Un apagón registrado ayer de madrugada dejó a oscuras a Venezuela, incluida la capital, Caracas, informó el gobierno, que atribuyó la falla a un “sabotaje” del sistema por parte de la oposición en medio de sus denuncias de fraude electoral.
El apagón se reportó a las 4H40 locales (8H40 GMT) y afectó de manera “total o parcial” los 24 estados de este país, donde las fallas son frecuentes por la falta de mantenimiento del sistema eléctrico, pese a que el gobierno suele atribuir las caídas de tensión a sabotajes, como hizo ayer.
“El fascismo desesperado ataca al pueblo, pero juntos superaremos esta nueva arremetida”, escribió Maduro en su canal en Telegram, en el que calificó la falla de “ataque criminal”.
Los apagones son frecuentes en Venezuela desde hace una década, sobre todo en el interior del país. El gobierno los atribuye siempre a intentos de desestabilización opositores, pero los expertos desestiman ese argumento y los vinculan a falta de inversión, impericia y corrupción.
“Todos los servicios se están chequeando, se están revisando”, dijo más temprano el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, al canal estatal VTV. “Ya comienza a energizarse la red y comienzan a recibir energía eléctrica algunos sectores de acá de Caracas”.
“Es un proceso que va ocurriendo poco a poco, pero es un proceso que se hace en medio de la seguridad de lo que se está haciendo para no caer en errores”, señaló.
El servicio se hizo intermitente en algunos sectores del país entrada la tarde, con reportes de restablecimiento seguidos de caídas.
La caída se registra a un mes de las elecciones en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años, hasta 2031.
La oposición liderada por María Corina Machado asegura que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y que tiene las pruebas para demostrarlo.
La denuncia de fraude es vista desde el chavismo como parte de un complot contra Maduro. Durante la campaña, de hecho, denunciaron supuestos planes para afectar el vulnerable sistema eléctrico. “No lograron sus objetivos como ellos esperaban”, siguió el ministro Cabello, “que el país estuviera incendiado un mes después de las elecciones”.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que “todo está bajo control” y que la Fuerza Armada “va a estar actuando con todos los órganos de seguridad ciudadana para atender cualquier situación”.
El metro quedó interrumpido en Caracas y el tránsito era reducido aunque había movimiento de personas, algunas apostadas afuera de edificios de oficina.
Citación a candidato opositor. La reelección de Maduro fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina a los que, con matices, se sumaron tradicionales aliados del chavismo, como México, Brasil y Colombia, que exigen la publicación de las actas del escrutinio para aceptar una eventual victoria del presidente.
El candidato opositor, Edmundo González, de 75 años, estaba justamente citado ayer en la fiscalía, que abrió una investigación penal en su contra. Es el tercer llamado, después de ignorar los anteriores. La líder opositora María Corina Machado adelantó que “obviamente no va a ir. ¿De qué estamos hablando?”, dijo en una rueda de prensa con medios españoles.
La fiscalía advirtió que “de no comparecer ante este despacho fiscal en la fecha antes señalada se considerará” en “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización, por lo que se tramitará la correspondiente orden de aprehensión”. No está claro cómo queda el procedimiento en medio del apagón nacional, aunque el canal estatal VTV reportó el desacato sin hacer referencia a un eventual pedido de captura.
La citación, al igual que las otras, no especifica en calidad de qué fue convocado González: imputado, testigo o experto, según la ley venezolana. Habla de “rendir una entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho” por la presunta comisión de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, delitos que pueden llevar en teoría a la pena máxima de treinta años de cárcel.
Maduro ha pedido cárcel para González y para Machado. Los responsabiliza además de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos –incluidos dos militares–, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, incluidos menores de edad. Organizaciones de derechos humanos sostienen que las víctimas murieron en la represión de las marchas.
