Por 20 votos a favor, 19 abstenciones y 8 en contra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prorrogó por un año «el mandato de Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos en la Federación de Rusia», definido en 2023, encomendado a Mariana Katzarova, «con más de 2 décadas de experiencia como periodista y dirigente de derechos humanos en las zonas de guerra de Bosnia Herzegovina, Kosovo, Chechenia y Ucrania», se anunció en Ginebra.
Votaron a favor, Albania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Japón. Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Holanda, Paraguay, Rumania y Estados Unidos. Se abstuvieron, Argelia, Bangladesh, Benin, Brasil, Camerún, Costa de Marfil, República Dominicana, Honduras, India, Indonesia, Kuwait, Malawi, Malasia, Maldivas, Marruecos, Qatar, Somalia, Sudáfrica y Emiratos Árabes. Se pronunciaron en contra, Burundi, China, Cuba, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Sudan y Vietnam.
En el texto, la ONU exhortó a Rusia a establecer «una colaboración plena con la Relatora, facilitándole un acceso sin trabas para que pueda visitar el país y reunirse libremente con las partes interesadas pertinentes, incluidos representantes de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y personas privadas de libertad, entre ellas los prisioneros de guerra y civiles expulsados del territorio» ruso, a fin de «proporcionarle la información necesaria para que pueda desempeñar adecuadamente su mandato».
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La ONU reclamó «a las autoridades rusas a que cooperen plenamente con todos los demás titulares de mandatos de los procedimientos especiales», en total 44 temáticos y 12 por países, y con «los órganos de tratados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y todas las partes interesadas, en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), y que se abstenga de recurrir a cualquier forma de intimidación o represalia, contra personas o asociaciones por el hecho de haber colaborado con estos órganos».
De momento, a la ONU le preocupan «las denuncias de ejecución extrajudicial de personas criticas con el Gobierno, las graves restricciones de los derechos a la libertad de opinión y expresión, de reunión pacífica y de asociación, tanto dentro como fuera de Internet, para silenciar la disidencia, las opiniones en contra de la guerra, y otras actividades pacíficas que son esenciales, para el funcionamiento de una sociedad democrática, lo que se está traduciendo en una represión sistemática e incesante por parte de las autoridades rusas».
En este aspecto, se enumeran como víctimas a «las organizaciones y los representantes de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos… que se enfrentan a formas de violencia y amenazas sexuales y de género específicas», apuntando a «los medios de comunicación independientes, los periodistas y trabajadores» de prensa, «los Pueblos Indígenas, las personas en situación de vulnerabilidad» o pertenecientes a minorías, «los niños y sus familias, abogados» miembros «de la oposición política y otras personas que ejercen sus derechos humanos».
A modo de inquietante acompañamiento, preocupan a la ONU «las medidas legislativas encaminadas a restringir cada vez más las libertades de reunión pacífica, de asociación y de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, tanto dentro como fuera de Internet, especialmente las leyes de los denominados «agentes extranjeros», el «extremismo», y las «organizaciones indeseables», en su versión modificada, y la ley de marzo de 2022 relativa a «noticias falsas sobre el ejército ruso».
Resaltan particularmente la «desacreditación de la utilización de las fuerzas armadas rusas, por la que se modifican el Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal, y las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, así como el uso indebido del sistema judicial con fines políticos, que, en conjunto tienen por efecto acallar las opiniones pacíficas, independientes y pluralistas mediante la imposición de cuantiosas multas, reclusión arbitraria y largas penas de privación efe libertad».
La ONU «deplora que las autoridades rusas hayan declarado «extremistas» algunas organizaciones de derechos humanos y grupos de personas en situación de vulnerabilidad y las hayan incluido en la lista de organizaciones «indeseables», lo que … ha dado lugar a «un aumento de los actos de violencia física y verbal, persecución, detención arbitraria, desaparición forzada y tortura contra estas personas, así como de otros delitos cometidos impunemente contra ellas».
Por cierto, preocupan también en la ONU, «las violaciones de los derechos humanos derivadas del uso arbitrario y la instrumentalización de las leyes relativas a la «seguridad del Estado», incluida la «traición», o la legislación en materia de lucha contra el terrorismo y el extremismo, haciendo una interpretación excesivamente amplia de ellas que sobrepasa su objetivo declarado, con el fin de silenciar a las voces disidentes».
A su vez el panorama se agrava «por las restricciones extrajudiciales, el enjuiciamiento en secreto de civiles por tribunales militares y las leyes que se utilizan en la practica para limitar la libertad de expresión y de asociación», y, a este respecto, «el Consejo de Derechos humanos de la ONU expresa preocupación por la inclusión de al menos 55 organizaciones de los Pueblos Indígenas y otros grupos regionales y minorías en la lista de «organizaciones extremistas»».
Sin olvidar «la muerte del líder de la oposición Alexéi Navalny, mientras se encontraba privado de su libertad, y por el hecho de que las autoridades rusas no hayan llevado a cabo una investigación efectiva, independiente e imparcial de las circunstancias de su muerte», la ONU concluye solicitando «al Secretario General y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que proporcionen a la Relatoría de Mariana Katzarova, toda la asistencia y los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para que pueda desempeñar de forma efectiva su mandato.
