Este viernes, un juez boliviano dictó una orden de aprehensión contra Evo Morales, tras su segunda ausencia en una audiencia clave destinada a resolver una solicitud de prisión preventiva en su contra, en el marco de un caso de presunta trata de una menor durante su gobierno (2006-2019).
"Se dispone (que) se libre mandamiento de aprehensión en contra del imputado (Evo Morales)", dijo este viernes Nelson Rocabado, juez de Tarija (sur), al dar a conocer su resolución en una audiencia pública y transmitida por el canal estatal de televisión.
La fiscalía, que presentó cargos formales contra Evo Morales por el delito de trata de personas, había emitido en octubre de 2024 una orden de detención durante la etapa de investigación, con el objetivo de que compareciera ante el Ministerio Público para rendir declaración. La reciente orden de aprehensión busca garantizar su presentación ante el juez encargado del caso.
¿Qué dijo el juez del caso?
Durante la audiencia, el juez declaró "rebelde" al líder cocalero. "Está declarado rebelde. ¿Qué significa esto? Que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca", dijo a la prensa Sandra Gutiérrez, fiscal a cargo del caso.
El juez también dispuso el congelamiento de los bienes de Evo Morales y le prohibió salir del territorio boliviano. La audiencia estaba programada para el pasado martes, pero el expresidente no acudió.
Su equipo legal argumentó problemas de salud, respaldados por certificados médicos que señalaban bronconeumonía y bradicardia. No obstante, este viernes el juez desestimó dichos informes, considerando que, según Gutiérrez, los documentos médicos presentados no constituyen impedimentos legales válidos que justifiquen su ausencia.
¿De qué se acusa a Evo Morales?
Según el Ministerio Público, Morales inició una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente. Los padres de ella consintieron la unión en un intercambio de favores. Fruto de la relación nació una hija un año después.
De acuerdo con el expediente, los padres de la menor la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor".
Morales, de 65 años, rechaza los cargos y argumenta que una investigación por los mismos hechos fue desestimada en 2020.
En esa ocasión fue investigado por estupro, un delito que implica acceso carnal con una menor de 14 a 18 años. Esta vez la fiscalía se concentra en un caso de presunta trata.
De ser condenado, Morales enfrenta a una pena -según la fiscalía- de 10 a 15 años de prisión.
El expresidente se encuentra desde septiembre en el Trópico de Cochabamba, su feudo político en el centro del país, bajo la protección de sus partidarios, que aseguran haber montado varios "anillos de seguridad" para impedir su detención.
"La seguridad del hermano Evo, en este momento" está a cargo de más "de 2.000 personas, todos los días y las 24 horas", dijo el miércoles a la AFPVicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y uno de los hombres más cercanos al ex jefe de Estado. Desde que salió a la luz el proceso, Morales sostiene que es víctima de una "brutal guerra jurídica" orquestada por el gobierno de Luis Arce, su exministro y exaliado.
KF
