El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General, identificó en Ginebra a 54 «funcionarios del gobierno, del Ejército y del partido gobernante en Nicaragua», posibles responsables de «violaciones, abusos y crímenes» desde el 2018, según una «Misión de Establecimiento de hechos», en un informe de 234 páginas. La resolución se aprobó por 29 votos a favor, 14 abstenciones y 4 en contra.
De America Latina y el Caribe, votaron a favor Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y México. Se opusieron Cuba y Bolivia. «Este informe es una hoja de ruta. Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas», estimó Reed Brody, uno de los 3 expertos independientes de la Misión, cuyo mandato ha sido renovado por 2 años mas.
El informe expresa «gran alarma por la centralización y el monopolio absolutos del poder del Estado por el poder ejecutivo, por la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua y por el desmantelamiento del estado de derecho, la independencia del poder judicial y la separación de poderes, particularmente mediante la reciente introducción de enmiendas a mas de 100 artículos de la Constitución, que entraron en vigor en febrero de 2025».
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De tal modo, «los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales», pasan a estar «bajo control directo de los recientes creados y designados Co-presidentes, y por su impacto multidimensional en el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la eliminación del respeto por la dignidad humana, de la prohibición de la tortura y del derecho de huelga, las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, y el debilitamiento de las garantías procesales».
Los expertos expresaron su «preocupación por la decisión de Nicaragua de desvincularse del Consejo de Derechos Humanos y de todas las actividades relacionadas con el Consejo y sus mecanismos». También por «la decisión de Nicaragua, en febrero de 2025, de retirarse de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Internacional de Migraciones y la Organización Internacional del Trabajo».
La ONU se «alarma por la cancelación de la personalidad jurídica de al menos 38 universidades, la posterior confiscación de cuentas bancarias y activos por el Estado y la cancelación de expedientes y títulos académicos, y por las reformas promulgadas mediante la aprobación de las leyes 1114 y 1176, que han permitido el control partidista de las juntas directivas de las universidades restantes… socavando así el derecho a la educación, la libertad académica y la autonomía de las universidades, afectando directamente más de 37.000 estudiantes».
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Este Consejo condenó ademas «el aumento de la reclusiones arbitrarias y las desapariciones forzadas, de dirigentes políticos, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, lideres religiosos, empresarios, Pueblos Indígenas, afrodescendientes, pequeños agricultores y miembros del movimiento campesino, personas del mundo académico y estudiantes, artistas y trabajadores de la cultura, de la sociedad civil y de organismos religiosos», sometidos «a la tortura, o a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes», con las dificultades «que enfrentan las personas de edad y enfermas, y las niñas».
La ONU da cuenta que Nicaragua excarceló a 357 presos políticos, entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, pero denuncia su inmediata «deportación». Así «ha despojado de su nacionalidad a por lo menos 546 nicaragüenses, en violación de su derecho humano a una nacionalidad, lo que, como apátridas, los expone a mas violaciones y abusos de los derechos humanos», impidiéndoles «volver a entrar en el país después de su salida, obtener documentación legal, acceder a la protección consular, ejercer sus derechos humanos y satisfacer sus necesidades básicas», sufriendo la pérdida de «bienes, certificados de nacimiento, registros académicos y profesionales y pensiones», retirándoles a algunos «arbitrariamente su nacionalidad».
Asimismo, a la ONU le preocupan «las continuas vulneraciones de la libertad de opinión y de expresión, y de la libertad de investigar, recibir y difundir informaciones, en particular contra los miembros de la prensa …mediante el allanamiento y el cierre del principal periódico impreso del país, y por las detenciones arbitrarias, las amenazas, la violencia, el hostigamiento y el exilio forzoso de que han sido objeto los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación que daban información critica con el el Gobierno, y por las restricciones adicionales impuestas a la libertad de expresión y de prensa como resultado de las enmiendas constitucionales».
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La ONU no olvidó condenar «todos los actos de intimidación, hostigamiento y represalias tanto en internet como en medios no electrónicos, cometidos por agentes estatales y no estatales contra personas y grupos que tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o con la Organización de los Estados Americanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Résulta a su vez «sumamente alarmante para la ONU, el deterioro de la situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, los afrodescendientes y otros grupos en situación vulnerable, muchos de los cuales siguen afrontando cada vez más represión, persecución, discriminación, amenazas y acoso, incluidas violaciones y abusos de sus derechos, por el hecho que Nicaragua sigue sin otorgar títulos ni proteger los territorios indígenas demarcados y titulados frente a la invasion de colonos y la explotación minera, por el estancamiento de las investigaciones relativas a homicidios y actos de violencia sexual y de genero y por los ataques relacionados con disputas territoriales en el territorio Mayangna Sauni As».
Para peor, el Consejo Supremo Electoral revocó «arbitrariamente la personalidad jurídica del principal partido político indígena y afrodescendiente, Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), el 3 de octubre de 2023, antes de las elecciones regionales previstas para el 3 de marzo de 2024, y condenado la detención arbitraria y la desaparición forzada de diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a este partido, lo que silencia a la oposición política e impide la libre participación los asuntos públicos».
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A su vez «el movimiento campesino es también objeto de persecución, criminalización y represión continuas de sus miembros y líderes, en particular mediante detenciones arbitrarias, tortura, juicios injustos, desplazamientos forzados y posibles ejecuciones extrajudiciales, así como mediante continuos actos de hostigamiento, vigilancia y amenazas contra los campesinos y sus familias, que han logrado socavar sus intentos de organizarse y han obligado a muchos de ellos a exilarse o esconderse». El Consejo prorrogó los mandatos de los 3 expertos de la Misión por 2 años mas, y les fijó un calendario para someterle nuevo informes de la situación en Nicaragua.
