La profunda crisis política que ha sacudido al gobierno de Gabriel Boric en el último tiempo, a propósito del caso Monsalve, se suma a la larga lista de escándalos que han marcado los gobiernos chilenos desde la vuelta a la democracia; y que podrían bautizarse como la maldición de La Moneda.
Si bien cada polémica ha tenido sus propias causas, características y consecuencias; todas confirman la incapacidad del sistema político para administrar situaciones complejas y el incentivo a la ganancia de corto plazo que sigue dominando a la política chilena, aunque eso signifique dinamitar la confianza en la institucionalidad y la democracia.
Al igual que en las otras megacrisis de nuestra historia reciente –el estallido social, en la segunda administración de Sebastián Piñera; el Caso Caval, en el segundo período de Michelle Bachelet; la revolución pingüina, en el primer gobierno de Piñera; y el Transantiago en Bachelet uno– el Caso Monsalve marca el inicio del fin del gobierno, de sus proyectos de reforma, y pone en evidencia una debilidad estructural que sigue sin resolverse: la incapacidad del sistema político chileno de gestionar adecuadamente una crisis. Salvo para la revuelta donde se acordó una salida-acuerdo político que tenía que ver con reformar la Constitución, en el resto hubo un mal diagnóstico y un pésimo abordaje del tema, desde el mundo político, que, sin excepción, terminó agravando los distintos problemas. Todos, paradójicamente, sepultaron la credibilidad de los propios políticos y terminaron alimentando el espiral de desconfianza y polarización, que tiene atrapado a nuestro país por más de una década.
Sin duda, la prisión preventiva decretada por la Justicia contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras ser formalizado por los delitos consumados de abuso sexual y violación, fue un duro golpe para el gobierno feminista, quien en un inicio fue muy cuestionado por no poner en el centro a la víctima. Hecho, al que se suma la declaración ante la Fiscalía del presidente Boric donde reconoce que, antes de reunirse y pedirle la renuncia a Monsalve, sabía de la denuncia y que la policía indagaba la forma en que la exautoridad había accedido a las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel donde se produjeron los hechos. Y también el conocimiento del caso, antes de que se hiciera público, de varias personas cercanas al mandatario, entre ellas, su jefe de Gabinete Carlos Durán y el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi.
La serie de equivocaciones, omisiones, contradicciones y descoordinaciones al interior del gobierno desataron una verdadera tormenta entre las filas oficialistas y reactivaron una nueva arremetida de la oposición, ad portas de las elecciones de segunda vuelta de gobernadores, cuyos resultados –que conoceremos este domingo– tendrán efectos en las elecciones presidenciales del próximo año. Esta seguidilla de errores, que fue calificada de “amateurismo brutal” por figuras del Partido Socialista, ponen en duda la capacidad real del Ejecutivo para gestionar crisis complejas y para administrar el poco más de un año que le queda de gobierno; repitiéndose la trágica historia que ha enfrentado cada presidente desde la vuelta de la democracia en Chile.
El libreto es conocido y repetido. Primero el caos se apodera del gobierno, el escenario político se polariza completamente, se desata la guerra sin cuartel entre el oficialismo y la oposición, y la atención de los temas de fondo, como las reformas estructurales y las soluciones a problemas sociales que aquejan a los chilenos, se desvía y pasa a segundo plano. El mundo político se enfrasca en una disputa por la supervivencia de la coalición gobernante y pasada de cuentas de la oposición del momento. Una batalla en la que todos pierden y nadie gana.
Más allá de la búsqueda de Justicia, que se debe perseguir a través de las instancias judiciales correspondientes, el mundo político debe concentrarse en resolver los problemas urgentes de los chilenos. La cuestión central aquí es la debilidad estructural del sistema político chileno. La fragmentación, la polarización y la baja profesionalización de las comunicaciones políticas en los partidos han generado un sistema incapaz de resolver crisis y una dinámica perversa en la que se priorizan los intereses partidistas y de poder por sobre el bien común. En lugar de actuar con prontitud, transparencia y un enfoque centrado en las personas, lo que se ve en estos episodios son luchas internas, pactos de silencio y defensas a ultranza que terminan alejando a la política de las personas.
Los gobiernos y partidos políticos, en su afán por mantener el poder, se han desconectado de la realidad de los chilenos, y han demostrado que la lógica de defensa de intereses políticos no tiene espacio para los valores democráticos ni para una gestión seria de las crisis. Es urgente que las distintas fuerzas políticas avancen hacia una cultura de mayor responsabilidad y profesionalismo en la gestión de los asuntos públicos. No es posible que el país siga atrapado en este círculo destructivo de peleas pequeñas y cortoplacistas, que solo contribuyen a de-sestabilizar aún más las instituciones y el bienestar de todos los chilenos.
El llamado es a dejar que las instituciones funcionen, a ser prudentes, y a dejar de aferrarse a luchas internas que perpetúan la desconfianza y la polarización.
La crisis por la que atraviesa el gobierno puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el futuro del sistema político chileno. Los partidos deben ser capaces de superar la desconfianza y trinchera ideológica y retomar la búsqueda de las soluciones a los problemas estructurales de fondo, con una mirada integral y de largo plazo. Chile necesita una institucionalidad política capaz de gestionar sus problemas de manera oportuna, transparente y que ponga en el centro a las personas, antes que a los intereses políticos y partidistas. Necesita recuperar las confianzas y dejar de creer en el populismo. Aún estamos a tiempo y evitar que la maldición de La Moneda sea nuevamente una profecía autocumplida.
* Analista chileno. Socio Director Consulting.
