El Comité de los Derechos del Niño de la ONU hizo responsable al Paraguay "de graves violaciones de derechos humanos en relación con el asesinato de 2 niñas de 11 años durante una operación llevada a cabo por la Fuerza de Tareas Conjunta de Paraguay contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo", Maria Carmen y Lilian Mariana Villalba, abatidas en 2020. Cabe agregar a Lichita Oviedo Villalba, desaparecida desde entonces a sus 14 años.
Constituido por 18 expertos independientes nombrados por los países que han ratificado la Convención en la materia, este Comité vigila su cumplimiento por parte de los Estados y también recibe denuncias sobre casos individuales, cuyas dictámenes son obligatorios para los gobiernos. Se trata de las antes citadas María Carmen Villalba y Liliana Mariana Villalba.
Debe añadirse que no fueron secuestradas y sobrevivieron en la selva, Tania Villalba, de 18 años, y Anita Oviedo, de 14 años, las cuales consiguieron más tarde el asilo en Argentina, donde hoy cursan carreras universitarias. El actual gobierno del Presidente Javier Milei y de la Ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, obrarían para quitarles el refugio político, y expulsarlas a Paraguay.
La denuncia fue presentada en la ONU por los letrados argentinos, Laura Taffetani y Eduardo Soares, de la Gremial de abogados, sobre "los homicidios ilegítimos y alegaciones que Paraguay adoptó diversas medidas para encubrir el incidente".
Las menores eran hijas de dos combatientes del Ejercito del Pueblo Paraguayo, cuya suerte se ignora. Las dos madres, no eran militantes y ambas viven: Laura Villalba, madre de Lilian, está presa en Paraguay, condenada a 35 años de carcel; Myriam Villalba, madre de María Carmen, con pedido de captura de Paraguay, se exiló en Argentina.
"Los homicidios de las 2 niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado, violación que se agrava aún más por el hecho que el Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes», afirmó el Comité de la ONU en un comunicado de prensa.
Estas 2 niñas víctimas "fueron asesinadas en Yby Yaú, Departamento de Concepción, a principios de septiembre de 2020". Se enterraron sus cuerpos "apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente» que eran personas adultas, corrigiendo luego «que tenían 15 y 18 años".
La justicia paraguaya "exigió la exhumación de los cadáveres 3 días después, y la autopsia confirmó que las niñas eran efectivamente mucho más jóvenes, solo tenían 11 años". Los cadáveres, vestidos con ropas militares, tenían "heridas de bala en la parte delantera y trasera", no pudiendo establecerse "la distancia a la que se habían disparadas las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.… La excusa aducida para la destrucción de la ropa fue que, en el contexto de la pandemia del COVID 19, se trataba de desechos contaminados".
A efectos de esclarecimiento, el Comité "nombró a 2 investigadores entre sus miembros", quienes entrevistaron a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios del Estado paraguayo, como el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios.
Las pruebas demuestran que Paraguay no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas", sostuvo el Comité.
Resumió ademas que Paraguay es "responsable de la privación arbitraria de la vida de las jovenes víctimas y de no haber llevado a cabo una investigación adecuada, lo que deja lagunas criticas en la comprensión de la causa, la forma y las circunstancias de la muerte de las niñas". Por tanto lo instó a "adoptar las medidas adecuadas para concluir la investigación, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos" y reforzar «la infraestructura de su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden».
Esas nuevas medidas que la ONU le recomienda a Paraguay, deberían "establecer la verdad, reconocer los hechos y aceptar la responsabilidad por las deficiencias de los procedimientos de investigación… con miras a una conclusión satisfactoria de la investigación, especialmente en lo que respecta a la recogida y análisis de pruebas forenses y para determinar la conveniencia de analizar material genético de los cadáveres de las niñas a fin de establecer su filiación biológica".
Entre otros señalamientos para "reforzar su infraestructura de investigación", y llevar a cabo "actividades de creación de capacidad y proporcionar recursos financieros y materiales para reforzar la logística … con respecto a las investigaciones de privaciones arbitrarias de la vida», la ONU alentó a Paraguay a establecer «órganos independientes a nivel local … para investigar conductas indebidas y delitos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley".
Alentó paralelamente a que Paraguay organice "programas de capacitación y proyectos de apoyo destinados a capacitar y educar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en cuestiones de derecho internacional humanitario y de los derechos humanos", … tomando en cuenta "el genero y los derechos del niño … asegurando que la policía, los agentes del orden, las Fuerzas Armadas, que actúan en nombre del Estado, o con su consentimiento, lo hagan con moderación de conformidad con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".
Sin embargo, Paraguay "rebatió las conclusiones sobre acciones arbitrarias del Estado, citando pruebas de legitima defensa proporcional por parte de las fuerzas de seguridad e investigaciones en curso. Reafirmó su dedicación a la lucha contra la delincuencia organizada y garantizar la justicia y la rendición de cuentas".
El Comité de los Derechos del Niño le dio a Paraguay 6 meses para que le "informe sobre las medidas que hayan adoptado y tenga previsto adoptar, y le recomienda difunda las conclusiones y recomendaciones", dispuestas 7 meses atrás, recién ahora publicadas, al parecer debido a las dificultades del dialogo entre Asunción y Ginebra. (1)
(1) Investigación acerca del Paraguay realizada en virtud del articulo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, Ginebra, 26 de marzo de 2024, publicado el 22 de enero de 2025. Comunicado de Prensa de los Órganos de Tratados de Naciones Unidas, 22 de enero de 2025.
