golpe de Estado y organización criminal", detallaron. En el listado de las 37 personas a los que apunta el informe acusatorio de la Policía Brasileña está el argentino Fernando Cerimedo, uno de los principales estrategas digitales del presidente Javier Milei, que en Brasil cumplió tareas vinculadas al mismo ambito de redes al servicio de Bolsonaro.
El fiscal general de Brasil debe decidir si las acusaciones son suficientemente fundadas como para justificar la presentación de cargos penales. El cargo de intento de golpe de Estado conlleva una pena de hasta 12 años de prisión. Por su parte, Bolsonaro prometió combatir la acusación y acusó al juez de la Corte Suprema que supervisa el caso de excederse en la ley.
“La lucha comienza en la Procuraduría General de la República", afirmó Bolsonaro en su cuenta de X. El juez Alexandre de Moraes "lidera toda la investigación, ajusta declaraciones, realiza detenciones sin acusar, busca pruebas y tiene un equipo asesor muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice", afirmó Bolsonaro.
El martes pasado la policía Federal lanzó una operación para desmantelar la organización criminal responsable de planear un golpe de Estado para impedir que el presidente Lula da Silva asumiera el cargo tras su victoria en las elecciones de 2022. El plan, que incluía el asesinato del mandatario brasileño y del vicepresidente Geraldo Alckmin, fue impreso en el Palacio de Planalto en noviembre de ese año.
El plan preveía el envenenamiento, el uso de explosivos y armamento pesado para "neutralizar" a Lula da Silva, a Alckmin y al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes. La investigación también indicó que se crearía un "gabinete de crisis" después de los asesinatos. La lista de presuntos co-conspiradores en el caso Bolsonaro incluía a tres soldados de élite y un oficial de policía arrestados el martes.
Transición en EEUU: el aspirante a fiscal general de Donald Trump
Según la policía, el supuesto complot se tramó en los últimos meses de la presidencia de Bolsonaro (2019-2022). Lula, que fue presidente entre 2003 y 2010, ganó las elecciones de octubre de 2022 para suceder al ultraderechista Bolsonaro. La policía no ha establecido hasta el momento un vínculo directo entre el supuesto complot y una insurrección que tuvo lugar en Brasilia el 8 de enero de 2023.
Aquel día, miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en el palacio presidencial de la capital, el edificio del Congreso y la Corte Suprema. Las investigaciones continúan sobre esos disturbios, que recordaron escenas ocurridas en Estados Unidos dos años antes, cuando partidarios de Donald Trump que protestaban por la victoria electoral del presidente Joe Biden atacaron el Capitolio de Estados Unidos en Washington el 6 de enero de 2021. De hecho, Bolsonaro ha expresado admiración por Trump en el pasado.
Paralelismos entre Bolsonaro y Trump: varias investigaciones en su contra
Bolsonaro es blanco de varias investigaciones, pero la noticia de este jueves, que lo coloca en el centro de un supuesto golpe de Estado, es la más dramática. El excapitán del ejército ya había sido declarado inelegible para ejercer cargos públicos hasta 2030 por haber hecho denuncias infundadas de fraude en el sistema de votación electrónica de Brasil.
También se le ha prohibido salir del país mientras continúa una vasta investigación llamada "Tempus Veritatis" ("el tiempo de la verdad", en latín). La investigación ya ha atrapado a varios de los colaboradores más cercanos de Bolsonaro. Bolsonaro espera revocar la sentencia de inelegibilidad e intentar regresar a la presidencia en las elecciones presidenciales de 2026.
En X, publicó paralelismos entre su situación y la de Trump, que este mes ganó a los votantes estadounidenses para asegurar su regreso a la Casa Blanca. La investigación policial que pide la acusación de Bolsonaro detalla un supuesto decreto que el expresidente habría emitido en diciembre de 2022, ordenando a oficiales militares de alto rango arrestar a Moraes.
Moraes fue presidente del tribunal electoral nacional que validó la victoria de Lula en 2022. Ese decreto fue confirmado por los militares durante el interrogatorio policial, según las transcripciones hechas públicas por Moraes, quien ahora está a cargo del caso en la Corte Suprema.
Según una transcripción publicada en marzo, un general retirado del ejército brasileño, Marco Antonio Freire Gomes, había hablado con investigadores policiales sobre las reuniones de diciembre de 2022 con Bolsonaro. Dijo que un asistente de Bolsonaro había visto opiniones legales que el entonces presidente había elaborado, apoyando su intento de permanecer en el poder.
Lula agradeció estar vivo y afirmó buscar “desmoralizar con números” a la oposición
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció hoy por estar "vivo", tras comentar los planes de asesinarlo en 2022 en un intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares. "Tengo que estar mucho más agradecido ahora que estoy vivo. El intento de envenenarme a mí y a Alckmin no funcionó, estamos aquí", celebró.
"No quiero envenenar a nadie, no quiero perseguir a nadie. Lo único que quiero es que cuando termine mi mandato desmoralicemos con números a quienes gobernaron antes que nosotros", dijo el mandatario en el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, durante una ceremonia para presentar una revisión de los contratos de concesión de autopistas y atraer la inversión privada en infraestructuras de transporte.
"Quiero medir con números quién hizo más escuelas, quién atendió a los más pobres, quién hizo más carreteras, más puentes, quién pagó más salario mínimo en este país, eso es lo que quiero medir porque eso es lo que cuenta en los resultados de la gobernabilidad", agregó el presidente. "Necesitamos construir este país sin persecución, sin incitación al odio ni a la discordia", añadió.
ML
