La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, condenó el «nombramiento temporal por parte del Presidente argentino Javier Milei de 2 jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial, eludiendo el proceso de aprobación del Senado», según un documento oficial de Naciones Unidas difundido en Ginebra.
Estos Relatores son expertos independientes elegidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 47 Estados miembros de la ONU que se van renovando anualmente por el voto secreto de la Asamblea General. No son empleados de la ONU, ni cobran sueldo, solo viáticos para cumplir sus misiones, actuando según su conciencia. Tienen mandato por 3 años, renovable una sola vez, presentando informes anuales que son debatidos en el Consejo.
«El Ejecutivo no está por encima de la ley», afirmó Margaret Satterthwaite, «al ignorar los procesos de nombramiento judicial establecidos por la Constitución y aclarados en los estatutos», estimando que el Presidente Milei «está eludiendo los controles y equilibrios legalmente establecidos», designando al juez federal de primera instancia en Buenos Aires, Ariel Lijo, y al doctor en derecho, Manuel Garcia Mansilla, para ocupar vacantes en la Corte Suprema.
Las designación «judicial por decreto presidencial sienta un peligroso precedente al politizar los nombramientos, erosionar la transparencia y limitar las vías para el escrutinio público y la impugnación», sostuvo la Relatora. Advirtió «que la seguridad en el cargo judicial podría verse degradada por la naturaleza temporal de los nombramientos por decreto presidencial». Con «estos 2 nombramientos el Tribunal Supremo pasará a funcionar sin ninguna mujer magistrada».
«La seguridad en el cargo es crucial para la protección de la independencia judicial, ya que permite a los jueces ejercer sus funciones libres de la amenaza de perder su puesto si sus decisiones no son del agrado de otros poderes del Estado», considerando que «este retroceso puede suponer para el país una violación de la regla de no regresión en relación a las normas de igualdad de genero, enviando un mensaje muy negativo a todas las mujeres del país».
La Relatora también advirtió «que el aumento indebido del control ejecutivo o legislativo sobre los nombramientos judiciales erosiona la separación de poderes y socava la capacidad de los tribunales para reforzar la rendición de cuentas democrática garantizando que los poderes políticos del gobierno cumplen la ley y respetan los derechos humanos».
Por consiguiente, Satterthwaite recomendó que la Argentina vuelva «a comprometerse con sus obligaciones internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, defender la independencia del poder judicial y respetar el Estado de derecho», revelando a su vez que «está en contacto con las autoridades argentinas sobre este asunto».
Las inquietudes de la Relatora, fueron respaldadas por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Volker Turk, quien se alarmó «por las recientes medidas ejecutivas que eluden los procedimientos establecidos para los nombramientos en la Corte Suprema, que corren el riesgo de socavar la independencia del poder judicial y el Estado de derecho», agravadas por «las políticas de austeridad sobre el creciente número de personas que viven en la pobreza».
Desde Ginebra, Juan Gasparini.
